Francia se encamina a una huelga general el 5 de noviembre: Lecornu, acorralado por el déficit público

Francia se prepara para una nueva fase de movilización social después de que la reunión celebrada este miércoles 21 de octubre entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, y los representantes sindicales terminara sin acuerdos concretos. Tras cerca de dos horas y media de conversaciones en Matignon, sede del Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un llamamiento a generalizar la huelga a partir del 5 de noviembre, con el respaldo de una amplia coordinación sindical.

La decisión refleja el deterioro del diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones de trabajadores en un momento en que las reivindicaciones sobre el poder adquisitivo, los salarios y los servicios públicos coinciden con las protestas estudiantiles y el descontento por el coste de la vida. La reunión debía servir para abrir una vía de negociación después de las manifestaciones del 17 de octubre, marcadas por disturbios y saqueos en varias ciudades. Sin embargo, las organizaciones sindicales salieron de Matignon sin las respuestas que esperaban.

Sophie Binet, secretaria general de la CGT, denunció que el Gobierno no había anunciado «ninguna medida» para responder a las demandas de los trabajadores. «No se ha tenido en cuenta ninguna de nuestras reivindicaciones», lamentó. La dirigente consideró que había llegado el momento de ampliar la presión mediante asambleas generales en los centros de trabajo y una huelga que pueda prolongarse más allá del 5 de noviembre.

La convocatoria no implica que todos los sectores vayan a paralizar su actividad automáticamente, pero sí abre la puerta a una movilización coordinada en los servicios públicos y las empresas privadas. Su alcance dependerá de la participación de los trabajadores, de los acuerdos entre las centrales sindicales y de la capacidad del Gobierno para presentar medidas que eviten una nueva escalada.

La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el mayor sindicato del país, también reclama respuestas. Su secretaria general, Marylise Léon, insistió en que los trabajadores llevan demasiado tiempo esperando soluciones y pidió que el diálogo se traduzca en compromisos verificables. La diferencia entre mantener conversaciones y conseguir concesiones concretas se ha convertido en el principal problema político de Lecornu.

Salarios, coste de la vida y servicios públicos: las demandas sindicales

La CGT reclama una mejora sustancial de los ingresos y una intervención más decidida frente a la pérdida de poder adquisitivo. Entre sus propuestas figuran elevar el salario mínimo un 10%, vincular la evolución de los salarios a los precios y congelar determinados precios, además de aumentar los recursos destinados a los servicios públicos.

Estas exigencias van más allá de una negociación salarial ordinaria. Los sindicatos pretenden que el Gobierno responda a una percepción extendida de que los ingresos no evolucionan al mismo ritmo que los gastos cotidianos y de que la calidad de algunos servicios públicos se ha deteriorado. Para las organizaciones sindicales, la respuesta no puede limitarse a medidas de seguridad o a llamamientos a la calma después de los disturbios.

La CFTC, por su parte, señaló que el Ejecutivo había abierto la posibilidad de discutir una revalorización del salario mínimo. Lecornu habría pedido avanzar con rapidez en esa cuestión, aunque la reunión no desembocó en una propuesta concreta. El margen de negociación continúa abierto, pero las centrales quieren que cualquier compromiso incluya fechas, cantidades y garantías de aplicación.

La educación se ha convertido en otro foco importante. Los estudiantes de secundaria y universitarios llevan semanas movilizados para exigir más recursos, mejores instalaciones, sustituciones del profesorado ausente y cambios en el sistema de acceso a la universidad, incluida la plataforma Parcoursup. Los sindicatos criticaron que sus organizaciones no fueran invitadas a la reunión de Matignon.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha anunciado que se reunirá con representantes de la comunidad educativa y estudiantes el lunes siguiente, con la intención de presentar una primera serie de decisiones. Ese compromiso podría abrir un canal de negociación sectorial, aunque no resuelve las reivindicaciones económicas más amplias ni garantiza que los jóvenes abandonen las protestas.

Sin embargo, el principal obstáculo del Gobierno es presupuestario. Francia afronta un déficit elevado, un crecimiento económico débil y un coste de financiación que ha aumentado en medio de la incertidumbre política. En este contexto, el Ejecutivo intenta preparar un presupuesto para 2027 que contempla recortes por valor de 54.000 millones de euros, una cifra que ilustra la dimensión del ajuste previsto.

Las cuentas públicas condicionan cualquier promesa de aumentar salarios, reforzar la educación o ampliar el gasto sanitario. Las demandas sindicales requieren recursos, mientras que el Gobierno intenta contener el gasto para reducir el déficit y convencer a los mercados de que Francia mantiene el control de sus finanzas. No se trata de una incompatibilidad absoluta entre toda mejora social y la disciplina presupuestaria, pero sí de una disputa sobre prioridades, financiación y calendario.

