La apuesta europea por sacar parte de la gestión migratoria fuera de sus fronteras vuelve a ganar fuerza precisamente cuando el experimento que debía servir como referencia acumula dificultades. Italia puso en marcha en Albania unas instalaciones destinadas a gestionar a personas migrantes fuera de su territorio, un proyecto impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni que ha estado marcado por un uso muy limitado, disputas judiciales y dudas sobre su coste.
Pese a ese balance, varios Gobiernos consideran que la fórmula merece una segunda oportunidad. El argumento ha cobrado fuerza después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, una situación que ha obligado a Bruselas y a las capitales europeas a debatir cómo responder ante episodios de presión excepcional en las fronteras exteriores.
El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, defendió ante sus homólogos europeos la búsqueda de mecanismos que permitan afrontar estos escenarios mediante fórmulas diferentes a las actuales. Su planteamiento encontró respaldo entre los países que llevan meses reclamando una política de retornos más contundente.
La diferencia respecto a años anteriores es que ahora existe además un nuevo marco europeo que permite avanzar jurídicamente en esa dirección. La normativa sobre retornos acordada por las instituciones comunitarias contempla la posibilidad de crear centros de retorno en países que no pertenecen a la UE, siempre mediante acuerdos con esos Estados y bajo determinadas garantías de derechos fundamentales.
Dinamarca lidera el grupo que quiere acelerar el proyecto
Dinamarca se ha convertido en uno de los principales impulsores de esta estrategia. La primera ministra Mette Frederiksen lleva años defendiendo que determinadas fases del procedimiento migratorio puedan desarrollarse fuera del territorio comunitario.
Copenhague ya intentó avanzar en esa dirección mediante un acuerdo con Ruanda para gestionar allí solicitudes de asilo, aunque aquella iniciativa terminó paralizada. Ahora el contexto político es diferente: el endurecimiento de las políticas migratorias ha dejado de ser una propuesta marginal y ha pasado a ocupar un espacio cada vez más importante dentro de la agenda de varios Gobiernos europeos.
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Junto a Dinamarca e Italia, Austria, Alemania, Grecia y Países Bajos forman parte del grupo de países que estudia posibles acuerdos con Estados externos a la Unión. La intención es encontrar lugares donde puedan establecerse instalaciones destinadas a personas con una decisión de retorno.
Entre los países que han aparecido en distintas informaciones como posibles socios figuran Ruanda, Uganda, Uzbekistán e incluso Montenegro. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva sobre qué Estados podrían albergar estos centros.
La Comisión Europea insiste en que cualquier acuerdo tendría que respetar el derecho internacional y el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o graves vulneraciones de sus derechos. La normativa comunitaria también establece salvaguardas específicas y excluye a los menores no acompañados de estos acuerdos.
Ceuta puede acelerar una transformación de la política migratoria europea
El verdadero alcance de la crisis de Ceuta puede estar, por tanto, más allá de la propia frontera española. El episodio ha servido para reforzar dentro de la UE el argumento de quienes reclaman mecanismos excepcionales ante llegadas masivas y una mayor capacidad para ejecutar las decisiones de retorno.
Bruselas sostiene que las nuevas reglas pretenden hacer más rápidos y eficaces los procedimientos para quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. El Parlamento Europeo aprobó en junio el nuevo sistema por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Entre sus novedades figura precisamente la posibilidad de trasladar a personas sujetas a una decisión de retorno a terceros países mediante acuerdos específicos.
El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse. Las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes cuestionan que una crisis fronteriza pueda utilizarse para acelerar medidas que afectan a un problema mucho más amplio. También advierten de los riesgos que plantea delegar parte de las responsabilidades europeas en países externos al bloque.
El precedente italiano alimenta esas dudas. La existencia de unas instalaciones con un uso muy reducido y sometidas a continuas controversias plantea una cuestión central para el futuro proyecto europeo: si estos centros requieren importantes recursos y presentan obstáculos legales, su expansión podría no resultar tan sencilla como sugieren sus defensores.
Aun así, la dirección política parece clara. La UE está pasando de debatir si debe externalizar parte de sus procedimientos migratorios a estudiar cómo hacerlo bajo un marco común. La crisis de Ceuta ha añadido presión a ese proceso y ha dado argumentos a los Gobiernos que quieren acelerar las negociaciones.
El próximo paso será determinar qué países están dispuestos a acoger estas instalaciones y bajo qué condiciones. Si los acuerdos avanzan durante 2026, Europa podría encontrarse ante un cambio de modelo: las decisiones sobre quién puede quedarse en la UE seguirían tomándose dentro del bloque, pero parte de la gestión de los retornos podría trasladarse cada vez más lejos de sus fronteras. @mundiario
