La mayor crisis migratoria registrada en Ceuta desde mayo de 2021 ha desatado un terremoto político sin precedentes dentro de la Unión Europea. Italia ha anunciado la suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen con España, una medida excepcional que supone el restablecimiento de controles fronterizos para los ciudadanos extracomunitarios que lleguen desde territorio español, aunque garantiza la libre circulación de los ciudadanos de la UE.
La decisión del Ejecutivo de la primera ministra de derecha radical, Giorgia Meloni, sitúa la presión migratoria sobre la ciudad autónoma en el centro del debate europeo sobre el futuro de Schengen, la gestión de las fronteras exteriores y la respuesta comunitaria ante episodios de inmigración irregular masiva, toda vez que Roma considera la medida como “necesaria” para proteger la seguridad de los ciudadanos y las fronteras europeas, según ha dicho el ministro italiano de Exteriores Antonio Tajani. “La crisis migratoria en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común”, ha dicho el dirigente delpartido de centroderecha Forza Italia.
El Gobierno italiano de derechas, formado también con los ultras Hermanos de Italia y la Lega de Matteo Salvini, ha precisado que la medida no implica la prohibición de entrada a viajeros procedentes de España ni afecta a los ciudadanos comunitarios. Los controles, que tendrán inicialmente una duración de treinta días a partir del 1 de agosto, se aplicarán exclusivamente a nacionales de terceros países que lleguen desde España por vía aérea o marítima con el objetivo de comprobar la regularidad de su entrada en territorio italiano.
Italia carece de frontera terrestre con España, por lo que el restablecimiento de controles se limitará a puertos y aeropuertos. El Ministerio del Interior italiano ha explicado que la medida responde al riesgo de movimientos secundarios de inmigrantes irregulares hacia otros Estados miembros.
Bruselas reclama devoluciones rápidas
La legislación europea permite a cualquier país restablecer temporalmente controles internos cuando considere que existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, siempre que la decisión sea comunicada a la Comisión Europea y al resto de socios comunitarios.
La medida italiana llega después de que decenas de miles de personas intentaran acceder irregularmente a Ceuta desde Marruecos, una situación que ha obligado a España a intensificar las devoluciones y reforzar la cooperación con Rabat. El temor compartido por varios gobiernos europeos es que parte de quienes logren permanecer en territorio español puedan desplazarse posteriormente por el espacio Schengen aprovechando la libre circulación.
Italia propone cerrar el espacio Schengen con España, una medida que critica el Gobierno.
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Aunque el régimen jurídico de Ceuta y Melilla establece controles específicos para los desplazamientos desde las ciudades autónomas hacia la Península y el resto del espacio Schengen, la magnitud de la crisis ha reabierto el debate sobre la protección de las fronteras exteriores de la Unión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de “inaceptables” las imágenes registradas en Ceuta y defendió que la Unión Europea no puede permitir entradas irregulares al margen de sus normas. La jefa del Ejecutivo comunitario insistió en la necesidad de acelerar las devoluciones de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio europeo, combatir las redes de tráfico de personas y reforzar el apoyo operativo a España, incluida la posible colaboración de Frontex.
Dinamarca y Finlandia apoyan revisar Schengen
En una línea similar se expresó el canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, quien pidió que Marruecos readmita “sin demora” a los inmigrantes irregulares y defendió la aplicación inmediata del nuevo reglamento europeo sobre retornos. El presidente del Consejo Europeo, el socialdemócrata portugués António Costa, trasladó expresamente su solidaridad con España y destacó que la rápida y “firme” respuesta de las autoridades españolas demuestra el compromiso europeo con la protección de las fronteras exteriores.
La presión migratoria también ha provocado movimientos en Francia. El presidente Emmanuel Macron ordenó reforzar los controles fronterizos con España y autorizó la activación de unidades especiales para intensificar la vigilancia en los pasos terrestres. París mantiene además contactos permanentes tanto con Madrid como con Rabat para coordinar la respuesta y ha mostrado su disposición a prestar apoyo adicional a España si fuera necesario.
Italia no ha sido el único país en reclamar una respuesta más contundente. Los gobiernos de Dinamarca y Finlandia han defendido que la Unión Europea estudie todas las opciones disponibles, incluida la posibilidad de revisar temporalmente la aplicación de Schengen si persiste una presión migratoria extraordinaria sobre las fronteras exteriores. Aunque por ahora ningún otro Estado miembro ha anunciado una suspensión similar a la italiana, el debate se ha instalado definitivamente en la agenda comunitaria.
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Un mecanismo excepcional previsto por la normativa europea
El Acuerdo de Schengen, firmado en 1985 en Luxemburgo y actualmente integrado por 29 países europeos, permite la libre circulación sin controles fronterizos internos. Sin embargo, la normativa contempla excepciones para situaciones consideradas graves, como amenazas terroristas, emergencias sanitarias o crisis migratorias que comprometan el orden público.
Desde 2006 este mecanismo ha sido activado centenares de veces por distintos Estados miembros. Italia lo ha utilizado en numerosas ocasiones, especialmente tras la pandemia y para reforzar la vigilancia en sus fronteras con Francia y Eslovenia.
La crisis de Ceuta ha convertido ahora a España en el nuevo epicentro de un debate que trasciende la gestión migratoria y vuelve a poner en cuestión el equilibrio entre la libre circulación dentro de la Unión Europea y el control efectivo de sus fronteras exteriores. @mundiario
