La disputa por las islas Malvinas vuelve a elevar la temperatura entre Argentina y el Reino Unido. Londres ha convocado a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para trasladarle su rechazo al arbitraje internacional promovido por el Gobierno de Javier Milei contra el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé la extracción de crudo en la Cuenca Malvinas Norte. La protesta británica escala la tensión en un conflicto que ambos países mantienen abierto desde hace décadas.
El movimiento británico llega apenas unos días después de que Milei ordenara a la Cancillería y a los equipos jurídicos argentinos iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Buenos Aires pretende impedir la explotación de hidrocarburos en la zona y que se concedan nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en la plataforma continental que Argentina reivindica como propia.
La respuesta de Londres ha sido inequívoca. Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, defendió que los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin “intimidación, coacción o interferencia” externa. El Gobierno británico considera que las actividades relacionadas con los hidrocarburos se desarrollan conforme a la legislación de las islas y, según su posición, al derecho internacional.
La protesta británica va más allá de la cuestión estrictamente petrolera. Kumaran sostuvo que la iniciativa argentina constituye, a juicio de Londres, “intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”. Y añadió una advertencia de mayor alcance al señalar que la actuación de Buenos Aires “plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.
El Gobierno británico ha insistido además en que mantendrá su respaldo a las autoridades de las Malvinas y a sus habitantes. La posición de Londres parte de la defensa del derecho de autodeterminación de los isleños, mientras que Argentina sostiene que ese principio no resuelve la disputa de soberanía entre ambos Estados.
La convocatoria de Plaza se produjo esta semana y, según la información difundida por medios argentinos, la diplomática recibió la comunicación británica antes de que Londres hiciera pública su posición. La Cancillería argentina no había informado inicialmente del encuentro ni había emitido una respuesta específica a la protesta británica.
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Sea Lion, el nuevo frente de la disputa
En el centro de la escalada se encuentra Sea Lion, un proyecto desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa pretende avanzar hacia la producción de petróleo y tiene como objetivo comenzar a extraer crudo en 2028. Rockhopper ha confirmado que mantiene ese calendario pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.
Para Argentina, la explotación unilateral de los recursos naturales en las áreas que considera parte de su plataforma continental supone un perjuicio para sus derechos soberanos. El Gobierno de Milei ha presentado el arbitraje como una vía jurídica y pacífica para intentar detener el proyecto y evitar nuevas actuaciones que, en su interpretación, agraven la controversia.
Milei, además, ha dado a Londres un plazo de dos semanas para detener la explotación antes de que Argentina evalúe recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El procedimiento anunciado por Buenos Aires se encuadra en los mecanismos de solución de controversias de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
El nuevo choque llega cuando la cuestión de los recursos energéticos está adquiriendo un peso creciente en la disputa. El desarrollo de Sea Lion podría modificar el perfil económico de las islas, cuya economía depende actualmente en buena medida de la pesca, y ha convertido el petróleo en uno de los principales puntos de fricción entre Buenos Aires, Londres y las autoridades de las Malvinas. @mundiario
