El contrato firmado por Venezuela con la estadounidense Miyamoto International para retirar tres millones de toneladas de escombros tras los terremotos del 24 de junio representa bastante más que una operación de limpieza. En un país golpeado por una catástrofe que dejó 6.509 muertos y miles de viviendas dañadas, la reconstrucción comienza a convertirse también en escenario de una transformación política: Caracas necesita conocimiento, capital y cooperación internacional, mientras Estados Unidos reaparece como socio en un momento en el que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez intenta reconstruir simultáneamente ciudades, infraestructuras y relaciones exteriores.
La magnitud del desastre explica la urgencia. El último balance oficial señala 14.239 viviendas con daños moderados y otras 11.001 gravemente afectadas, además de miles de víctimas. La Guaira quedó como uno de los principales símbolos de la destrucción provocada por los dos terremotos. Retirar millones de toneladas de materiales derrumbados constituye apenas la primera fase de un proceso mucho más largo: detrás de cada edificio inutilizado aparecen familias desplazadas, servicios públicos afectados y comunidades cuya recuperación dependerá de que la reconstrucción no se limite simplemente a levantar nuevamente aquello que cayó.
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La elección de Miyamoto International resulta significativa precisamente por esa segunda dimensión. La compañía estadounidense está especializada en ingeniería estructural y gestión del riesgo de desastres, y su fundador, Kit Miyamoto, permaneció en Venezuela desde los terremotos realizando evaluaciones y compartiendo recursos técnicos. El convenio incorpora intercambio de conocimientos, nuevos estándares de construcción y protocolos de prevención. Venezuela no necesita solamente retirar escombros: necesita reducir la vulnerabilidad de las edificaciones que ocuparán su lugar ante futuros movimientos sísmicos.
La participación del encargado de negocios estadounidense John Barrett junto a Delcy Rodríguez concede además una lectura diplomática al acuerdo. Durante años, las relaciones entre Caracas y Washington estuvieron dominadas por sanciones, acusaciones, aislamiento y confrontación. Que una empresa estadounidense participe ahora en uno de los mayores desafíos de reconstrucción del país refleja un cambio pragmático: las diferencias políticas no desaparecen automáticamente, pero empiezan a convivir con intereses concretos capaces de generar espacios de cooperación.
Según Infobae, el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, presentó la colaboración como parte de la “reconstrucción total” de La Guaira. Esa expresión plantea el verdadero desafío. Reconstruir después de una catástrofe de esta magnitud exige decidir cómo serán las ciudades futuras, qué estándares deberán cumplir las nuevas viviendas y cuánto protagonismo tendrá la prevención. En América Latina, donde terremotos, inundaciones y otros fenómenos extremos exponen con frecuencia deficiencias urbanísticas previas, reconstruir exactamente igual puede significar reconstruir también las mismas vulnerabilidades.
De la emergencia a una inesperada diplomacia de reconstrucción
La catástrofe también está movilizando actores fuera del Estado. La organización TECHO lanzó una campaña destinada a construir 700 viviendas de emergencia para familias afectadas en Venezuela y Colombia y ya había levantado 25 unidades en La Guaira. La participación de organizaciones sociales resulta especialmente relevante porque la recuperación posterior a un terremoto no puede medirse únicamente en toneladas retiradas o edificios reconstruidos. El verdadero indicador será cuánto tiempo tardan las familias en recuperar vivienda, servicios, trabajo y una cierta normalidad cotidiana.
El acuerdo con Miyamoto coincide, además, con otro movimiento económico de enorme importancia. El Gobierno venezolano ha firmado con la colombiana GeoPark un contrato para explotar durante 25 años el campo Bare, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco. Actualmente produce alrededor de 11.000 barriles diarios, pero la empresa calcula un potencial de entre 85.000 y 95.000. La coincidencia de ambos acuerdos muestra que la estrategia de Caracas va mucho más allá de gestionar la emergencia: Rodríguez intenta utilizar la apertura internacional para acelerar la recuperación económica y energética del país.
Ese giro adquiere todavía mayor dimensión después de la captura de Nicolás Maduro en enero y de la llegada de Rodríguez a la conducción del Ejecutivo. Venezuela atraviesa una etapa en la que reconstrucción institucional, recuperación económica y redefinición diplomática avanzan simultáneamente. La presencia de empresas estadounidenses y colombianas permite observar un Gobierno dispuesto a recurrir al sector privado extranjero para recuperar capacidades que el Estado venezolano difícilmente puede reconstruir con la misma velocidad por sí solo.
La oportunidad, sin embargo, viene acompañada de una exigencia fundamental: transparencia. Contratos de reconstrucción, concesiones energéticas e inversiones internacionales movilizan enormes cantidades de recursos y condicionan decisiones durante décadas. La eficacia técnica será imprescindible, pero también lo serán la supervisión pública, los criterios de adjudicación y la capacidad de garantizar que la recuperación alcance a las comunidades afectadas. Una tragedia puede abrir oportunidades para modernizar infraestructuras; también puede multiplicar desigualdades si los recursos no llegan allí donde fueron prometidos.
Venezuela tiene ahora ante sí dos reconstrucciones diferentes y profundamente conectadas. Una es visible: retirar millones de toneladas de hormigón, levantar viviendas y devolver La Guaira a quienes perdieron prácticamente todo. La otra es política y económica: reconstruir vínculos internacionales después de años de enfrentamiento y encontrar un nuevo equilibrio entre Estado, empresas extranjeras y cooperación internacional. Los terremotos obligaron al país a mirar sus vulnerabilidades físicas; los acuerdos que comienzan a surgir mostrarán si esa tragedia también puede convertirse en el punto de partida para construir instituciones e infraestructuras más resistentes que las que quedaron bajo los escombros. @Mundiario
