La decisión del Tribunal Supremo de EE UU sobre el voto por correo no supone, en realidad, la aprobación definitiva del plan de Donald Trump. El alto tribunal ha levantado, por 6 votos frente a 3, uno de los bloqueos judiciales que impedían a la Administración avanzar con su orden ejecutiva, pero lo ha hecho por razones principalmente procesales y sin pronunciarse sobre la legalidad última de las medidas.
El resultado es una situación particularmente delicada a menos de tres meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, unas midterms en las que se decidirá el control de la Cámara de Representantes y del Senado. La Administración republicana gana margen para continuar preparando su política electoral, mientras sus adversarios mantienen otros recursos judiciales abiertos.
La Corte otorgó este lunes 24 de agosto una victoria temporal clave a la Administración Trump al pausar los bloqueos judiciales de su polémica orden ejecutiva del 31 de marzo de 2026. El decreto presidencial busca restringir el voto por correo de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) de noviembre. Entre sus medidas principales, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a compilar listas de ciudadanos «elegibles» basándose en registros federales y ordena al Servicio Postal de EE UU (USPS) actuar como filtro, prohibiendo la distribución de papeletas a los votantes de aquellos estados que no hayan cruzado y compartido sus padrones electorales con el Gobierno federal 60 días antes de los comicios.
Adicionalmente, la normativa impone requisitos de rastreo técnico en los sobres mediante códigos de barras específicos provistos por el USPS y contempla represalias financieras, como la retención de fondos federales, para los estados que decidan no ajustarse al esquema de la Casa Blanca.
El conflicto constitucional escaló debido a que el Artículo I de la Carta Magna estadounidense otorga exclusivamente a las legislaturas estatales y al Congreso la facultad de regular los tiempos, lugares y formas de las elecciones federales. Por ello, una coalición de 23 estados (encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington) junto al Distrito de Columbia recurrió ante los tribunales; argumentan que el presidente incurre en un abuso de autoridad inconstitucional que generará un daño irreparable y privará del derecho al voto a millones de ciudadanos en vísperas de las elecciones.
La jueza federal de Massachusetts, Indira Talwani, dio inicialmente la razón a los demandantes y bloqueó la aplicación del decreto, dictando posteriormente una segunda orden con alcance nacional. Ante esto, la Administración Trump recurrió al Tribunal Supremo mediante el denominado emergency docket, un procedimiento de urgencia que permite al alto tribunal intervenir antes de que un litigio haya completado todo su recorrido ordinario.
El Supremo levantó el primer bloqueo porque consideró que la demanda se había presentado «demasiado pronto» y que, en ese momento, los Estados no habían demostrado un perjuicio suficientemente concreto que justificara mantener la suspensión. La mayoría dejó, además, una advertencia significativa: que su decisión no significa que las medidas que adopte posteriormente el Gobierno para ejecutar la orden sean necesariamente legales.
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El segundo bloqueo judicial mantiene la incertidumbre
La Corte no ha despejado por completo el camino legal para la orden presidencial. Aunque el alto tribunal levantó provisionalmente el bloqueo, el plan de Donald Trump sigue paralizado debido a un segundo frente judicial interpuesto por organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). En este litigio paralelo, dictado por una corte del Distrito de Columbia, sigue plenamente vigente una orden de restricción temporal de alcance nacional.
Por lo tanto, la decisión del Supremo no implica que la Casa Blanca pueda imponer de inmediato el control federal sobre el voto por correo en todo el país de cara a las elecciones de noviembre de 2026. La Administración debe superar todavía esta segunda suspensión de los colectivos civiles y enfrentarse a las apelaciones de urgencia ya anunciadas ante los tribunales de circuito, lo que mantiene la reforma electoral en un estado de total incertidumbre jurídica.
En esta batalla judicial, el núcleo de la iniciativa de la Casa Blanca es trasladar una parte del control del proceso electoral hacia el Gobierno federal. La Administración sostiene que necesita mecanismos más estrictos para garantizar que las papeletas lleguen únicamente a personas autorizadas a votar y presenta el proyecto como una medida de integridad electoral.
Trump lleva años cuestionando la seguridad del voto por correo y vinculándolo a posibles irregularidades electorales, especialmente desde las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, sus críticos sostienen que el sistema ya dispone de numerosos mecanismos de identificación, verificación y control y que imponer nuevos requisitos federales puede generar más problemas administrativos que soluciones.
No se trata únicamente de discutir si el voto postal es seguro. El enfrentamiento afecta al reparto constitucional de competencias dentro del sistema electoral estadounidense.
El factor tiempo convierte el litigio en un problema electoral
El calendario es ahora tan importante como el contenido del decreto, ya que las elecciones de noviembre están lo suficientemente próximas como para que los estados tengan que preparar con antelación sus procedimientos electorales. Esto incluye imprimir papeletas, organizar sistemas de recepción y establecer protocolos para los votantes que recurren al voto postal; por ello, modificar las reglas en esta fase puede obligar a las administraciones electorales estatales a adaptarse rápidamente a nuevas exigencias.
Ese es precisamente uno de los argumentos de los Estados que se oponen al decreto: una reforma de semejante alcance, introducida cerca de unos comicios nacionales, puede generar incertidumbre tanto para los funcionarios electorales como para los ciudadanos.
En las elecciones presidenciales de 2024, aproximadamente el 30% de las papeletas fueron emitidas por correo, según los datos federales citados en la información aportada. Además, aunque existen diferencias entre grupos de votantes, el voto postal es utilizado por ciudadanos de ambos partidos.
Su relevancia ha aumentado especialmente desde la pandemia, cuando numerosos estados ampliaron las posibilidades de votar sin acudir físicamente a un colegio electoral, lo que significa que cualquier modificación de las condiciones de acceso puede afectar a un número considerable de electores.
La discusión sobre la seguridad tampoco puede reducirse a afirmaciones generales sobre fraude. Un estudio de la Brookings Institution citado en la documentación sitúa los casos de fraude relacionados con papeletas postales en una proporción extremadamente reducida, alrededor de cuatro casos por cada diez millones de votos por correo.
La Administración, por su parte, sostiene que incluso una incidencia reducida justifica reforzar los mecanismos de control. @mundiario
