Alemania ante el abismo de la AfD: el dilema de ilegalizar al partido que acaricia el poder

Alemania afronta una de las decisiones más delicadas de su democracia constitucional: qué hacer ante el avance de Alternativa para Alemania (AfD) cuando la formación se ve abocada a convertirse en la primera fuerza electoral en varios Estados federados del país. La discusión política ha llegado al terreno más excepcional de la Ley Fundamental, con la posibilidad de pedir al Tribunal Constitucional Federal que determine si el partido debe ser declarado inconstitucional.

AfD no está siendo ilegalizada en estos momentos y no existe un procedimiento formal de prohibición abierto ante el Constitucional. Lo que existe es una creciente presión política, jurídica y social para que alguno de los tres órganos legitimados —el Gobierno federal, el Bundestag o el Bundesrat— presente una solicitud en Karlsruhe.

La iniciativa ha recuperado fuerza con una carta suscrita por más de un millar de juristas alemanes. Sus firmantes reclaman que las instituciones examinen si existen elementos suficientes para activar el mecanismo previsto en el artículo 21 de la Constitución alemana. El debate coincide, además, con un calendario electoral especialmente sensible dado que el grueso de las encuestas proyectan una rotunda victoria en el próximo ciclo a la vuelta del verano. 

La formación de extrema derecha tiene representación en el Bundestag, presencia en numerosos parlamentos regionales y una intención de voto particularmente elevada en los Länder orientales. En Sajonia-Anhalt, algunos sondeos citados en el debate sitúan a la formación por encima del 40 %, mientras que también aparece en cabeza o entre las primeras posiciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Las elecciones de Sajonia-Anhalt del 6 de septiembre y las de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental del 20 de septiembre convierten el debate constitucional en un asunto con consecuencias políticas inmediatas. Cuanto mayor es AfD electoralmente, mayor podría ser su capacidad para cumplir el requisito de potencial de actuación que exige la jurisprudencia constitucional; pero también mayor sería el coste político de intentar expulsarla del sistema mediante una proscripción.

Qué exige la Constitución alemana

El artículo 21 de la Ley Fundamental establece que son inconstitucionales aquellos partidos que, por sus objetivos o por el comportamiento de sus afiliados, pretendan perjudicar o eliminar el orden democrático libre o poner en peligro la existencia de la República Federal. Eso no significa que un partido pueda ser ilegalizado simplemente por ser radical, antisistema o impopular entre sus adversarios. El listón jurídico es deliberadamente alto.

El Constitucional tendría que analizar los objetivos de la formación, la conducta de sus dirigentes y miembros y, de manera especialmente relevante, si existe una estrategia dirigida contra los principios esenciales del sistema democrático y una capacidad real para llevarla a cabo. La jurisprudencia alemana dejó esta última condición especialmente clara con el caso del Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD), conocido hoy en día como Die Heimat, cuyo intento de prohibición fracasó ante el Constitucional en 2017. Entonces, los magistrados consideraron que sus objetivos eran contrarios al orden democrático, pero rechazaron prohibirlo porque la formación carecía de capacidad real para imponerlos. El escenario de AfD sería sustancialmente distinto por su peso electoral e institucional.

La última ofensiva jurídica procede del ámbito de las organizaciones de abogados y derechos civiles. Una carta promovida por el Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein reclama al Gobierno y al Bundestag que activen el procedimiento. Los promotores se apoyan, entre otros elementos, en un estudio de la Gesellschaft für Freiheitsrechte que analiza millones de documentos y sostiene que existen argumentos para que el Constitucional examine la actuación de AfD.

El informe no equivale a una investigación oficial ni condiciona al tribunal. Su importancia reside en que proporciona una argumentación jurídica para quienes consideran que ha llegado el momento de trasladar el debate desde la política al máximo órgano constitucional alemán. La cuestión central sería, por tanto, si las instituciones disponen ya de suficiente material probatorio para justificar una demanda de inconstitucionalidad o si todavía no se ha alcanzado el umbral exigido por Karlsruhe.

SPD, Verdes y La Izquierda presionan

Las posiciones políticas están lejos de ser homogéneas. En el Partido Socialdemócrata (SPD) existe una corriente favorable a preparar una eventual solicitud. Los socialdemócratas aprobaron en 2025 una resolución partidaria favorable a estudiar una posible prohibición. El vicecanciller Lars Klingbeil también ha defendido la necesidad de comprobar si concurren las condiciones constitucionales.

Los Verdes y La Izquierda mantienen posiciones igualmente favorables a acelerar el análisis. El argumento se apoya en el concepto constitucional alemán de la “democracia militante”, que establece que un Estado democrático no tendría por qué permanecer neutral ante organizaciones que pretendan utilizar las libertades constitucionales para acabar con el propio sistema.

La lógica contraria es defendida especialmente por la Unión Democristiana (CDU) y su hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU). Los conservadores sostienen que una prohibición solo debería plantearse si existen garantías razonables de que superaría el examen del máximo órgano de garantías. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha advertido de que los informes disponibles no bastan por sí solos para garantizar el éxito de un procedimiento.

La cautela tiene un motivo político además de jurídico: un fracaso en Karlsruhe podría convertirse en una victoria narrativa para AfD. El partido podría presentarse como víctima de un intento del sistema tradicional de eliminar por vía judicial a una fuerza respaldada por millones de electores.

¿Y si solo se prohíbe una federación regional?

La discusión ha llegado incluso a una hipótesis más limitada: actuar contra determinadas estructuras territoriales de AfD. En el punto de mira aparece especialmente la organización de Turingia, dirigida por el ultra Björn Höcke y considerada uno de los sectores más radicales del partido. La legislación alemana permite que una declaración de inconstitucionalidad pueda afectar a una parte jurídicamente independiente de una formación. Pero tampoco sería una decisión automática.

Primero habría que demostrar la suficiente autonomía de esa organización respecto a AfD a escala federal y, después, acreditar que cumple los exigentes requisitos constitucionales para ser declarada inconstitucional. En última instancia, tampoco serían los gobiernos regionales quienes podrían adoptar unilateralmente esa decisión, ya que el procedimiento tendría que llegar al Tribunal Constitucional a través de los cauces regulares.

Otro elemento que alimenta la confusión es el papel de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV). Los servicios de inteligencia han considerado a AfD una organización de extrema derecha confirmada, aunque la aplicación pública de esa clasificación se encuentra suspendida mientras los tribunales examinan el recurso presentado por el partido.

Pero vigilancia e ilegalización son procedimientos completamente distintos. Los servicios de inteligencia pueden recopilar información y ampliar la vigilancia cuando concurren determinados indicios de extremismo. No pueden, sin embargo, disolver un partido. La competencia para declarar inconstitucional una formación corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional Federal. @mundiario