El Sevilla vive horas de máxima tensión tras la ruptura de la compraventa del club. Lo que parecía encaminado se quebró por el giro en la propuesta de Sergio Ramos y su grupo inversor. El camero ha convocado una rueda de prensa para el lunes en un hotel de la capital andaluza, donde pretende dar explicaciones y lanzar acusaciones contra los grandes accionistas.
La operación inicial contemplaba la compra del 85 % de las acciones por 275 millones de euros, asumiendo 85 millones de deuda y una ampliación de capital de 80 millones. En total, 440 millones. Sin embargo, Ramos modificó la oferta a última hora, lo que indignó a los vendedores y dinamitó la confianza en la negociación.
El nuevo planteamiento reducía la compra a 100 millones por 32.000 acciones, asegurando un control inicial del 42 % y dejando fuera a los minoritarios. La entrada del Grupo DMI, un socio mexicano con antecedentes en intentos de desembarco en Valencia, encendió las alarmas y generó suspicacias sobre las verdaderas intenciones del proyecto.
De acuerdo al diario Marca, las sospechas apuntan a que DMI busca aprovechar el patrimonio urbanístico del Sevilla, con la reforma del Sánchez-Pizjuán y la ampliación de la Ciudad Deportiva como grandes activos. El cambio de rumbo fue interpretado como una maniobra especulativa más que como un plan deportivo sólido, lo que aumentó la tensión entre las partes.
El entorno de Ramos defiende que el club está en “quiebra técnica” y que el dinero debe ir directamente a las arcas, no a los accionistas. Sin embargo, auditorías oficiales certifican la solvencia del Sevilla hasta 2030. La batalla entre discursos y cifras deja al club en un escenario incierto, con la venta rota y un futuro institucional que se complica cada día más.
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Escenario judicial abierto
La normativa de LaLiga desmonta parte de la propuesta de Sergio Ramos y su grupo inversor: el artículo 82 limita la ampliación de capital al 25 % de la cifra de negocio, por lo que los 120 millones ofertados no mejorarían el límite salarial para inscribir jugadores.
El viernes estaba previsto firmar la operación ante notario, pero el colapso ha abierto un escenario judicial inesperado. Los grandes accionistas preparan un requerimiento legal contra Ramos por incumplimiento de contrato, lo que eleva aún más la tensión en Nervión.
La penalización podría ascender a 500.000 euros, además de los gastos derivados del procedimiento y los honorarios de los profesionales implicados. Una cifra simbólica en comparación con el volumen de la operación, pero que refleja la ruptura definitiva entre las partes.
El Sevilla asegura que no habrá más contactos y que la operación está rota de manera irreversible. La tensión se traslada ahora a los tribunales, donde se decidirá si Ramos debe asumir responsabilidades legales por el giro en su propuesta.
El lunes, Sergio Ramos dará su versión en una rueda de prensa que promete ser explosiva. El exfutbolista pretende explicar su postura y lanzar acusaciones contra los accionistas, en un acto que podría marcar un antes y un después en su relación con el club de Nervión. @mundiario
