El primer ministro británico, Andy Burnham, ha convertido la próxima cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea, prevista para el 20 de noviembre en Bruselas, en algo más que una negociación técnica. Lo que inicialmente era una reunión preparada durante el mandato de Keir Starmer y aplazada después de su dimisión se presenta ahora como el primer paso de una revisión más ambiciosa de las relaciones entre Londres y Bruselas tras el Brexit.
Burnham ha confirmado ante la Cámara de los Comunes que su prioridad inmediata es conseguir acuerdos concretos que mejoren el funcionamiento de la relación comercial y política con el bloque comunitario. Sin embargo, su principal novedad es la voluntad de abrir un «diálogo serio» sobre las opciones a largo plazo. El jefe del Gobierno sostiene que mantener el statu quo ya no resulta suficiente para los intereses británicos y que el país necesita evaluar con pragmatismo su posición en Europa.
Desde la salida británica de la UE, el debate sobre el Brexit ha permanecido condicionado por la división que provocó el referéndum de 2016, ganado por los partidarios de abandonar el bloque con el 52 % de los votos, frente al 48 % que defendió la permanencia. Durante años, los principales partidos evitaron reabrir frontalmente aquella disputa. Burnham, en cambio, considera que el balance de la última década obliga a reconsiderar algunas decisiones y a estudiar alternativas que anteriormente se descartaban.
En el congreso laborista celebrado en Liverpool, el primer ministro afirmó que el Brexit había «hecho más daño que bien» y defendió una estrategia clara para la relación con el mayor mercado cercano al Reino Unido. Su planteamiento no equivale, por ahora, a anunciar el regreso a la UE, pero sí modifica el marco del debate: Londres deja de limitarse a gestionar las consecuencias de la separación y empieza a discutir qué modelo de relación le conviene para las próximas décadas.
La cumbre del 20 de noviembre tiene como objetivo avanzar en varios expedientes que afectan directamente a empresas, trabajadores, agricultores y consumidores. Burnham quiere cerrar acuerdos sobre alimentos y bebidas, conectar los sistemas de comercio de emisiones, facilitar experiencias laborales y educativas para jóvenes y profundizar en la cooperación energética.
El primero de esos capítulos es un posible acuerdo sanitario y fitosanitario que reduzca los controles fronterizos sobre productos agrícolas y ganaderos. Las diferencias regulatorias posteriores al Brexit han añadido trámites, inspecciones y costes al intercambio comercial. Una mayor armonización permitiría reducir fricciones para los exportadores británicos y europeos, aunque exigiría pactar qué normas se aplican y cómo se supervisa su cumplimiento.
El sector agroalimentario es especialmente sensible a estas barreras porque trabaja con productos perecederos y cadenas de suministro que dependen de la rapidez del transporte. Una reducción de controles no eliminaría automáticamente todas las formalidades aduaneras, pero podría facilitar el comercio si ambos lados aceptan estándares compatibles y mecanismos de verificación comunes.
-
Andy Burnham acusa a Rusia de interferir en el Brexit y pide a Europa reforzar sus defensas
-
Europa frena los híbridos chinos y redefine la batalla por el automóvil
-
“Egoístas”: EE UU carga contra el plan de Europa para fabricar sus propias armas
Otro objetivo es vincular los sistemas de comercio de derechos de emisión del Reino Unido y la UE. La conexión podría reducir costes y dificultades para determinadas industrias, además de favorecer una mayor coordinación de las políticas climáticas. A ello se suma la interconexión energética, un terreno en el que la cooperación puede mejorar la eficiencia de los mercados y la seguridad del suministro.
El tercer expediente, políticamente más delicado, es la movilidad juvenil. Londres y Bruselas negocian un programa que permitiría a ciudadanos británicos y comunitarios menores de 30 años residir, trabajar o estudiar en el territorio de la otra parte durante un máximo de tres años. Persisten discrepancias sobre el número de participantes y las condiciones económicas, incluidas las tasas universitarias que pagarían los estudiantes.
La cuestión resulta sensible porque la libertad de circulación fue uno de los elementos centrales de la controversia del Brexit. Burnham ha insistido en que no pretende restaurarla, pero un programa limitado de movilidad supondría recuperar parte de las oportunidades que existían antes de la salida británica, aunque con condiciones específicas y sin equivaler a los derechos de ciudadanía europea.
