La guerra de Ucrania ha vuelto a mostrar la distancia entre los contactos diplomáticos y la realidad sobre el terreno. Al menos 26 personas murieron este lunes, 2 de noviembre, en una serie de bombardeos rusos contra una escuela de Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia, utilizada como refugio y punto de distribución de ayuda humanitaria. Entre las víctimas figuran dos rescatistas y cuatro policías, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El ataque se produjo después de uno de los últimos episodios de cooperación humanitaria entre ambos países y cuando Estados Unidos intenta reactivar las negociaciones para poner fin al conflicto.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la ofensiva de «absolutamente horrenda» y acusó a Moscú de atacar deliberadamente un lugar en el que sabía que se concentraban civiles. Según relató, las fuerzas rusas lanzaron primero varias bombas aéreas contra la escuela, coincidiendo con la llegada de vecinos que acudían a recoger alimentos y otros suministros. Posteriormente, habrían lanzado otras nueve bombas contra el refugio donde se había protegido la población.
«Después hubo un segundo ataque, con más bombas aéreas, esta vez contra el refugio», denunció Zelenski en su mensaje difundido por Telegram. El mandatario sostuvo que las fuerzas rusas ya conocían el uso humanitario del edificio porque la distribución de ayuda se realizaba allí cada semana. Esa acusación apunta a una posible intencionalidad contra civiles, aunque la responsabilidad concreta y las circunstancias del bombardeo deberán ser esclarecidas mediante una investigación independiente.
Komyshuvakha se encuentra a unos 20 kilómetros de la línea del frente y lleva meses expuesta a los ataques rusos. La proximidad de las posiciones militares explica que el centro educativo ya no funcionara como escuela ordinaria: se había convertido en un espacio de protección y asistencia para los habitantes que permanecían en la localidad.
El Servicio Estatal de Emergencias informó de que entre los fallecidos se encuentran los rescatistas Denys Konovalenko y Oleksii Sushchevskyi, ambos de 44 años. Los dos trabajaban en los servicios de protección civil de la región y habían recibido reconocimientos por su labor. Según las autoridades ucranianas, dejaron atrás a sus esposas y a cuatro hijos entre ambas familias.
La misma institución confirmó cinco heridos, incluidos dos miembros de los equipos de rescate. Las operaciones de búsqueda continuaban mientras los servicios de emergencia trataban de localizar a posibles supervivientes entre los escombros. La secretaria del Ayuntamiento de Zaporiyia, Regina Kharchenko, señaló que había 27 personas desaparecidas, una cifra que podía variar conforme avanzaran las tareas de identificación y rescate.
El ataque también destruyó un gimnasio, un edificio auxiliar y un vehículo de bomberos, además de causar daños en la propia escuela. La muerte de personal de emergencia y policías también revela las dificultades de trabajar en localidades próximas al frente: quienes acuden a socorrer a las víctimas pueden quedar expuestos a nuevos bombardeos.
La tregua de Oleshki no abrió una vía estable
La descripción ucraniana de dos oleadas de bombardeos plantea una cuestión especialmente grave: si las fuerzas atacantes conocían la presencia de civiles y de equipos de emergencia en el lugar. De confirmarse que el segundo ataque se produjo cuando los rescatistas ya estaban interviniendo, el episodio exigiría un examen específico desde la perspectiva del derecho internacional humanitario.
Las normas que regulan los conflictos armados obligan a distinguir entre objetivos militares y población civil, prohíben los ataques indiscriminados y exigen adoptar precauciones para reducir los daños a personas que no participan en las hostilidades. También protegen a los trabajadores sanitarios y de rescate que cumplen funciones humanitarias. La calificación de un ataque como crimen de guerra, sin embargo, requiere establecer hechos, responsabilidades y elementos jurídicos que no pueden darse por probados únicamente a partir de las declaraciones de una de las partes.
