Veintiséis años después de la caída del régimen de Alberto Fujimori, el apellido que durante décadas ha dividido a Perú ha regresado al Palacio de Gobierno. Keiko Fujimori ha jurado este 28 de julio como presidenta de la República, coincidiendo con el 205.º aniversario de la independencia del país, culminando un largo recorrido político tras tres derrotas consecutivas en las urnas y convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la jefatura del Estado.
La ceremonia, celebrada en el Congreso de la República, ha estado rodeada de una fuerte carga simbólica y de un notable respaldo internacional. Ocho presidentes latinoamericanos, además del rey Felipe VI, han acompañado a la nueva mandataria en una investidura que pretende inaugurar un nuevo ciclo político tras una década lastrada por la inestabilidad, la sucesión de gobiernos y el enfrentamiento permanente entre los poderes del Estado.
En su primera intervención como presidenta, Fujimori ha tratado de combinar un mensaje de unidad nacional con una severa crítica a la situación heredada. “He venido a ofrecer método, disciplina, trabajo y una ruta clara”, afirmó ante el Congreso, donde recordó que dispone de “1.826 días” para desarrollar su programa y subrayó que no gobernará “ni un día más” de los cinco años establecidos constitucionalmente.
La presidenta describió un país con un “Estado debilitado por la corrupción”, sin planificación estratégica y profundamente afectado por la inseguridad, la crisis institucional y el deterioro de los servicios públicos. Según sostuvo, su Ejecutivo buscará gobernar “para todos los peruanos, sin excepción”, prestando especial atención a quienes han permanecido alejados del crecimiento económico.
El discurso concluyó con un llamamiento explícito a la reconciliación nacional. “No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú”, proclamó, defendiendo la necesidad de cerrar las fracturas políticas y sociales que han marcado la vida pública del país durante los últimos años.
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Mano dura contra el crimen organizado
La seguridad ciudadana se perfila como el eje prioritario del nuevo Gobierno. Fujimori anunció que recurrirá a todas las herramientas que permite la Constitución para combatir la creciente expansión del crimen organizado, especialmente las redes de extorsión que golpean numerosas ciudades peruanas. Su medida más contundente consiste en ampliar temporalmente el protagonismo de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia.
Según explicó, los militares asumirán el control interno en coordinación con la Policía Nacional hasta restablecer la autoridad del Estado en las zonas más castigadas por la delincuencia. La presidenta justificó esta decisión recordando que millones de ciudadanos viven con miedo a salir de sus casas y que el Estado debe recuperar el control del territorio frente a las organizaciones criminales.
Junto a la seguridad, el Ejecutivo situará como prioridad la preparación frente al fenómeno climático de El Niño. Fujimori anunció un plan nacional de prevención destinado a abandonar la tradicional respuesta reactiva ante las catástrofes naturales y sustituirla por un modelo basado en la anticipación. El programa también incluirá actuaciones para acelerar la reconstrucción de Pumpunya, una de las localidades más afectadas recientemente por un terremoto, además de reforzar las infraestructuras vulnerables ante futuras emergencias.
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El peso del legado de Alberto Fujimori
La investidura ha vuelto a situar en el centro del debate la figura de Alberto Fujimori, fallecido en libertad en 2024 tras haber sido condenado por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Horas antes de jurar el cargo, Keiko quiso recordar públicamente a su padre. “Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante”, escribió en redes sociales.
Ese vínculo sigue siendo uno de los principales factores de polarización del país. Mientras una parte de la población reivindica la estabilidad económica alcanzada durante los años noventa, la que se creía como la heterogénea mayoría antifujimorista que impidió su elección presidecial tres veces mantiene vivo el recuerdo de los abusos cometidos durante aquel régimen. Consciente de esa división, la nueva presidenta insistió en su compromiso con la Constitución, la independencia de poderes, la libertad de prensa y el respeto a los derechos individuales, tratando de disipar los temores de quienes ven en su llegada al poder un retorno al autoritarismo.
La ceremonia reunió en Lima a una destacada representación internacional. Entre los asistentes figuraron el rey Felipe VI, el presidente argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña, el uruguayo Yamandú Orsi, el panameño José Raúl Mulino, el boliviano Rodrigo Paz, el chileno José Antonio Kast, el hondureño Nasry Asfura y el primer ministro arubeño Mike Eman, además de representantes de Estados Unidos, China y Japón. La presencia de estas delegaciones reforzó la dimensión regional de una investidura que convierte durante unos días a Perú en uno de los principales focos políticos del continente.
#Mundo| Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031. Fujimori se convierte en la primera mujer electa como jefa de Estado en la historia del Perú.
Entre los asistentes a la ceremonia hay diez jefes de Estado y de gobierno incluyendo al rey de España,… pic.twitter.com/6P0qnM0TGL
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Protestas y un mandato bajo máxima presión
Mientras en el Congreso se desarrollaba la ceremonia, diversos colectivos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y familiares de víctimas de la violencia estatal protagonizaron movilizaciones bajo el lema “Keiko no me representa”. Entre los manifestantes destacaban asociaciones vinculadas a las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, dos de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
La nueva presidenta inicia así un mandato con enormes desafíos: contener la violencia criminal, recuperar la estabilidad institucional, afrontar los efectos del cambio climático y reconstruir la confianza de una sociedad profundamente dividida tras años de crisis política.
Su apuesta por combinar un discurso de reconciliación con una estrategia de firmeza frente al crimen será, desde el primer día, el principal examen de un Gobierno que promete abrir una nueva etapa para Perú, pero que deberá demostrar si es capaz de superar el peso de uno de los legados políticos más controvertidos de América Latina. @mundiario
