Irán y la maquinaria de la represión: 87 nombres frente a la justicia

Cuatro años después de que la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, encendiera una de las mayores rebeliones sociales de la historia reciente de Irán, la pregunta ya no es únicamente cuántas personas murieron durante aquellas protestas. La cuestión que plantea ahora Amnistía Internacional es mucho más incómoda: quién diseñó, permitió y sostuvo el aparato que hizo posible la represión. Su nueva investigación concluye que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad entre septiembre y diciembre de 2022 para aplastar el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” y señala a 87 funcionarios y mandos que, según la organización, deberían ser investigados penalmente.

La dimensión del trabajo explica la gravedad de la acusación. Amnistía elaboró un informe de más de mil páginas después de entrevistar a 270 personas —entre manifestantes, antiguos detenidos, familiares, testigos, abogados, periodistas y trabajadores sanitarios— y analizar más de 2.000 vídeos, documentos oficiales, órdenes judiciales, registros forenses y material filtrado. La organización sostiene que encontró evidencias de homicidios, torturas, encarcelamientos, desapariciones forzadas, violaciones, violencia sexual y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos.

Conviene mantener una precisión jurídica esencial: Amnistía Internacional no es un tribunal y su identificación de los 87 altos cargos no equivale a una condena. La organización aplicó el estándar de “motivos razonables para creer” y reclama que esas personas sean objeto de investigaciones penales. Lo relevante es que su acusación no presenta los abusos como una colección de excesos individuales cometidos por agentes aislados, sino como parte de un ataque que describe como generalizado y sistemático contra población civil y vinculado a una política estatal destinada a sofocar la disidencia.

Los testimonios ayudan a comprender qué significó esa política sobre el terreno. Un testigo identificado como Shahram relató que en Yavanrud agentes de la Guardia Revolucionaria perseguían a manifestantes mientras disparaban; Mahshid, desde Mahabad, describió un escenario que parecía una zona de guerra. En Sanandaj, otro testigo afirmó que los agentes disparaban contra quienes entraban en su campo de visión, independientemente de que fueran manifestantes o simples transeúntes. Son relatos individuales, pero adquieren otra dimensión cuando aparecen acompañados por documentación, patrones geográficos y estructuras de mando reconstruidas durante años de investigación.

Según Infobae, uno de los episodios más letales ocurrió el 30 de septiembre de 2022 en Zahedán, durante la jornada conocida como el “Viernes Sangriento”, cuando las fuerzas de seguridad mataron a 87 personas en pocas horas. La investigación de Amnistía documentó además una violencia desproporcionada contra las comunidades kurda y baluchi. En el conjunto analizado, ambas concentraron el 62% de las víctimas registradas, pese a representar una fracción minoritaria de la población iraní. La organización considera que existen elementos para investigar también persecución por motivos étnicos y políticos.

De la calle a la cadena de mando

El aspecto más significativo del informe quizá no esté en las imágenes de las protestas, sino en los despachos. Amnistía asegura haber reconstruido órdenes, jerarquías y mecanismos de coordinación entre la Guardia Revolucionaria, la Policía iraní y responsables del Ministerio del Interior. Entre los documentos examinados aparece una orden del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del 21 de septiembre de 2022 que reclamaba una respuesta severa contra las concentraciones. Dos días después, según la investigación, un mando policial de Mazandarán transmitió instrucciones todavía más duras. Para la organización, estos documentos permiten conectar lo sucedido en las calles con niveles superiores del aparato estatal.

El informe identifica a 87 funcionarios cuya posible responsabilidad debería investigarse: 62 pertenecían a estructuras de las fuerzas de seguridad y otros 25 al Ministerio del Interior, incluidos responsables provinciales y locales. Diez ocupaban posiciones de alcance nacional y 77 desempeñaban funciones regionales, provinciales o comarcales. La lista no pretende ser exhaustiva. Amnistía sostiene que la investigación debe determinar responsabilidades individuales según la autoridad ejercida, el control sobre subordinados, las órdenes emitidas y la posible contribución de cada funcionario a los delitos documentados.

Existe otro capítulo particularmente grave: la violencia sexual bajo custodia. El informe documenta 16 casos de violación relacionados con detenciones arbitrarias durante las protestas —entre las víctimas había mujeres, hombres y menores— y otros 29 casos de violencia sexual. Las descripciones recogidas por los investigadores muestran que el abuso sexual habría funcionado no solo como agresión contra víctimas individuales, sino también como instrumento de humillación, intimidación y castigo. Amnistía concluye que, dentro de los patrones estudiados, existen elementos para considerar la violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad.

El problema que emerge cuatro años después es que la justicia interna prácticamente no ha alcanzado a quienes ocupaban posiciones de mando. Amnistía sostiene que la impunidad es estructural y denuncia que numerosos funcionarios señalados continúan dentro del aparato estatal; algunos incluso habrían ascendido. Antes de publicar sus conclusiones, la organización comunicó sus hallazgos al actual líder supremo y a responsables de la Guardia Revolucionaria, la Policía y el Ministerio del Interior, pero afirmó no haber recibido respuesta. Por eso reclama investigaciones mediante jurisdicción universal y pide a la Asamblea General de Naciones Unidas crear un mecanismo internacional de justicia penal para Irán.

“Mujer, Vida, Libertad” comenzó alrededor de una joven cuya muerte transformó un velo en símbolo político, pero terminó cuestionando mucho más que la obligatoriedad del hiyab. Expuso la relación entre ciudadanía y poder, entre minorías y Estado, entre mujeres y un sistema que regula aspectos esenciales de sus vidas. Cuatro años después, el informe de Amnistía intenta trasladar aquella discusión desde las calles hasta el terreno de la responsabilidad penal individual. La historia demuestra que las grandes represiones suelen comenzar con víctimas anónimas y terminar, cuando existe justicia, con nombres propios frente a un tribunal. Irán todavía está muy lejos de ese punto. Pero identificar quién ordenó, quién permitió y quién ejecutó puede ser el primer paso para impedir que la impunidad convierta la violencia de Estado en una rutina. @mundiario