Un oligarca amenaza a España y Portugal: el aliado de Putin los acusa de fabricar armas con Ucrania

Víktor Medvedchuk, oligarca y antiguo dirigente político ucraniano estrechamente vinculado a Vladímir Putin, ha acusado a España y Portugal de colaborar con Ucrania en el desarrollo de armamento destinado a atacar territorio ruso. La advertencia apareció en un artículo publicado en el portal de su movimiento, Otra Ucrania, y fue difundida el 29 de octubre por la agencia portuguesa Lusa y la española EFE.

Según Medvedchuk, empresas de los dos países estarían trabajando con fabricantes ucranianos en tecnología de misiles, drones de ataque, sistemas de navegación y otros equipos militares. El político afirma que esas armas se utilizan en ataques contra Rusia que califica de «terroristas», aunque no identifica a las compañías a las que se refiere ni aporta en el texto pruebas públicas que permitan comprobar el alcance de los supuestos proyectos.

La parte más grave de sus declaraciones es la advertencia de que las instalaciones industriales implicadas podrían convertirse en «objetivos legítimos» de ataques de represalia rusos. No se trata, sin embargo, de un anuncio oficial del Gobierno ruso sobre operaciones concretas contra España o Portugal. Es una amenaza formulada por una figura cercana al Kremlin, cuyo peso político y trayectoria justifican que sus palabras sean examinadas, sin confundirlas con una decisión militar confirmada de Moscú.

Medvedchuk, nacido en 1954, fue durante décadas uno de los representantes más destacados de las corrientes políticas ucranianas partidarias de estrechar las relaciones con Moscú. Abogado de formación, empresario y dirigente político, encabezó la Administración Presidencial de Ucrania entre 2002 y 2004, durante el mandato de Leonid Kuchma. Su relación personal con Putin es conocida: el presidente ruso fue padrino de una de sus hijas, vínculo que explica el apodo de «compadre de Putin» utilizado en la prensa.

En 2012 impulsó la organización Opción Ucraniana, partidaria de una integración económica más estrecha con Rusia y de la entrada de Ucrania en la Unión Aduanera liderada por Moscú, en lugar de avanzar hacia un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Más adelante fundó Plataforma de Oposición-Por la Vida, una formación prorrusa con presencia en la política ucraniana antes de la invasión a gran escala de 2022.

Durante las protestas del Maidán de 2013 y 2014, Medvedchuk se mantuvo próximo al entonces presidente prorruso Víktor Yanukóvich. Tras el comienzo de la invasión rusa, las autoridades ucranianas lo detuvieron en abril de 2022 y lo acusaron de traición, cargos que él rechazó. En septiembre de ese año fue entregado a Rusia en un intercambio de prisioneros y posteriormente perdió la ciudadanía ucraniana.

Desde Rusia ha continuado promoviendo mensajes favorables a los intereses del Kremlin y cuestionando la legitimidad del Gobierno de Kiev. En 2024, la República Checa impuso sanciones contra Medvedchuk y su entorno por su presunta participación en una red de influencia prorrusa relacionada con el medio Voice of Europe. Estas medidas forman parte del contexto que explica por qué sus declaraciones se interpretan también como un mensaje político, además de una acusación sobre cooperación industrial.

Qué se sabe realmente sobre la fabricación de armas con Ucrania

La cooperación militar europea con Kiev es pública. Incluye suministro de armamento, asistencia técnica, formación y esfuerzos por ampliar la capacidad de producción y mantenimiento de equipos. Portugal, además, participa en iniciativas europeas de experimentación tecnológica en defensa. La Agencia Europea de Defensa anunció en septiembre de 2026 una campaña en territorio portugués para probar tecnologías terrestres y aéreas, incluidos sistemas no tripulados y municiones merodeadoras (drones kamikaze). Esa actividad demuestra que el país participa en programas europeos de innovación militar, pero no confirma por sí sola las afirmaciones de Medvedchuk sobre proyectos específicos para atacar Rusia.

En su artículo, el oligarca no proporciona contratos, nombres de empresas, calendarios de producción ni detalles verificables sobre los sistemas que denuncia. Por tanto, no es posible concluir a partir de sus declaraciones qué compañías españolas o portuguesas estarían involucradas, si existen proyectos conjuntos de las características descritas o qué destino concreto tendría el material.

La ausencia de esos detalles no prueba que no exista cooperación industrial. Significa que las acusaciones, tal como han sido expuestas, necesitan corroboración independiente. La información pública sobre colaboración militar con Ucrania y la afirmación de que determinadas empresas fabrican armas destinadas a ataques concretos contra Rusia no son equivalentes.

La advertencia de Medvedchuk introduce un problema de seguridad que va más allá de la disputa informativa. España y Portugal son miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Una amenaza contra instalaciones industriales situadas en sus territorios afecta, por tanto, a la seguridad europea y plantea preguntas sobre la protección de infraestructuras, la disuasión y las posibles consecuencias de una escalada.

Sin embargo, afirmar que una fábrica puede convertirse en un «objetivo legítimo» no basta para que lo sea conforme al derecho internacional humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja establece que un objeto solo puede considerarse objetivo militar si, por su naturaleza, ubicación, finalidad o uso, contribuye efectivamente a la acción militar y su destrucción ofrece una ventaja militar concreta en las circunstancias del momento. También deben respetarse las reglas que protegen a los civiles y limitan los daños incidentales.

En consecuencia, no toda empresa que mantiene relaciones comerciales con Ucrania ni toda instalación que participa en la economía de defensa queda automáticamente legitimada como objetivo militar. La evaluación depende de la función real de la instalación y de las circunstancias específicas, no de una declaración unilateral de un político.

La amenaza tampoco permite concluir que Rusia haya decidido atacar fábricas en la península ibérica. Para establecer que existe un riesgo operativo concreto harían falta indicios adicionales, como declaraciones oficiales del Gobierno ruso, información de inteligencia o medidas de seguridad adoptadas por las autoridades españolas y portuguesas. Las palabras de Medvedchuk, por sí solas, no proporcionan esa confirmación.

La estrategia política detrás de la amenaza

Medvedchuk vincula la cooperación militar con Ucrania a dos asuntos sensibles para la opinión pública española y portuguesa: la crisis de la vivienda y el aumento del coste de la vida. Su argumento es que los gobiernos destinan recursos y capacidad industrial al apoyo a Kiev mientras sus ciudadanos afrontan dificultades económicas.

Ese enfoque convierte una discusión sobre defensa en una disputa sobre prioridades presupuestarias y política exterior. Es un recurso político reconocible: presentar el apoyo a Ucrania como un sacrificio directo de las necesidades internas permite cuestionar a los gobiernos europeos sin tener que demostrar, necesariamente, cada una de las acusaciones sobre producción armamentística.

La cuestión presupuestaria es legítima y puede debatirse con datos sobre gasto público, contratos, ayudas y resultados. Pero la relación entre ese gasto y problemas como el acceso a la vivienda debe demostrarse, no darse por sentada. Del mismo modo, la existencia de una cooperación industrial no confirma automáticamente que su finalidad sea la descrita por Medvedchuk.

El contexto importa. La guerra ha extendido el uso de influencias digitales, drones, misiles y sistemas de navegación, y Ucrania busca reforzar su capacidad de producción ante la presión militar rusa. Los países europeos, por su parte, afrontan el dilema de apoyar la defensa ucraniana y, al mismo tiempo, gestionar el riesgo de una escalada con Moscú. La amenaza del oligarca explota precisamente esa tensión. @mundiario