El armamento empleado también importa. Rusia utiliza con frecuencia bombas aéreas guiadas, conocidas como KAB, en las zonas próximas al frente. Estas municiones pueden incorporar módulos de planeo que amplían su alcance y permiten a los aviones lanzarlas desde posiciones relativamente alejadas de las defensas antiaéreas ucranianas. Su capacidad destructiva supone una amenaza considerable para localidades donde la población sigue viviendo, aunque las autoridades hayan recomendado o iniciado evacuaciones.
El bombardeo de Komyshuvakha se produjo un día después de expirar un alto el fuego local de seis días en Oleshky, en la región de Jersón. La tregua, impulsada con mediación estadounidense y atribuida por la Casa Blanca a gestiones de la primera dama Melania Trump, había permitido organizar la entrada de ayuda humanitaria y la evacuación de residentes que deseaban abandonar la localidad.
Aunque limitado geográfica y temporalmente, aquel acuerdo ofrecía un ejemplo de cooperación práctica entre dos ejércitos enfrentados. No suponía un avance hacia un alto el fuego general ni implicaba un compromiso político de las partes para detener las operaciones militares en otros sectores. Pero sí demostraba que, bajo determinadas condiciones y con intermediación externa, era posible establecer mecanismos puntuales para proteger a la población.
Zelenski sostiene que Rusia desaprovechó la oportunidad de ampliar esa cooperación. «Si Rusia genuinamente quisiera una desescalada, había una oportunidad después de la situación en Oleshki para continuar con medidas humanitarias. Nosotros lo propusimos. Pero Rusia sigue matando personas», afirmó. Su argumento es que la tregua podía servir como precedente para nuevos acuerdos locales, pero que los ataques posteriores muestran la ausencia de voluntad rusa para extenderlos.
Moscú no ha ofrecido en la información disponible una explicación independiente de las circunstancias del bombardeo de Komyshuvakha. Por tanto, la acusación ucraniana sobre un ataque deliberado contra un centro humanitario debe atribuirse a Kiev mientras no exista una investigación que permita contrastarla.
Washington prepara nuevas conversaciones en Abu Dabi
El momento del ataque añade presión a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos. Un alto funcionario estadounidense citado por Reuters aseguró que Washington reunirá a delegaciones de Rusia y Ucrania en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre. Las conversaciones abordarían posibles pasos para terminar la guerra, garantías de seguridad para el periodo posterior al conflicto y medidas de desescalada.
La iniciativa llega después de meses sin avances sustanciales en las negociaciones mediadas por Estados Unidos. La última ronda citada por Reuters se celebró en febrero, antes de que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán alterase las prioridades diplomáticas de Washington. Los negociadores estadounidenses buscan ahora algún avance antes de la llegada del invierno, cuando las condiciones meteorológicas y los ataques contra infraestructuras pueden agravar la situación humanitaria.
Sin embargo, el bombardeo de Zaporiyia evidencia el principal obstáculo: las partes siguen sin compartir una interpretación mínima de lo que debería significar una reducción de la violencia. Para Kiev, la continuidad de los ataques contra localidades civiles demuestra que Moscú no está dispuesto a realizar concesiones humanitarias reales. Para que las conversaciones produzcan resultados, será necesario convertir las declaraciones sobre la desescalada en compromisos verificables sobre el terreno.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, pidió que Rusia siga aislada internacionalmente y que no recupere su presencia en las principales competiciones deportivas. Su declaración se produjo después de una decisión del máximo tribunal deportivo que ordenó avanzar en la reincorporación rusa a determinados torneos. Sybiha defendió que las acciones militares de Moscú deben tener consecuencias también en el ámbito deportivo.
Zelenski, por su parte, reclamó una respuesta internacional «fuerte y dura» y más apoyo militar y político para Ucrania. Su petición busca mantener la presión sobre los aliados occidentales en un momento en que las relaciones con la Administración de Donald Trump atraviesan tensiones y Washington explora acuerdos energéticos y diplomáticos que Kiev observa con preocupación. @mundiario
