El regreso de Human Rights Watch (HRW) a Venezuela supone un cambio respecto a la relación que la organización mantuvo durante años con el chavismo. La ONG, con sede en Washington, fue expulsada del país en 2008 después de publicar un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Ahora, un equipo formado por Federico Borello, Juan Papier, Juanita Goebertus y Marina Rápido ha pasado una semana en Caracas. Durante ese periodo mantuvo encuentros con representantes del Gobierno, diplomáticos, dirigentes opositores de distintas corrientes y miembros de organizaciones civiles.
La organización considera que actualmente existen señales de una reducción de la represión. Sin embargo, su diagnóstico también incluye una advertencia: según HRW, las estructuras estatales relacionadas con los abusos de derechos humanos no han sido desmanteladas.
La ONG sostiene que existe una especie de tregua, pero considera prematuro interpretar las medidas adoptadas como una transformación definitiva del sistema.
Liberaciones y desbloqueos todavía considerados insuficientes
La visita coincidió con varios movimientos políticos. Entre ellos estuvo el desbloqueo de algunos medios digitales y la reanudación de las conversaciones entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo.
Al mismo tiempo, el dirigente regional Javier Oropeza fue detenido tras participar en una entrevista radiofónica y posteriormente quedó en libertad. Para HRW, episodios de este tipo muestran las contradicciones de una transición en la que conviven medidas de apertura con actuaciones que generan preocupación.
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Durante su reunión con Delcy Rodríguez, los representantes de la organización plantearon medidas inmediatas mientras avanzan las reformas institucionales anunciadas para recuperar el funcionamiento democrático del país.
Entre sus principales recomendaciones está la liberación incondicional de las personas consideradas presos políticos o detenidas arbitrariamente. HRW también propone crear una comisión técnica capaz de revisar los casos pendientes y tomar decisiones sobre ellos.
La organización considera además necesario mejorar las condiciones penitenciarias y reclama el cierre de centros de detención donde, según sus investigaciones, se habrían producido abusos.
Reformas pendientes y el futuro político de Venezuela
Otro de los puntos señalados por Human Rights Watch es el marco legal utilizado para perseguir a opositores y disidentes. La ONG plantea revisar la legislación contra el terrorismo y otras normas, como la ley contra el odio, que considera utilizadas en procesos de detención arbitraria.
También reclama cambios en los cuerpos de seguridad y un mayor control sobre los centros penitenciarios. En este sentido, pide que organismos internacionales puedan realizar visitas periódicas y sin previo aviso a las cárceles para comprobar sus condiciones.
El apartado electoral forma parte igualmente de las demandas planteadas por HRW. La organización sostiene que cualquier proceso de apertura deberá permitir la participación de los distintos sectores políticos y garantizar que los opositores puedan presentarse a cargos públicos.
La visita, según la propia organización, busca recuperar una presencia más estable en Venezuela. HRW espera regresar antes de que termine 2026 para continuar evaluando la evolución de la situación.
El diagnóstico de la ONG combina, por tanto, dos elementos: reconoce cambios recientes en determinadas áreas, pero sostiene que todavía quedan estructuras y leyes que, a su juicio, pueden permitir la repetición de abusos. @mundiario
