Hungría ha dado un giro significativo en su política hacia las personas LGTBIQ+. El Parlamento aprobó este martes una reforma que elimina buena parte de las restricciones introducidas en 2021 por el Gobierno de Viktor Orbán bajo el argumento de proteger a los menores. La modificación suprime disposiciones que limitaban la representación de la homosexualidad y la diversidad de género en el ámbito educativo, los medios de comunicación y otros espacios accesibles al público infantil.
La votación salió adelante con 139 votos a favor y 51 en contra, gracias a la mayoría parlamentaria de Tisza, el partido del primer ministro Péter Magyar. La formación Fidesz, vinculada al anterior jefe del Gobierno, rechazó la reforma y acusó al Ejecutivo de desactivar la ley original por las presiones de la Unión Europea.
El cambio tiene una importancia que va más allá de la modificación de una norma concreta. Durante los últimos años, Hungría se convirtió en uno de los principales escenarios de confrontación entre las instituciones europeas y un Gobierno que defendía una interpretación restrictiva de los derechos sexuales y de género. La derogación parcial señala ahora un cambio de dirección en Budapest, aunque todavía no equivale a una equiparación plena de derechos.
La legislación de 2021 se presentó como una medida contra la pederastia y para reforzar la protección de la infancia. Sin embargo, su contenido incorporó restricciones a la representación o promoción de la homosexualidad y de la transición de género entre menores de 18 años. La reforma legislativa modificó otras normas, incluida la legislación de protección de la infancia, y extendió las limitaciones a libros, contenidos audiovisuales, programas de televisión y actividades educativas.
En la práctica, la ley dificultó que se abordaran cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género en centros escolares y medios de comunicación, incluso cuando se trataba de información adaptada a la edad. Algunas publicaciones que trataban estas cuestiones quedaron sujetas a restricciones comerciales y de presentación.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que la norma contribuía a estigmatizar a las personas homosexuales y transgénero al incluir las referencias a la diversidad sexual en una legislación dirigida a combatir los abusos contra menores. La crítica central no consistía en negar la necesidad de proteger a la infancia, sino en cuestionar que esa finalidad se utilizara para restringir información sobre una parte de la sociedad y asociar indirectamente su identidad con conductas delictivas.
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La reforma aprobada ahora elimina la prohibición general de representar o promover la diversidad sexual y de género en contenidos accesibles a menores. En su lugar, la legislación mantiene la protección frente a materiales que puedan perjudicar gravemente el desarrollo físico, intelectual, emocional o moral de los niños.
El nuevo planteamiento desplaza el foco desde la identidad u orientación sexual de las personas representadas hacia el posible contenido perjudicial del material. No supone que cualquier contenido sea automáticamente adecuado para todas las edades: siguen existiendo límites relacionados con la violencia, la sexualidad explícita y la protección de los menores.
El alcance de la reforma, sin embargo, es parcial. No elimina todas las restricciones que afectan a las personas LGTBIQ+ ni modifica automáticamente las normas sobre reconocimiento legal de las personas trans, matrimonio o adopción por parejas del mismo sexo. Por eso, las organizaciones del colectivo han recibido la decisión como un avance importante, pero insuficiente.
Péter Magyar cambia el rumbo sin abandonar el conservadurismo
Uno de los principales motores del cambio ha sido la presión judicial europea. En abril de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la legislación húngara vulneraba los principios y obligaciones fundamentales del bloque comunitario. La sentencia consideró que las disposiciones formaban parte de un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que estigmatizaban y marginaban a las personas LGTBIQ+.
El fallo elevó el coste político y jurídico de mantener intacta la normativa. Ya no se trataba únicamente de una disputa entre el Gobierno húngaro y organizaciones activistas, sino de un conflicto sobre el cumplimiento de los tratados europeos y los valores que los Estados miembros están obligados a respetar.
La Comisión Europea celebró la votación como una señal importante del compromiso de Hungría con los valores comunes. El respaldo institucional indica que Bruselas considera la reforma un paso en la dirección adecuada, aunque el texto aprobado no resuelva todos los problemas señalados por las instituciones y las organizaciones de derechos humanos.
La cuestión es especialmente relevante porque la pertenencia a la Unión Europea implica aceptar obligaciones jurídicas que limitan la capacidad de los gobiernos nacionales para aprobar medidas contrarias a los derechos fundamentales. Los Estados conservan margen para definir sus políticas educativas y de protección de la infancia, pero ese margen no permite establecer discriminaciones incompatibles con el derecho comunitario.
