Lo ocurrido en Irán durante las protestas de 2022 vuelve al centro de la atención internacional no solamente por la dimensión de la violencia, sino por una cuestión más profunda: cómo se organiza un sistema de represión estatal para convertir la protesta política en un problema de seguridad y responder a ella mediante una cadena de mando coordinada.
La investigación publicada ahora por Amnistía Internacional sostiene que las autoridades iraníes cometieron crímenes contra la humanidad durante la represión de la movilización conocida como «Mujer, Vida, Libertad», iniciada después de la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por la policía de la moralidad. La organización ha reconstruido estructuras de mando y ha identificado 87 funcionarios que, en su opinión, deberían ser sometidos a investigación penal.
La expresión «crímenes contra la humanidad» tiene aquí un significado jurídico concreto. No equivale simplemente a afirmar que hubo una represión especialmente violenta. Bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, determinados delitos —entre ellos asesinato, tortura, violación, desaparición forzada o persecución— pueden constituir crímenes contra la humanidad cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. Amnistía sostiene que esa condición se cumple en el caso de la represión de 2022.
La investigación ha identificado a 377 manifestantes y transeúntes muertos, entre ellos 56 menores. Amnistía afirma que al menos 326 de esas personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad mediante armas de fuego u otros medios de fuerza letal, principalmente durante la dispersión de las protestas. También documenta 18 muertes ocurridas bajo custodia y otras diez posteriores a la liberación, relacionadas, según las evidencias reunidas, con lesiones provocadas durante la detención o con circunstancias vinculadas al trato sufrido.
La cifra no pretende ser el balance definitivo de la represión. La propia organización advierte de que el número real de víctimas es imposible de determinar con precisión. Lo relevante de su investigación es la acumulación de evidencias sobre patrones repetidos de actuación.
Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente. Según Amnistía, entre ellas había incluso menores de diez años. Las causas de las detenciones incluían participar en protestas, retirar el velo, cantar consignas, bailar, escribir mensajes, tocar el claxon o expresar solidaridad a través de internet. La organización también documenta desapariciones forzadas, incomunicación, torturas y procesos judiciales que, según sus conclusiones, vulneraron garantías básicas.
La dimensión más grave de la investigación aparece en los testimonios sobre violencia sexual. Amnistía documenta 45 casos de violación y otras formas de violencia sexual contra manifestantes o transeúntes, incluidos mujeres, hombres, niñas y niños. La organización describe agresiones cometidas durante la detención y utilizadas también como mecanismo de intimidación y castigo.
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La clave: no serían abusos aislados
Aquí aparece el concepto central de la investigación: «arquitectura estatal de represión». Amnistía sostiene que la violencia fue posible gracias a la intervención coordinada de dos grandes estructuras: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —IRGC— y el Mando de Policía de la República Islámica —FARAJA—. Dentro de ellas participaron unidades operativas, fuerzas especiales, contingentes provinciales y batallones de la milicia Basij.
Pero la tesis de la organización va más arriba. Su investigación señala que la política de respuesta a las protestas se articuló mediante el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, los consejos de seguridad estatales y estructuras provinciales y municipales. Documentos oficiales filtrados, órdenes de despliegue, asignaciones de armas y recursos y declaraciones públicas son utilizados por Amnistía para reconstruir esa cadena.
Eso cambia sustancialmente la interpretación de lo ocurrido. La cuestión ya no sería solamente determinar qué agente disparó contra un manifestante o quién torturó a un detenido. El objetivo de la investigación es establecer quién ordenó, quién coordinó, quién facilitó y quién permitió que esas actuaciones se repitieran a escala nacional.
Amnistía ha identificado 87 funcionarios: 62 pertenecientes a estructuras de seguridad y 25 vinculados al Ministerio del Interior, incluidos responsables provinciales y locales. Entre ellos figura el entonces líder supremo Alí Jamenei, posteriormente asesinado por EE UU durante los bombardeos de febrero de 2026, además de altos mandos de la Guardia Revolucionaria y responsables políticos y administrativos. La organización insiste en que la lista no constituye una sentencia ni una determinación judicial de culpabilidad individual, sino una relación de personas que, a su juicio, deben ser objeto de investigaciones criminales.
Otro elemento destacado es la dimensión étnica de la violencia. Amnistía calcula que las víctimas kurdas y baluches representan conjuntamente el 62% de las personas fallecidas que pudo documentar, aunque ambas comunidades constituyen una proporción mucho menor de la población iraní. La organización considera que los patrones de uso de la fuerza contra estas comunidades permiten hablar también de persecución por motivos políticos y étnicos.
El caso más extremo señalado por la investigación se produjo en Zahedán el 30 de septiembre de 2022, durante la jornada conocida como «Viernes Sangriento». Amnistía documenta 87 personas asesinadas allí, entre ellas 15 menores, según el recuento incluido en su investigación. En las regiones kurdas de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental también se registró un uso reiterado de armas de fuego militares.
La organización considera que esta combinación de represión política y discriminación contra comunidades minoritarias puede encajar en el delito de persecución, siempre dentro de la definición establecida por el derecho internacional.
De 2022 a 2026: el problema de la impunidad
Los grupos de derechos humanos denuncian que Irán cometió «crímenes de lesa humanidad» en la persecución de opositores durante las protestas de 2022. No obstante, la importancia política de esta investigación trasciende los acontecimientos de hace cuatro años. Amnistía Internacional establece un vínculo directo entre la falta de rendición de cuentas por la represión de 2022 y la respuesta significativamente más violenta del régimen ante las protestas de enero de 2026.
La organización sostiene que el mismo aparato de seguridad continuó operativo; de este modo, la ausencia de consecuencias internacionales permitió que se repitieran patrones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y uso letal de la fuerza. Para Amnistía Internacional, las jornadas del 8 y 9 de enero de 2026 constituyeron una represión todavía mayor, la cual dejó un saldo de miles de manifestantes y transeúntes muertos.
Ahí se encuentra el significado más amplio de la expresión «arquitectura estatal de represión». No describe únicamente a policías, militares o milicianos actuando en las calles. Se refiere a la existencia de instituciones, órdenes, cadenas jerárquicas, mecanismos judiciales y estructuras políticas capaces de sostener una política represiva y, posteriormente, dificultar la rendición de cuentas.
Amnistía reclama por ello un mecanismo internacional de justicia para investigar y procesar a quienes considere responsables, además de una posible remisión de la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Se trata de propuestas de la organización, no de medidas actualmente adoptadas por esos organismos.
La investigación llega, además, en un momento particularmente delicado para Irán. El país afronta simultáneamente una guerra con Estados Unidos e Israel y una situación interna marcada por nuevas detenciones y acusaciones de represión. Amnistía sostiene que la existencia de una amenaza exterior no elimina las obligaciones de las autoridades iraníes respecto a los derechos de la población civil, del mismo modo que reclama investigaciones sobre posibles violaciones cometidas durante las operaciones militares estadounidenses e israelíes.
La cuestión que deja abierta el informe es, por tanto, más compleja que el balance de muertos de 2022. Lo que se intenta demostrar es que detrás de aquellos meses de protestas existió una estructura capaz de transformar una movilización social en una operación de seguridad coordinada, con diferentes niveles de mando y con mecanismos destinados tanto a ejecutar la represión como a mantener la impunidad posterior. Ese es precisamente el elemento que Amnistía coloca ahora en el centro de su denuncia: no solamente quién cometió los abusos, sino cómo el Estado iraní habría organizado el sistema que permitió que se produjeran y se repitieran. @mundiario