Los acuerdos podrían generar beneficios económicos, pero no resolverían todas las consecuencias de la separación. Su alcance dependerá de las obligaciones regulatorias que acepte Londres, de las concesiones que ofrezca Bruselas y de la capacidad de ambas partes para convertir los compromisos políticos en normas aplicables.
El acercamiento a Europa y las líneas rojas del Partido Laborista
La estrategia de Burnham tiene, no obstante, límites inmediatos. El programa electoral laborista de 2024 descartaba el regreso al mercado único, la unión aduanera y la libertad de circulación. El primer ministro ha reiterado que respetará esos compromisos y ha negado que esté preparando un nuevo referéndum. Pero también ha evitado cerrar la puerta a que futuros gobiernos examinen otras fórmulas de integración, incluida la posibilidad de volver al bloque europeo.
Esta ambigüedad es deliberada. Le permite defender acuerdos concretos sin presentar una reincorporación como objetivo inmediato y, al mismo tiempo, trasladar a la discusión pública una pregunta que el laborismo había tratado con cautela: si las restricciones actuales son suficientes para garantizar el crecimiento y la competitividad británicos.
La oposición conservadora interpreta el movimiento de otra manera. Su líder, Kemi Badenoch, acusa al Gobierno de reabrir una disputa que divide al país y de arriesgarse a debilitar el acuerdo comercial vigente sin garantías de obtener uno mejor. También reprocha a Burnham que concentre su atención en Europa mientras el Ejecutivo afronta dificultades económicas y presión sobre las cuentas públicas. Para los sectores euroescépticos, la cooperación adicional puede convertirse en una vía gradual para revertir decisiones del Brexit sin que los votantes hayan autorizado expresamente ese cambio.
Los laboristas, por su parte, presentan el acercamiento como una política práctica. Burnham ha sostenido que los acuerdos que pretende alcanzar podrían aportar más de 10.000 millones de libras anuales (unos 11.829 millones de euros) a la economía británica hacia 2040, según sus propias estimaciones. Esa cifra constituye una previsión del Gobierno, no un beneficio garantizado: dependerá del contenido final de los acuerdos, de su aplicación y de la respuesta de las empresas.
El debate, por tanto, no se limita a elegir entre permanecer fuera o regresar a la UE. También enfrenta dos interpretaciones sobre cómo aprovechar la posición británica: mantener la autonomía regulatoria obtenida con el Brexit o aceptar una mayor alineación con las normas europeas para reducir costes y recuperar oportunidades comerciales.
Inmigración, seguridad y el riesgo de quedar fuera del «Made in Europe»
Burnham también quiere reforzar la cooperación para controlar la inmigración irregular. La salida de la UE dejó al Reino Unido fuera de mecanismos comunitarios como Eurodac, la base de datos biométricos utilizada para identificar a solicitantes de asilo y migrantes, y del sistema de Dublín, que regulaba qué país europeo debía examinar determinadas solicitudes de protección internacional.
Una relación más estrecha podría facilitar el intercambio de información y la coordinación policial, aunque cualquier acuerdo dependerá de las condiciones negociadas y no supondrá necesariamente recuperar los mecanismos anteriores. El reto político consiste en demostrar que cooperar con Bruselas puede mejorar el control migratorio sin restaurar la libertad de circulación que parte del electorado británico rechazó.
La seguridad económica añade otra dimensión. Londres teme que la iniciativa europea «Made in Europe», orientada a reforzar la producción industrial del continente frente a la competencia exterior, perjudique a los fabricantes británicos si sus componentes quedan excluidos de determinadas cadenas de suministro. Entre los sectores estratégicos afectados podrían figurar las energías renovables, la industria nuclear y los vehículos eléctricos.
Burnham ha reconocido los riesgos y ha defendido que ambas partes deberían buscar una fórmula que permita responder a las exportaciones chinas sin perjudicar innecesariamente a la industria británica. Sin embargo, el asunto no depende únicamente de la voluntad de Londres y Bruselas: la UE todavía debe definir su propia posición y existen diferencias entre los Estados miembros sobre el alcance de las preferencias industriales. Por eso, es improbable que la cumbre resuelva de inmediato esta cuestión, aunque pueda abrir la puerta a futuras negociaciones. @mundiario
