El plan de Rabat tras el fin de la Minurso: Marruecos busca dar el carpetazo definitivo en la ONU

El fin de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), después de 35 años de presencia sobre el terreno, ha desencadenado una ofensiva política de Marruecos para convertir el cambio institucional en una victoria diplomática. Las dos cámaras del Parlamento marroquí cerraron filas este lunes en torno a Mohamed VI y defendieron que ha llegado el momento de avanzar hacia una solución definitiva basada en el plan de autonomía bajo soberanía marroquí. El mensaje de Rabat es inequívoco: pretende dejar atrás el marco de Naciones Unidas que durante décadas ha mantenido abierta la cuestión del Sáhara. Pero entre la proclamación de una nueva etapa y la resolución efectiva del conflicto existe una distancia considerable.

La sesión conjunta de las cámaras legislativas mostró un consenso poco habitual entre fuerzas políticas que todavía arrastran divisiones tras las elecciones de septiembre. Representantes de la mayoría y de la oposición coincidieron en presentar la soberanía sobre el Sáhara como una cuestión esencial de la identidad nacional. El presidente de la Cámara de Representantes, Ahmed Tuizi, afirmó que el final del mandato de la Minurso abre una etapa para «consolidar la soberanía nacional en pleno respeto de la legalidad internacional».

Tuizi insistió en que la integridad territorial marroquí «no es objeto de negociación» y definió el Sáhara como una «causa existencial». La intervención refleja la estrategia de la monarquía: transformar el respaldo interno a su posición en una plataforma política para acelerar el reconocimiento internacional de su propuesta de autonomía.

La principal diferencia entre el discurso político de Rabat y la situación jurídica internacional radica en el alcance real de la desaparición de la Minurso. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no consiguió renovar el mandato de la misión debido al enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, potencias que presentaron posiciones incompatibles y bloquearon sucesivamente las propuestas de continuidad. De este modo, la misión, desplegada desde 1991, entra ahora en un proceso de liquidación que contempla la repatriación de unos 160 observadores militares y cerca de 180 empleados civiles, además del cierre de sus 13 instalaciones y la retirada de equipos; operaciones cuyo inicio ya ha sido confirmado por la ONU, mientras Marruecos se ha comprometido a facilitar una retirada ordenada.

Sin embargo, la extinción del mandato de una misión de paz no equivale a una resolución del conflicto ni modifica automáticamente el estatus internacional del territorio. El Sáhara Occidental continúa incluido en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, una clasificación vinculada al proceso de descolonización que permanece vigente desde hace décadas. La Asamblea General renovó esa inclusión el pasado 15 de octubre.

Este elemento limita las posibilidades de Rabat de presentar el final de la Minurso como el cierre definitivo de la cuestión saharaui. La retirada de los observadores elimina una estructura de supervisión sobre el terreno, pero no borra el expediente de la ONU ni resuelve la disputa sobre el derecho de autodeterminación.

El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, ha reconocido indirectamente la importancia de ese escenario al referirse a la Cuarta Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos políticos especiales y descolonización. A diferencia del Consejo de Seguridad, en ese órgano no existe derecho de veto de las grandes potencias. Por tanto, la cuestión puede continuar en la agenda internacional aunque Marruecos consiga apoyos relevantes en el Consejo.

Según el análisis publicado por el medio marroquí Le Desk, Rabat afronta un nuevo desafío diplomático en esa comisión, donde la retirada del Sáhara de la lista de territorios pendientes de descolonización no se produce de manera automática. Los precedentes de Puerto Rico y Hong Kong muestran que estos cambios han dependido de procesos políticos específicos y de decisiones internacionales, no simplemente de la desaparición de una misión.

Rabat quiere convertir el plan de autonomía en la única salida

La estrategia marroquí busca aprovechar este nuevo escenario para consolidar su propuesta de autonomía como la base de cualquier negociación futura. Al respecto, el Gobierno sostiene que cuenta con el respaldo de dos tercios de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos países influyentes y miembros permanentes del Consejo de Seguridad; un apoyo diplomático que constituye un argumento de peso para el rey Mohamed VI, especialmente después de que Washington haya promovido una posición favorable al plan alauita. Sin embargo, el reconocimiento de dicha propuesta como eje para negociar no equivale necesariamente al reconocimiento universal de la soberanía de Marruecos sobre el territorio.

