La mutación del régimen nicaragüense ha dejado de ser un proceso a la luz del ojo observador para convertirse en un anuncio presidencial. Daniel Ortega, en el poder por segunda vez desde 2007 y convertido junto a su mujer Rosario Murillo en copresidente tras la reforma constitucional impulsada por el sandinismo, ha ordenado blindar legalmente su permanencia y suprimir cualquier posibilidad real de alternancia política.
El Parlamento, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), votará a comienzos de agosto una reforma destinada a impedir que los partidos opositores vuelvan a competir en las elecciones. La decisión ha desatado una crisis diplomática inmediata con Panamá, que ha llamado a consultas a su embajador en Managua y ha denunciado que la supresión del derecho al voto constituye un “fuerte agravio” a los principios democráticos y a los derechos fundamentales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó que los diputados y el Consejo Supremo Electoral (CSE) trabajan ya en las reformas para cerrar “cualquier resquicio” que permita, según sus palabras, la “manipulación de los imperios y de sus lacayos”, en referencia a la oposición.
“Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”, afirmó Porras en medios afines al régimen. El dirigente sandinista precisó que la reforma será votada “en la primera semana de agosto” y que se transformará en nuevas leyes electorales.
Ortega había adelantado el domingo pasado el alcance político de la medida. “Hay que hacer que las leyes les pongan un muro, un bloque a los golpistas y vendepatrias, para que por mucha plata que les den los yanquis no puedan llegar al poder”, llegó a decir en una alocución en la que anunció su intención de suprimir las elecciones e impedir la alternancia política. El mensaje fue interpretado por la oposición y por varios gobiernos de la región como el anuncio explícito del fin de las elecciones competitivas en Nicaragua.
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Panamá eleva el tono
La primera respuesta diplomática contundente llegó desde Panamá. La Cancillería panameña anunció el llamamiento a consultas de su embajador, Eddy Davis Rodríguez, y advirtió de que el voto es “el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad política”. “Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
El Gobierno panameño del centroderechista José Raúl Mulino reclamó además a Managua que respete los derechos civiles y políticos, preserve la vía electoral y garantice condiciones para que “todas las voces puedan participar libremente en la vida pública del país”. El gesto diplomático rompe el tono prudente que Panamá había mantenido en los últimos años respecto al régimen sandinista y abre una nueva etapa de tensión bilateral.
Horas después, Guatemala publicó otro comunicado de fuerte contenido político. La Cancillería guatemalteca sostuvo que la eliminación de los procesos electorales “suprime toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita el Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político”.
El Gobierno guatemalteco del centroizquierdista reformista Bernardo Arévalo recordó que Nicaragua está obligada por la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen el derecho a elegir y ser elegido en elecciones “periódicas, auténticas, libres y justas”.
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Washington amenaza con responder
EE UU también endureció su posición. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la abolición de las elecciones “demuestra la cobardía y el miedo de Ortega a la voluntad del pueblo nicaragüense” y advirtió de que Washington y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados”.
La Administración de Donald Trump interpreta el movimiento de Managua como un paso hacia un modelo de partido único como el que impera en Cuba y estudia nuevas medidas de presión política y económica. Rubio vinculó además la deriva nicaragüense con la estabilidad regional y con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Ortega llegó al poder por las armas en 1979 al frente de la revolución sandinista, salió tras un acuerdo a raíz de la victoria de Violeta Chamorro en las elecciones generales de 1990 y regresó a la presidencia en 2007 mediante las urnas. Desde entonces ha ido desmontando progresivamente los contrapesos institucionales: control del Poder Judicial, del Consejo Supremo Electoral, de la Asamblea Nacional y de buena parte de los medios de comunicación, además de una cruenta persecución contra las universidades, las ONG y la Iglesia Católica.
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De la revolución a la permanencia indefinida
Tras las brutalmente reprimidas protestas masivas de 2018, el régimen intensificó la persecución de opositores, encarceló a dirigentes políticos, expulsó a organizaciones civiles y cerró medios críticos. Las elecciones de 2021, celebradas con los principales aspirantes presidenciales detenidos o en el exilio, fueron consideradas por numerosos organismos internacionales como carentes de garantías democráticas. En los últimos años, el régimen ha exiliado a cientos de opositores, los ha despojado de su nacionalidad y ha expropiado sus bienes.
La reforma anunciada ahora ya no se trataría solo de controlar el resultado electoral, sino de impedir legalmente que exista una alternativa política organizada.
La Unión Europea y Estados Unidos mantienen desde hace años sanciones individuales contra altos cargos del régimen nicaragüense por violaciones de derechos humanos y por el desmantelamiento de las instituciones democráticas. La decisión de eliminar la competencia electoral amenaza con ampliar ese aislamiento y con deteriorar aún más las relaciones de Managua con varios países latinoamericanos.
En el plano interno, la oposición denuncia que Ortega pretende convertir en ley lo que ya es una realidad de hecho, un sistema en el que el FSLN monopoliza el poder y donde cualquier disidencia puede ser perseguida judicialmente o expulsada del país. @mundiario
