La declaración está respaldada por Francia, Reino Unido, España, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Portugal, Polonia, Suecia y Canadá. Los gobiernos firmantes plantean adoptar medidas nacionales, impulsar restricciones dentro de la Unión Europea o utilizar otros mecanismos previstos en sus legislaciones.
Francia, Reino Unido y Canadá han ido un paso más allá al anunciar su intención de dejar de comprar productos procedentes de los asentamientos. Todavía no existe una fecha concreta para aplicar estas restricciones.
La decisión busca aumentar la presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Los países firmantes consideran que la expansión de las colonias está dificultando cada vez más las posibilidades de alcanzar una solución basada en la existencia de dos Estados.
El Gobierno británico también prepara medidas contra empresas y particulares que presten servicios relacionados con la expansión de los asentamientos, incluidos trabajos de construcción o asesoramiento financiero.
El avance de las colonias cambia el escenario
La decisión llega después de que Israel acelerara sus planes para construir nuevas viviendas en la zona E1 de Cisjordania. El proyecto ha provocado críticas de varios gobiernos europeos, de la Comisión Europea y de Canadá debido a su posible impacto sobre la continuidad territorial de un futuro Estado palestino.
El crecimiento de los asentamientos también ha adquirido una dimensión económica. Según la organización israelí Peace Now, durante 2025 se aprobaron 54 nuevos asentamientos y cerca de 28.000 viviendas, una cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores.
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Más de medio millón de israelíes viven actualmente en asentamientos de Cisjordania, mientras que otros 200.000 residen en la parte oriental de Jerusalén, según los datos citados por la organización.
Los gobiernos que han firmado la declaración también han expresado su preocupación por la violencia ejercida por colonos israelíes contra palestinos y han rechazado cualquier iniciativa que pueda desembocar en la anexión de territorio o en el desplazamiento forzoso de población.
Israel y Estados Unidos rechazan la iniciativa
Las medidas anunciadas han generado una respuesta negativa desde Israel y Estados Unidos. El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó las futuras restricciones comerciales de un error de cálculo.
Por su parte, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, las describió como una forma de discriminación contra el pueblo judío. Además, advirtió de posibles consecuencias comerciales para empresas británicas en determinados estados de Estados Unidos que mantienen normas contra los boicots a Israel.
La reacción evidencia el creciente desacuerdo entre Israel y varios de sus aliados occidentales. Mientras los gobiernos firmantes defienden que sus acciones están dirigidas contra los asentamientos y no contra la población israelí, el Ejecutivo de Netanyahu afronta una presión diplomática cada vez mayor.
Para España y el resto de países participantes, el objetivo declarado es impedir que la expansión de las colonias termine haciendo inviable una solución de dos Estados. El conflicto entra así en una nueva fase en la que las decisiones comerciales comienzan a utilizarse como instrumento de presión política. @mundiario
