El Congreso de Estados Unidos ha dado finalmente luz verde a uno de los paquetes de sanciones contra Rusia más ambiciosos desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. La Cámara de Representantes aprobó el miércoles, por 262 votos frente a 159, la legislación conocida como Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, después de que el Senado ya la hubiera respaldado en agosto por 86-11. El texto queda ahora en manos del presidente Donald Trump.
La importancia política del voto no reside únicamente en las sanciones previstas contra Rusia. También está en el largo recorrido que ha necesitado el proyecto para superar las reservas de ambos partidos y, especialmente, en la incógnita sobre cómo utilizará Trump las nuevas facultades que el Congreso le concede.
El proyecto pretende actuar sobre varios de los pilares que sostienen la economía rusa durante la guerra. Entre ellos aparecen altos funcionarios rusos, instituciones financieras, empresas estatales, proyectos energéticos y la denominada flota fantasma, la red de buques utilizada para transportar petróleo ruso y sortear parte de las restricciones occidentales.
Pero el elemento con mayor potencial internacional es otro: la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales compradores de petróleo o gas ruso y a otros países que ayuden a Moscú a eludir las sanciones energéticas. China, India y Turquía figuran entre los grandes compradores de hidrocarburos rusos, mientras que la propia Unión Europea, Pekín y Ankara tienen un peso relevante en las importaciones de gas.
El mecanismo pretende modificar el cálculo económico de los países que continúan comprando energía rusa. En lugar de limitarse a sancionar directamente a Moscú, Washington podría aumentar el coste de mantener determinadas relaciones comerciales con Rusia.
El texto contempla, además, excepciones. Los países que importen menos del 15% de las exportaciones rusas de gas y estén reduciendo de forma significativa esa dependencia podrían quedar exentos. La relación de países afectados tendría que revisarse cada 180 días.
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¿Trump va a firmar las sanciones?
Aquí aparece la principal incógnita. La legislación no equivale a que Estados Unidos vaya a aplicar automáticamente un arancel del 100% contra China, India o cualquier otro comprador de hidrocarburos rusos. El mecanismo concede al presidente una capacidad considerable para decidir cómo y cuándo utilizar esas herramientas.
Esa característica explica parte de las dificultades que acompañaron al proyecto durante meses. Algunos demócratas favorables a Ucrania temían que Trump pudiera utilizar las nuevas facultades arancelarias contra aliados estadounidenses, incluidos países europeos, y provocar un aumento de los precios para los consumidores estadounidenses.
También existe una preocupación diferente: que la amplitud de la discrecionalidad presidencial termine reduciendo el efecto práctico de unas sanciones concebidas precisamente para aumentar la presión sobre Moscú. El proyecto original era incluso más duro. Las versiones anteriores contemplaban aranceles de hasta el 500% sobre países que comprasen petróleo ruso, mientras que el texto finalmente aprobado redujo el máximo al 100% y concentró la medida en los principales compradores.
A fecha del 18 de septiembre, el presidente Trump aún no ha promulgado la ambiciosa ley de sanciones a Rusia e Irán, pero una fuente de la Casa Blanca confirmó a The Kyiv Independent que tiene previsto firmarla de manera inminente. Aunque la oposición demócrata teme el uso discrecional de este marco arancelario y existe cierta expectación sobre los plazos reales de implementación en Kiev, no hay ningún indicio formal de un veto o rechazo por parte de la Administración estadounidense.
El matiz es importante porque Trump ha mantenido durante su actual mandato una relación cambiante con la cuestión ucraniana. Durante su campaña criticó repetidamente el volumen de ayuda estadounidense a Ucrania y prometió buscar una solución rápida al conflicto. El nuevo paquete representa, en cambio, un instrumento para incrementar el coste económico de la continuidad de la guerra.
El apoyo presidencial al proyecto fue facilitado durante su tramitación por la incorporación de una extensión durante cinco años de determinadas sanciones existentes contra Irán, una cuestión prioritaria para la Administración. Según Associated Press, ese elemento contribuyó a conseguir el respaldo de Trump.
Para Kiev, la aprobación supone sobre todo una señal de que el Congreso mantiene abierta la vía de aumentar la presión económica sobre Rusia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había pedido públicamente a los legisladores estadounidenses que aprobaran el proyecto y reclamó también decisiones concretas de la Administración Trump.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó la aprobación como un paso para elevar el coste de la guerra y reducir los recursos disponibles para la maquinaria militar rusa. La utilidad real, sin embargo, dependerá de la aplicación. Un régimen de sanciones puede ser muy amplio sobre el papel y tener resultados diferentes dependiendo de las exenciones, las decisiones presidenciales, la capacidad de los países afectados para encontrar proveedores alternativos y la eficacia con la que se persiga la evasión.
Rusia advierte de que complicará cualquier negociación
Moscú ya ha reaccionado. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que nuevas sanciones estadounidenses constituirían “acciones hostiles” y advirtió de que dificultarían los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Esa respuesta encaja con la posición rusa de presentar las nuevas restricciones como un obstáculo para la diplomacia. Desde Washington y Kiev, el argumento es diferente: aumentar el coste económico de la guerra puede servir precisamente para incrementar los incentivos de Moscú para negociar.
No existe, sin embargo, una relación automática entre sanciones y negociación. Las restricciones económicas pueden reducir ingresos, aumentar costes y limitar determinadas capacidades, pero su efecto sobre las decisiones estratégicas de un Gobierno depende también de la duración de la guerra, de sus reservas, de sus socios comerciales y de la capacidad para redirigir exportaciones.
El aspecto más delicado del nuevo marco estadounidense es que sus consecuencias no se limitarían a Rusia. Si Trump utiliza los aranceles previstos, países que continúan comprando energía rusa podrían verse afectados directamente.
China e India son especialmente relevantes por el volumen de sus compras de petróleo ruso. Para Washington, presionar a estos compradores puede reducir los ingresos de Moscú. Para los países afectados, en cambio, supone afrontar la posibilidad de mayores costes comerciales o de buscar proveedores alternativos.
Europa también aparece indirectamente en la ecuación. Aunque la legislación contempla excepciones y mecanismos de revisión, algunos países europeos mantienen relaciones energéticas con Rusia y podrían quedar expuestos dependiendo de cómo se interpreten y apliquen las disposiciones.
Esto convierte el proyecto en algo más que una nueva ronda de sanciones contra Moscú. Es también una herramienta para intentar modificar el comportamiento de terceros países.
El Senado aprobó el proyecto con una mayoría extraordinariamente amplia, pero la iniciativa quedó posteriormente ralentizada en la Cámara de Representantes por las prioridades de la mayoría republicana y por las reservas de parte de los demócratas respecto a los aranceles.
El reparto final muestra que existe apoyo bipartidista a incrementar la presión sobre Rusia, pero también diferencias importantes sobre el instrumento elegido y, particularmente, sobre la amplitud de los poderes arancelarios concedidos al presidente. @mundiario
