SANTO DOMINGO.– La Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET) exhortó al Gobierno a tomar en cuenta impactos que los recientes ajustes económicos podrían tener sobre los operadores del sector que representan y, especialmente, sobre los millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público de pasajeros, carga y turismo, para trasladarse a sus trabajos, centros de estudios y realizar diversas actividades.
Durante rueda de prensa este viernes 20 de noviembre de 2026 en el Restaurant Vizcaya, el presidente de la UNET, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), señaló que las últimas medidas de carácter impositivo adoptadas por las autoridades gubernamentales generan preocupación en la ciudadanía.
Entre esas medidas, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno) cita el aumento de los precios del marbete dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de RD$1,500 a RD$2,000 y de RD$3,000 a RD$4,000, además de la implementación de la inspección técnica vehicular, conocida como “la revista”, prevista para el primer semestre de 2027.
“A estos compromisos se suman los incrementos en el cobro de los peajes, la forma como se han disparado los precios de los combustibles en los últimos meses, los inalcanzables precios de neumáticos, lubricantes y repuestos e implementos”, dijo Pérez Sánchez.
El presidente de la UNET consideró que si el Gobierno del presidente Luis Abinader no se decide por alternativas compensatorias, los citados efectos influyen inevitablemente en los costos de operación del transporte y, eventualmente, repercutir en el precio que pagan los usuarios por cada viaje.
Pérez Sánchez consideró necesario que estas disposiciones estén acompañadas de medidas que beneficien al sector y protejan a los ciudadanos, comenzando por la revisión de los vehículos del transporte público y la adecuación de las unidades que prestan el servicio.
Asimismo, el presidente de la UNET pidió al Gobierno completar el proyecto de los corredores de transporte masivo de pasajeros, ya que, aunque hay tres de estos en funcionamiento, se proyectó la puesta en ejecución de siete u ocho corredores, más otros diseñados posteriormente, sumado a eso las rutas alimentadoras.
“Todo esto hay que sumarlo a la importancia de que ante cualquier medida que implique nuevos costos para el sector, hay que tomar en consideración la capacidad económica de los usuarios, para evitar que sean estos quienes terminen soportando el peso de los ajustes”, remachó Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno)..
Recordó que en la reforma del año 2012 el Gobierno estableció un impuesto de dos pesos con cincuenta centavos por cada galón de combustibles, con el propósito de contribuir a la “deschatarrización” del país. De ese total, dos pesos serían destinados a RD Vial y los restantes cincuenta centavos para el retiro de vehículos chatarras.
Sin embargo, explicó que para ejecutar este proceso existe un fondo acumulado desde la reforma realizada en 2012, por lo que considera que no es necesario recurrir a otros recursos del Estado para financiar esa iniciativa.
Asimismo, aclaró que el proyecto de los corredores corresponde a una iniciativa privada en la que el Estado actúa como garante, mientras que los compromisos financieros deben ser saldados ante el Banco de Reservas.
En ese sentido, destacó la importancia de transparentar el origen, destino y manejo de estos recursos, así como de garantizar que los fondos recaudados cumplan con los propósitos para los que fueron establecidos, en beneficio de la modernización del transporte y de la ciudadanía.