Mientras Rabat defiende que el Sáhara debe integrarse en el Estado marroquí mediante un régimen de autonomía, el Frente Polisario, por su parte, reclama un referéndum de autodeterminación que contemple la independencia; ambas posiciones parten de concepciones incompatibles sobre el futuro político del territorio. En este sentido, la sesión parlamentaria marroquí apenas abordó las verdaderas dificultades que implica convencer a los 193 Estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas de que el Sáhara ya no debe figurar en la lista de territorios pendientes de descolonización. Así, el consenso interno de Marruecos, por sólido que sea, no sustituye en ningún caso los procedimientos internacionales ni obliga a los países que mantienen una posición distinta.

La reacción del Frente Polisario será determinante para medir las consecuencias del fin de la misión. El movimiento saharaui considera que el proceso de descolonización sigue pendiente y rechaza que la solución pase por una autonomía bajo soberanía marroquí. Desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020, las hostilidades se han mantenido en distintos niveles, aunque sin regresar a una guerra convencional de gran escala.

La Minurso no era una fuerza militar capaz de imponer la paz, pero su presencia proporcionaba un mecanismo de observación y comunicación internacional. Su desaparición plantea dudas sobre quién podrá verificar los incidentes, mantener canales de contacto y ofrecer información independiente sobre posibles enfrentamientos.

El riesgo de escalada es una de las principales preocupaciones de los análisis internacionales. El International Crisis Group ha advertido en sus trabajos sobre el Sáhara de la fragilidad del alto el fuego y de la importancia de mantener mecanismos de contención. La retirada de la misión puede reducir la capacidad de supervisión y aumentar la incertidumbre, especialmente si las partes interpretan el nuevo escenario como una oportunidad para modificar los hechos sobre el terreno.

Argelia también ocupa una posición central. Su apoyo al Frente Polisario y la presencia de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf convierten la relación entre Rabat y Argel en uno de los factores que condicionan cualquier salida política. Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen rotas desde 2021.

Durante el debate parlamentario, algunos grupos de oposición marroquíes, entre ellos el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) y representantes de la izquierda, defendieron la necesidad de reconstruir puentes con Argelia. Esa propuesta contrasta con el discurso de confrontación nacionalista y apunta a una realidad difícil de eludir: sin algún tipo de entendimiento entre las dos potencias del Magreb, cualquier acuerdo sobre el Sáhara tendrá dificultades para consolidarse.

La incertidumbre se extiende al territorio

El presidente de la Cámara de Consejeros, Mohamed Uld Errachid, de origen saharaui, calificó el momento de «decisivo» y presentó la retirada de la Minurso como el comienzo de un nuevo horizonte, al tiempo que llamó a los refugiados saharauis de Tinduf a regresar a Marruecos, asegurando que «el regreso a la patria no constituye una derrota para nadie, sino el retorno al hogar». Si bien esta invitación forma parte de la narrativa marroquí de reintegración nacional, no resuelve las profundas cuestiones políticas que mantienen dividido al pueblo saharaui; de hecho, el retorno de la población refugiada, las garantías de representación, el reparto de competencias y la aceptación de un modelo de autonomía real siguen siendo asuntos complejos que exigirían acuerdos internacionales y concretos.

A ello se suma la dimensión regional. Durante el debate, representantes de la izquierda marroquí plantearon también reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, además de reclamar la liberación de presos políticos y de personas detenidas durante protestas contra la normalización de relaciones con Israel. Aunque esos asuntos no formaban parte del orden del día, su aparición evidencia que el nacionalismo territorial continúa teniendo un peso importante en la política marroquí.

El final de la Minurso representa un cambio significativo en el escenario del Sáhara Occidental, pero sus consecuencias siguen abiertas. Marruecos quiere aprovechar la falta de renovación del mandato para reforzar su propuesta de autonomía y reducir el espacio internacional de la reivindicación independentista. El Parlamento ha convertido esa estrategia en una posición de consenso nacional, con el respaldo de la monarquía y de buena parte del espectro político.

Rabat ha ganado margen para impulsar su relato diplomático, pero todavía debe convertir los apoyos políticos en una solución aceptable y reconocible internacionalmente. Mientras tanto, el Sáhara entra en una etapa sin la presencia de la misión que durante 35 años sirvió de referencia sobre el terreno, con un futuro político sin resolver y un equilibrio regional especialmente vulnerable. @mundiario