La política húngara ha dado un giro que hace apenas unos meses parecía improbable. Viktor Orbán, durante dieciséis años el dirigente más poderoso del país y uno de los líderes más longevos de la Unión Europea, ha pasado de gobernar con amplias mayorías a situarse en la oposición, desde donde ahora denuncia que Hungría ha entrado en una deriva “autoritaria”. El ex primer ministro ha anunciado una campaña de “resistencia pacífica” contra el Gobierno de Péter Magyar, una decisión que refleja tanto la dureza de la transición política como la profunda reorganización que atraviesa el sistema institucional húngaro.
El líder de Fidesz ha publicado una «Declaración de Resistencia» en redes sociales, tildando de «ilegitimo y autoritario» al nuevo Ejecutivo de centroderecha. La arremetida de Orbán coincide con la aprobación de la 17.ª enmienda constitucional impulsada por el partido gubernamental Tisza, que valiéndose de su supermayoría parlamentaria de dos tercios ha fulminado los mandatos del presidente del país, Tamás Sulyok, y del jefe del Tribunal Constitucional, Péter Polt, descritos por el oficialismo como peones del antiguo régimen.
Esta contraofensiva de Orbán, cuyo despliegue detallará en su tradicional discurso veraniego de Tusványos, llega en el momento más vulnerable para Fidesz. El partido ultraconservador, que vio reducida su presencia en la Asamblea Nacional a apenas 52 escaños frente a los 141 de Tisza, sufre una severa implosión interna combinada con el desplome de su apoyo público al 18%. Al mismo tiempo, la fiscalía húngara ha lanzado la investigación judicial «Operación Fuego Purificador» (Operation Cleansing Fire), ejecutando registros policiales y la incautación de servidores de datos en los centros logísticos de Fidesz bajo sospechas de malversación de activos en el Fondo Nacional de Cultura (NKA) durante el mandato de Orbán.
Entre las medidas que irritan al antiguo Gobierno destacan la modificación constitucional que limita a doce años el mandato de los diputados, una medida con efectos retroactivos que impediría presentarse nuevamente a numerosos dirigentes históricos de Fidesz, incluyendo al exmandatario. La reforma también ha supuesto la sustitución de altas autoridades nombradas durante la etapa anterior, así como responsables institucionales vinculados al antiguo Ejecutivo.
Orbán sostiene que esas decisiones representan un desmantelamiento del Estado de derecho y ha llegado a afirmar que el país vive bajo un sistema de “tiranía”. Desde su punto de vista, el uso de mayorías parlamentarias para renovar instituciones clave supone una concentración de poder incompatible con una democracia liberal. En esa línea, Fidesz ha difundido una denominada “Declaración de Resistencia”, en la que anuncia que utilizará todos los medios pacíficos, tanto dentro como fuera del Parlamento, para oponerse al nuevo Ejecutivo.
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El argumentario del ultraconservador y su plataforma sitúa al nuevo Ejecutivo de Péter Magyar al mismo nivel que las antiguas dictaduras del bloque del Este. La cúpula de Fidesz denuncia que la destitución exprés del presidente del país y del jefe del Tribunal Constitucional mediante decretos legislativos constituye una violación flagrante del artículo 2 de la Ley Fundamental de Hungría, que garantiza la separación de poderes. A través de la «Declaración de Resistencia», leída en la Asamblea Nacional, la plataforma iliberal anunció que boicoteará de forma sistemática las comisiones parlamentarias, retirará a sus diputados de las votaciones ordinarias y movilizará protestas civiles frente a las sedes gubernamentales de Budapest para denunciar ante la comunidad internacional lo que consideran «el nacimiento de un régimen autocrático unilateral».
Sin embargo, el Gobierno de Péter Magyar ofrece una interpretación radicalmente distinta. El nuevo primer ministro sostiene que las reformas responden al mandato recibido en las urnas para desmontar las estructuras de poder construidas durante la etapa de Orbán, reforzar los mecanismos de control institucional y combatir la corrupción. Para Tisza, el partido de Magyar, la sustitución de cargos públicos y la revisión de organismos creados durante los últimos años forman parte de un proceso destinado a «restaurar la independencia institucional».
La política húngara experimenta un giro de guion irónico: Viktor Orbán, quien durante 16 años construyó y defendió la consolidación de una «democracia iliberal» —mediante la modificación de leyes, el control de medios y el nombramiento de aliados en instituciones clave—, recibe exactamente el mismo trato que aplicaba en el pasado. El nuevo Ejecutivo utiliza la supermayoría parlamentaria conseguida en las urnas para desmantelar su legado por la vía rápida.
El Tisza ganó las elecciones con una histórica mayoría de dos tercios en el Parlamento. El gobierno justifica la velocidad y la agresividad de sus reformas constitucionales como el cumplimiento directo de un mandato de los ciudadanos para «limpiar el Estado», combatir la corrupción endémica y destrabar los fondos congelados por la Unión Europea debido a las violaciones al Estado de derecho cometidas en la era Orbán.
En ese contexto se enmarca también la investigación abierta por la Fiscalía sobre presuntas irregularidades relacionadas con el Fondo Nacional de Cultura durante la etapa de Fidesz. Los registros practicados en instalaciones donde se encontraban servidores vinculados al partido de Orbán han incrementado la tensión política. El exprimer ministro denuncia que la actuación responde a motivaciones políticas y sostiene que semejantes operaciones solo pueden producirse en sistemas autoritarios. Las autoridades, por el contrario, mantienen que las diligencias forman parte de una investigación sobre posibles delitos de malversación y otras irregularidades administrativas.
El contraste resulta especialmente llamativo porque durante los años en que Orbán ocupó el poder fue precisamente su Gobierno el que recibió reiteradas críticas por parte de las instituciones europeas debido al deterioro del Estado de derecho, la independencia judicial, el pluralismo de los medios de comunicación y la concentración de poder político.
Ahora el escenario se ha invertido. El antiguo gobernante denuncia que las herramientas utilizadas por el nuevo Ejecutivo reproducen prácticas que él mismo rechazó cuando eran objeto de reproche internacional. Esa inversión del discurso constituye uno de los aspectos más significativos de la nueva etapa política húngara y demuestra hasta qué punto el cambio de poder ha alterado las posiciones de ambos bloques.
La diáspora de figuras clave de Fidesz y el desplome histórico de su intención de voto dinamitan la cohesión interna del partido, debilitando la estrategia de confrontación de Viktor Orbán. El desmoronamiento de la estructura ultraconservadora se ha acelerado tras la dimisión del jefe del bloque parlamentario, Gergely Gulyás, sumada a la salida definitiva de la política del histórico canciller Péter Szijjártó, quien ha optado por migrar al sector privado para asumir un puesto corporativo en la automotriz china BYD.
Esta fuga de cuadros coincide con la publicación del último sondeo de la firma demoscópica Medián, divulgado por el diario HVG.hu, que sitúa el respaldo social al partido gobernante Tisza en un incontestable 60%, mientras que Fidesz se hunde hasta el 18% de apoyo popular. El dato confirma una espiral de implosión inédita para una maquinaria electoral que controló el poder de manera hegemónica durante 16 años sin una fuerza opositora capaz de fragmentarla. @mundiario