La debilidad parlamentaria complica todavía más el escenario. Los últimos gobiernos franceses han tenido dificultades para aprobar sus presupuestos con una mayoría estable, y el recurso a procedimientos extraordinarios ha alimentado las críticas sobre la capacidad del sistema político para alcanzar acuerdos duraderos. La experiencia de los ejecutivos de Michel Barnier y François Bayrou, que cayeron tras periodos breves en el cargo, pesa sobre Lecornu.

El primer ministro necesita evitar que las negociaciones laborales se conviertan en una nueva crisis institucional. Sin embargo, conceder todas las demandas sindicales podría aumentar el gasto en un momento de presión financiera, mientras que rechazarlas sin ofrecer alternativas amenaza con reforzar la movilización. El Ejecutivo se encuentra así atrapado entre dos riesgos: agravar el desequilibrio presupuestario o intensificar el conflicto social.

La evolución de la deuda también influye en el debate. Las informaciones aportadas sitúan el rendimiento del bono francés a diez años cerca del 5%, por encima del alemán, considerado una referencia de menor riesgo. Estas cifras deben interpretarse en el contexto de la volatilidad del mercado: los tipos varían diariamente y no dependen únicamente de las protestas, sino también de las expectativas sobre el crecimiento, la política fiscal y la estabilidad institucional.

Cuando los inversores exigen mayores intereses para financiar al Estado, una parte creciente de los recursos públicos debe destinarse al servicio de la deuda. Esto reduce la flexibilidad presupuestaria y vuelve más costosas las nuevas medidas financiadas mediante endeudamiento. La tensión social y la incertidumbre política pueden agravar esa dinámica, aunque no explican por sí solas todos los movimientos del mercado.

Macron pide firmeza mientras crece la presión política

El presidente Emmanuel Macron, de gira por Oriente Próximo, ha defendido una respuesta firme frente a quienes participaron en los actos violentos del 17 de octubre. También convocó una reunión con los servicios de inteligencia para examinar posibles fallos en la prevención de los disturbios. Desde el Gobierno, el restablecimiento del orden público se presenta como una condición necesaria para recuperar la normalidad.

La estrategia de seguridad, sin embargo, no responde por sí sola a las reclamaciones económicas. La CGT sostiene que la movilización social debe abordarse con decisiones políticas y no únicamente con medidas policiales. El desafío para el Ejecutivo consiste en separar los actos violentos de las reivindicaciones de quienes protestan pacíficamente, sin renunciar a investigar los saqueos ni las posibles actuaciones policiales irregulares.

Las autoridades han informado de unas 2.500 detenciones bajo custodia tras los incidentes, con 917 personas remitidas a la justicia, según las cifras difundidas por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. En París, la fiscalía comunicó que cientos de detenidos habían comparecido ante un magistrado. Al mismo tiempo, el Defensor de los Derechos ha recibido denuncias relacionadas con la actuación policial y la Inspección General de la Policía Nacional ha abierto varias investigaciones.

Las medidas de seguridad también continúan en algunas zonas de París y Lyon, donde se han renovado restricciones nocturnas y prohibiciones de concentraciones. El Gobierno pretende impedir nuevos episodios de violencia, mientras los sindicatos advierten de que una respuesta basada exclusivamente en la represión puede aumentar el descontento.

La oposición francesa ha capitalizado la grave crisis social y los disturbios que alcanzaron su punto crítico el pasado 17 de octubre de 2026 para arremeter contra la gestión del Ejecutivo. El exprimer ministro y candidato presidencial del partido Horizons, Édouard Philippe, criticó abiertamente que Macron mantuviera su viaje oficial al golfo Pérsico en plena tensión interna, calificando la gira como una decisión «poco oportuna» que la ciudadanía no ha comprendido.

Por su parte, el expresidente socialista François Hollande arremetió contra un «presidente de la República ausente» al frente de un «gobierno débil», mientras que la líder de la ultraderecha nacionalista, Marine Le Pen, tildó al Ejecutivo de «poder macronista agotado» e incapaz de controlar el orden público. Estas duras descalificaciones no solo retratan la fragilidad del clima político actual, sino que aceleran la carrera de fondo entre las distintas fuerzas para rentabilizar el descontento de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Antes de la convocatoria sindical del 5 de noviembre, Francia afrontará otra jornada de movilización el sábado 24 de octubre, promovida por coordinaciones vinculadas al movimiento de los chalecos amarillos. La CGT ha anunciado que acompañará a quienes participen y ha pedido que las manifestaciones se desarrollen sin que la violencia desplace las reivindicaciones sociales. @mundiario