La justicia hondureña dictó este martes el sobreseimiento definitivo de Juan Orlando Hernández en una causa por fraude y lavado de activos relacionada con el supuesto desvío de fondos públicos. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes para demostrar que el expresidente hubiera intervenido en las decisiones presupuestarias cuestionadas ni que hubiera utilizado los fondos para financiar su campaña política. La Fiscalía todavía puede recurrir la resolución.
El proceso, conocido como Pandora II, investigaba el supuesto desembolso irregular de más de 288 millones de lempiras, unos 10,8 millones de dólares, entre 2010 y 2013. Según la acusación, los recursos fueron canalizados hacia dos fundaciones y parte de ese dinero habría terminado vinculado a actividades políticas. Hernández presidía entonces el Parlamento hondureño y posteriormente fue presidente del país entre 2014 y 2022.
La resolución llega poco después del regreso de Hernández a Honduras. El exmandatario volvió al país el pasado julio después de que Donald Trump le concediera en diciembre de 2025 un indulto total que puso fin a su condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado allí en 2024.
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¿Qué implica este cierre de caso?
El cierre del proceso hondureño no equivale, sin embargo, a una revisión de aquella condena estadounidense. Son procedimientos diferentes y con hechos investigados distintos. El indulto de Trump dejó sin efecto las consecuencias de la condena en Estados Unidos, mientras que el tribunal hondureño ha determinado ahora que no existen pruebas suficientes para mantener la acusación de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II.
La secuencia tiene además una dimensión política. El indulto de Trump se produjo poco antes de las elecciones hondureñas de 2025 y generó críticas y acusaciones de interferencia política en Honduras, especialmente porque Hernández pertenecía al Partido Nacional, la formación del entonces candidato Nasry Asfura. Ahora, el cierre de la causa vuelve a colocar a la justicia hondureña bajo el escrutinio de organizaciones anticorrupción.
Para Hernández, la decisión supone el cierre de una de las principales causas que todavía tenía abiertas en Honduras y refuerza su argumento de que las acusaciones en su contra respondían a una persecución política. Pero el fallo no permite extraer automáticamente esa conclusión: lo que establece judicialmente es que no se acreditó con pruebas suficientes su responsabilidad penal en este caso concreto. La Fiscalía aún puede recurrir y el debate sobre su legado político y judicial está lejos de terminar. @mundiario
