“Una muy mala idea”: Suecia carga duramente contra Sánchez por la regularización masiva de migrantes

La crisis migratoria de Ceuta ha dejado de ser exclusivamente un problema de la frontera española con Marruecos. En cuestión de días, el conflicto ha escalado hasta convertirse en una discusión europea sobre el funcionamiento del espacio Schengen, la responsabilidad de los Estados en la protección de las fronteras exteriores y el alcance que pueden tener las decisiones nacionales sobre inmigración.

El último capítulo lo ha protagonizado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que ha calificado de “muy mala idea” la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista concedida al Financial Times, el dirigente conservador ha advertido de que la medida puede terminar afectando a otros socios europeos, especialmente a los países del norte. 

No se trata de una objeción menor ni de una discrepancia diplomática aislada. Llega después de que Italia haya reintroducido controles sobre viajeros procedentes de España a raíz de la crisis de Ceuta y en un momento en el que varios gobiernos europeos reclaman una respuesta más coordinada a la inmigración.

La advertencia contra la regularización extraordinaria de inmigrantes en España parte de una premisa clara: el espacio Schengen exige blindar de forma unida las fronteras exteriores y armonizar las políticas migratorias para no romper la solidaridad del bloque. En la entrevista, el mandatario conservador tildó de «idea nefasta» la amnistía migratoria promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que permite acogerse a más de un millón de personas indocumentadas.

Kristersson sostiene que la catastrófica crisis migratoria de 2015 debe servir como línea roja inquebrantable. En aquel año, Suecia fue el país de la Unión Europea que recibió el mayor número de solicitudes de asilo en comparación con su población, un colapso sistémico que fracturó su cohesión social, impulsó un auge sin precedentes del crimen organizado, la ultraderecha y forzó un giro restrictivo radical en sus leyes fronterizas, alcanzando el año pasado su cifra histórica de solicitudes de asilo más baja en cuatro décadas.

“Tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no actuar de una manera que se acerque siquiera a lo que sucedió en el 2015”, ha advertido Kristersson, que asegura haber trasladado personalmente a Sánchez su oposición a la medida. Su preocupación no consiste en afirmar que un extranjero regularizado en España obtenga automáticamente derecho a residir o trabajar en Suecia. Que no lo obtiene. La autorización española permite residir y trabajar en España bajo las condiciones establecidas por el programa. La cuestión es otra: una vez regularizada una persona, su situación dentro de España cambia sustancialmente y, como residente legal, puede desplazarse temporalmente por el espacio Schengen bajo las reglas aplicables.

Ahí aparece la preocupación sueca. Kristersson considera que una decisión española de semejante magnitud puede alterar los incentivos migratorios en un espacio donde las fronteras interiores prácticamente han desaparecido.

La regularización ha recibido alrededor de 1,2 millones de solicitudes, una cifra muy superior a las previsiones iniciales del Ejecutivo español. El volumen, por sí mismo, explica que otros gobiernos europeos hayan empezado a observar la operación desde una perspectiva que trasciende las fronteras españolas.

¿Puede España decidir unilateralmente?

España tiene competencias para establecer sus propias normas de residencia y regularización dentro del marco jurídico europeo. La existencia de una regularización extraordinaria no significa, por sí misma, que Bruselas tenga que autorizar individualmente cada expediente.

Pero eso no elimina el problema político planteado por Estocolmo. La cuestión que plantea Kristersson es si una decisión nacional de semejante dimensión debería haberse acompañado de una coordinación política mucho más intensa con los socios europeos. No es exactamente lo mismo tener capacidad jurídica para actuar que actuar sin generar consecuencias para el resto del sistema.

El Gobierno de Sánchez defiende la inmigración como un factor necesario para la economía española, especialmente ante el envejecimiento demográfico, la falta de trabajadores en determinados sectores y la presión sobre el sistema de pensiones. Esa es una argumentación económica legítima y constituye una de las bases de la política migratoria del Ejecutivo.

Kristersson contempla el problema desde otro ángulo: el de un país que ha endurecido notablemente su política migratoria después de haber experimentado los costes políticos y sociales de la crisis de 2015. Son, por tanto, dos experiencias nacionales diferentes enfrentadas dentro de un mismo espacio europeo.

Pero la crisis en Ceuta ha cambiado el panorama. A finales de julio, decenas de miles de personas llegaron a la ciudad autónoma desde Marruecos. La magnitud de aquella entrada provocó una reacción inmediata en varias capitales europeas y llevó a Italia a recuperar temporalmente controles sobre viajeros procedentes de España. Bruselas, por su parte, recibió presiones para reforzar la respuesta común ante la situación.

El episodio ha puesto en cuestión algo mucho más profundo que la capacidad española para controlar una frontera concreta: la confianza entre los miembros de Schengen. Si un Estado considera que otro no controla suficientemente una frontera exterior, puede empezar a interpretar que el coste de esa insuficiencia termina recayendo sobre él. Y cuando esa percepción se instala, reaparecen los controles interiores que Schengen precisamente pretendía hacer innecesarios.

La reacción italiana resulta significativa. Roma llegó a plantear incluso medidas mucho más severas contra la posición de España dentro del sistema de libre circulación, aunque las consecuencias prácticas y jurídicas de una suspensión plena de Schengen son otra cuestión.

El problema, por tanto, no es solamente cuántas personas entran en España. Es qué ocurre después con la confianza entre los Estados que comparten un territorio sin fronteras interiores.

El problema que Sánchez tiene ahora en Bruselas

Aquella crisis demostró hasta qué punto una presión migratoria extraordinaria puede poner a prueba la arquitectura europea. También mostró que la supresión de las fronteras interiores depende de que exista confianza suficiente entre los Estados para proteger las fronteras exteriores y compartir responsabilidades.

Kristersson gobierna hoy con una política migratoria mucho más restrictiva que la aplicada durante aquella etapa. Suecia ha reducido considerablemente la llegada de solicitantes de asilo y ha endurecido las condiciones de residencia y deportación. Esa transformación forma parte además de su estrategia política ante las próximas elecciones.

El mandatario intenta demostrar ante su electorado que la política migratoria restrictiva que defiende no será relajada. Su posición llega, además, en plena campaña electoral y con su bloque político por detrás de los socialdemócratas en las encuestas. No sería correcto reducir sus declaraciones exclusivamente a una maniobra electoral, pero tampoco ignorar ese contexto.

Madrid sostiene que la regularización es una política nacional vinculada a las necesidades económicas y demográficas españolas. Pero simultáneamente España forma parte de un sistema europeo en el que la libertad de circulación convierte determinadas decisiones nacionales en asuntos potencialmente comunitarios.

La discusión no significa que la regularización española conceda a sus beneficiarios un pasaporte automático para establecerse en cualquier país de la Unión. Significa que los socios europeos están examinando sus posibles efectos indirectos. Y después de Ceuta, el margen político para ignorar esas preocupaciones se ha reducido. @mundiario