En este contexto, la derogación parcial puede interpretarse como una adaptación de Budapest a las exigencias europeas. También supone una rectificación de una de las políticas más controvertidas de Orbán, que había convertido la oposición a determinadas reivindicaciones LGTBIQ+ en una parte central de su discurso político.
La reforma también refleja el delicado equilibrio político del nuevo Gobierno. Péter Magyar llegó al poder tras la victoria electoral de Tisza en abril de 2026, que puso fin a los 16 años de dominio de Orbán. Su proyecto se ha presentado como una alternativa a la gestión anterior, con compromisos de acercamiento a la Unión Europea, recuperación del Estado de derecho y revisión de determinadas políticas institucionales.
Sin embargo, Magyar no ha construido su ascenso político sobre una defensa explícita de todas las reivindicaciones LGTBIQ+. Durante la campaña evitó convertir estas cuestiones en uno de sus principales argumentos electorales, en parte porque su partido también busca atraer a votantes conservadores que no se identifican con una agenda liberal en materia social.
Antes de la votación, el primer ministro presentó los cambios como una forma de reforzar la protección de la infancia con independencia de la orientación sexual. Esta formulación permite al Ejecutivo corregir una legislación cuestionada por la justicia europea sin asumir una ruptura ideológica completa con el conservadurismo que sigue teniendo peso en la sociedad húngara.
La estrategia diferencia a Magyar de Orbán, pero también establece límites a la transformación. El nuevo Gobierno puede retirar las disposiciones más difíciles de defender ante las instituciones europeas sin comprometerse, al menos de momento, a reformar todo el marco jurídico que regula los derechos de las personas homosexuales y transgénero.
El conflicto sobre la ley de protección de menores adquirió además una dimensión política tras el escándalo relacionado con el indulto concedido a un antiguo responsable de un centro infantil condenado por encubrir los abusos sexuales cometidos por su superior. El caso debilitó la credibilidad de un Gobierno que había situado la protección de la infancia en el centro de su discurso y ofreció a Magyar un argumento para presentarse como defensor de una mayor responsabilidad institucional.
No obstante, el alcance de la reforma actual debe medirse por sus efectos jurídicos, no solo por el cambio de liderazgo. El fin de determinadas prohibiciones representa una diferencia concreta respecto al periodo anterior, pero no convierte automáticamente a Tisza en un partido favorable a la igualdad plena en todos los ámbitos.
El Orgullo de Budapest y las restricciones que siguen vigentes
La evolución de las manifestaciones del Orgullo ofrece otra medida del cambio político. En 2025, durante el último tramo del Gobierno de Orbán, las autoridades utilizaron la legislación aprobada ese año para intentar impedir la celebración de la marcha. Pese a la prohibición, la convocatoria reunió a una multitud en Budapest, en una de las mayores movilizaciones de apoyo a los derechos LGTBIQ+ celebradas en el país.
Con Magyar en el Gobierno, la edición de este año se celebró sin las restricciones que habían marcado la etapa anterior. El contraste refleja una modificación del clima institucional y de la relación entre las autoridades y las organizaciones del colectivo.
Pero la reforma parlamentaria no elimina todas las herramientas legales que se utilizaron para limitar esas manifestaciones. Human Rights Watch ha advertido de que siguen vigentes disposiciones de la legislación sobre libertad de reunión que pueden afectar a las convocatorias relacionadas con los derechos LGTBIQ+. También permanecen formulaciones de la Constitución húngara que definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y vinculan la identidad de los menores con el sexo asignado al nacer.
Estas normas tienen consecuencias que van más allá del debate educativo. Las limitaciones al reconocimiento legal de las personas trans, las barreras para la adopción por parejas del mismo sexo y la falta de reconocimiento del matrimonio igualitario mantienen diferencias jurídicas entre distintos tipos de familias y ciudadanos.
La organización Hatter Society ha valorado positivamente la eliminación de las restricciones sobre contenidos LGTBIQ+, pero sostiene que la reforma es incompleta. Su argumento es que, mientras permanezcan otras disposiciones discriminatorias, la modificación no garantiza por sí sola una protección integral del colectivo. La organización reclama cambios adicionales para cumplir plenamente la sentencia europea.
La derogación parcial de la ley de Orbán constituye una victoria jurídica para las instituciones europeas y un cambio relevante en la política interna húngara. La Unión había convertido la defensa del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en uno de los principales puntos de fricción con el anterior Gobierno, junto con otros desacuerdos sobre la independencia institucional y el funcionamiento democrático. @mundiario
