Colombia vuelve a mirar al pasado: ¿regresa el terrorismo de las bombas?

Colombia vuelve a escuchar un sonido que durante años parecía condenado a los archivos de la historia: el de un coche bomba explotando junto a una instalación policial. El atentado ocurrido en Los Patios, en Norte de Santander, que dejó un civil muerto y once heridos, no significa que el país esté regresando automáticamente a la Colombia de Pablo Escobar, pero sí confirma algo mucho más preocupante: los grupos armados vuelven a demostrar capacidad para golpear objetivos urbanos y sembrar miedo entre la población. La pregunta ya no es solamente quién colocó la bomba, sino qué está cambiando en el mapa de la violencia colombiana y hasta dónde puede llegar una escalada que combina guerrilla, narcotráfico, disidencias y una respuesta militar cada vez más contundente.

El episodio de Los Patios adquiere todavía más relevancia porque no aparece aislado. El 31 de julio, otro vehículo cargado con explosivos había provocado heridas a ocho policías y tres civiles cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. Poco más de un mes después, otro coche bomba vuelve a golpear la misma zona geográfica. Según DW, las autoridades investigan la responsabilidad del ataque y en Norte de Santander operan estructuras como el ELN y el frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC. La repetición del método importa porque revela que la capacidad de atacar instalaciones de seguridad no ha desaparecido y que la frontera con Venezuela continúa siendo uno de los territorios más sensibles dentro de la compleja arquitectura armada colombiana.

Sin embargo, hablar de un regreso de Pablo Escobar sería simplificar demasiado una realidad mucho más fragmentada. El narcoterrorismo de las décadas de 1980 y 1990 tenía como uno de sus grandes protagonistas al cartel de Medellín y utilizaba atentados indiscriminados como instrumento de presión contra el Estado. Aquella violencia llegó a niveles extraordinarios: asesinatos de candidatos presidenciales, ataques contra instituciones, secuestros y coches bomba que convirtieron a las grandes ciudades en escenarios de miedo. La Colombia actual es diferente. Las organizaciones armadas están mucho más atomizadas, los intereses económicos son distintos y el conflicto territorial pesa tanto como la confrontación ideológica. El peligro existe, pero tiene otra estructura.

Lo que sí recuerda al pasado es la lógica de utilizar el terrorismo como mensaje. Una bomba contra una estación policial no solo busca causar víctimas o daños materiales. También pretende demostrar que el Estado puede ser vulnerable incluso dentro de espacios urbanos. Esa dimensión psicológica es fundamental. Cuando una organización consigue que una población modifique sus rutinas por miedo a una explosión, un atentado o un ataque armado, ha conseguido un efecto político que va mucho más allá del número de víctimas. Colombia conoce perfectamente esa dinámica. Lo novedoso es que ahora esa estrategia aparece dentro de un escenario donde las antiguas FARC ya no existen como organización guerrillera unificada y donde el ELN convive con múltiples estructuras criminales.

El contexto militar hace que el momento sea todavía más delicado. El atentado de Los Patios se produjo el mismo día en que el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de al menos 20 integrantes de una disidencia de las FARC durante una operación militar en Guaviare. Según DW, la ofensiva golpeó a una estructura del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC, y entre los fallecidos estaba el jefe del Frente Carolina Ramírez, alias El Tigre. La coincidencia temporal no demuestra por sí misma una relación directa entre ambos acontecimientos, pero sí dibuja un escenario de confrontación creciente: mientras el Estado incrementa la presión militar, las organizaciones armadas muestran que todavía conservan capacidad para responder.

La guerrilla ya no es la de antes, pero el método vuelve a aparecer

El Catatumbo representa buena parte de esta nueva realidad. La región no es simplemente un territorio de paso para organizaciones armadas: es una zona estratégica por su ubicación fronteriza, las economías ilegales y la presencia histórica de distintos actores violentos. Allí convergen intereses vinculados al narcotráfico, control territorial, extorsión y rutas ilegales. Por eso resulta insuficiente explicar cada atentado exclusivamente como una acción ideológica de la guerrilla. En la Colombia contemporánea, la frontera entre insurgencia y crimen organizado puede resultar mucho más difusa que durante las décadas en las que las FARC y el ELN tenían estructuras y objetivos más claramente identificables.

El ELN, además, no es una organización nueva que haya aparecido como consecuencia del actual deterioro de la seguridad. Existe desde 1964 y ha sobrevivido a gobiernos, ofensivas militares y diferentes procesos de negociación. Las disidencias de las FARC tampoco son simplemente las FARC regresando al campo de batalla: son estructuras surgidas después de la desmovilización de buena parte de aquella guerrilla tras el acuerdo de paz de 2016. Algunas conservan discursos políticos, pero muchas también están profundamente relacionadas con economías ilegales. La diferencia es importante porque significa que el Estado colombiano ya no enfrenta a un único enemigo nacional, sino a un mosaico de organizaciones con intereses territoriales y capacidades diferentes.

La gran incógnita es si esta sucesión de ataques puede convertirse en una espiral nacional. Por ahora, sería prematuro afirmar que Colombia está entrando en una nueva etapa comparable con la guerra contra los grandes carteles de la droga. Pero tampoco sería prudente minimizar las señales. Cuando aparecen coches bomba, ataques con drones, hostigamientos contra instituciones y operaciones militares de gran intensidad en diferentes departamentos, el problema deja de ser exclusivamente local. El riesgo está en que las organizaciones descubran que la violencia espectacular les permite obtener simultáneamente financiación, control territorial, publicidad y capacidad de intimidación. Esa combinación puede prolongar un conflicto que Colombia lleva décadas intentando cerrar.

También existe una diferencia decisiva respecto a la Colombia de Escobar: el Estado no se encuentra ante un cartel único capaz de desafiarlo prácticamente en todos los frentes. Hoy la amenaza está fragmentada y, precisamente por eso, puede resultar más difícil de erradicar. El Gobierno puede eliminar a un comandante, bombardear un campamento o capturar una estructura, pero la economía ilegal que alimenta a esos grupos puede sobrevivir y generar nuevos liderazgos. El atentado de Los Patios, ocurrido mientras las Fuerzas Armadas anunciaban una importante operación contra una disidencia, resume esa paradoja: golpear militarmente a una organización puede debilitarla, pero también puede provocar respuestas violentas o acelerar su fragmentación.

Colombia no está viviendo una segunda época de Pablo Escobar, al menos no en el sentido histórico del término. Pero sí está enfrentando una pregunta que parecía pertenecer a otra generación: ¿qué ocurre cuando un país que consiguió reducir algunas de las formas más brutales de su pasado descubre que la violencia armada simplemente ha cambiado de rostro? El coche bomba de Los Patios no devuelve automáticamente a Colombia a los años ochenta, pero obliga a mirar nuevamente hacia ellos. La verdadera amenaza no es que regresen exactamente los mismos protagonistas, sino que vuelvan algunos de los métodos, el miedo y la sensación de que ningún territorio está completamente fuera del alcance de los grupos armados. Si el Estado no consigue cortar las economías que sostienen esa violencia, Colombia podría descubrir que la paz no desapareció de golpe: simplemente comenzó a erosionarse explosión tras explosión. @Mundiario