Durante décadas, hablar de guerra en Europa significaba imaginar soldados, fronteras y armamento pesado. En 2026 esa imagen resulta insuficiente. Un aeropuerto paralizado, una red eléctrica dañada, un cable submarino cortado o una administración bloqueada por un ciberataque pueden provocar consecuencias sociales y económicas importantes sin que exista una declaración formal de guerra. El concepto de guerra híbrida intenta describir precisamente esa zona gris en la que se combinan sabotaje, presión económica, desinformación, operaciones digitales e intimidación militar.
Los episodios registrados este año muestran por qué la preocupación ha aumentado. El País señala que desde el inicio de la invasión de Ucrania se han documentado más de 150 incidentes vinculados o presuntamente relacionados con Rusia fuera del campo de batalla, aunque advierte de que la atribución de muchos casos continúa siendo compleja. Polonia y Rumanía concentran una parte importante de los episodios registrados y, solo durante los primeros ocho meses de 2026, una base de datos especializada contabilizó 65 incidentes aéreos atribuidos a Rusia en países europeos.
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Uno de los casos más graves ocurrió en Alemania. Berlín responsabilizó a Moscú del intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig/Halle ocurrido en agosto. Los aparatos transportaban explosivos y tenían como objetivo aeronaves de carga ucranianas, aunque no llegaron a detonar. Rusia ha negado su implicación en operaciones de sabotaje en Europa. El episodio resulta especialmente significativo porque muestra hasta qué punto un incidente ocurrido lejos del frente ucraniano puede acercarse peligrosamente a la frontera entre una operación encubierta y una agresión convencional.
El precio económico de sentirse vulnerable
La amenaza también empieza a modificar presupuestos e infraestructuras. Lituania, por ejemplo, construirá una subestación eléctrica estratégica próxima a Kaliningrado con barreras reforzadas, sensores para detectar túneles y estructuras de hormigón destinadas a proteger los transformadores frente a drones. Estas medidas de seguridad han elevado el coste previsto del proyecto en al menos 48 millones de euros. Polonia y Lituania reclaman que parte de estos gastos sean asumidos por la Unión Europea para evitar que los países fronterizos soporten solos el coste de proteger infraestructuras relevantes para todo el continente.
Y ahí aparece una consecuencia que trasciende la defensa. Fortificar redes eléctricas, proteger aeropuertos, reforzar telecomunicaciones y mejorar la ciberseguridad requiere recursos públicos y privados. Cada euro destinado a esa nueva capa de protección entra inevitablemente en una discusión presupuestaria junto a vivienda, sanidad, educación o transición energética. Pero no invertir también tiene un precio: una interrupción prolongada de electricidad, transporte, banca o comunicaciones puede generar pérdidas económicas muy superiores.
La población tampoco permanece ajena. La guerra híbrida introduce una sensación particularmente incómoda porque convierte elementos cotidianos —un móvil sin cobertura, un vuelo cancelado, un fallo eléctrico— en posibles asuntos de seguridad. Sin embargo, existe un riesgo comunicativo: no todo apagón es sabotaje, no todo dron responde a una operación extranjera y no todo ciberataque forma parte de una estrategia estatal. La atribución requiere investigaciones y evidencias. El propio seguimiento realizado por El País advierte de las discrepancias existentes entre organizaciones especializadas a la hora de determinar qué incidentes pueden vincularse realmente con Moscú.
Prepararse sin convertir Europa en un búnker
La respuesta de los gobiernos no debería limitarse, por tanto, a aumentar arsenales. Una parte fundamental de la solución pasa por la resiliencia civil: redes eléctricas con sistemas alternativos, hospitales capaces de continuar funcionando durante una crisis, mejores defensas informáticas, protección de cables submarinos, coordinación entre países y protocolos que permitan recuperar rápidamente los servicios esenciales. El cambio ya puede observarse en el Báltico, donde infraestructuras que antes se diseñaban fundamentalmente pensando en accidentes o fenómenos naturales ahora incorporan escenarios de sabotaje y ataques con drones.
También resulta imprescindible mejorar la cooperación europea. Una amenaza que puede comenzar en un servidor situado en un país, afectar un cable submarino compartido por varios Estados y terminar interrumpiendo servicios en otro difícilmente puede combatirse exclusivamente desde las fronteras nacionales. Pero esa coordinación necesita convivir con controles democráticos, transparencia y una comunicación pública que informe sobre los riesgos sin convertir cualquier incidente en una señal de guerra inminente.
Europa necesita prepararse, pero también proteger algo menos visible: la normalidad de sus sociedades. La seguridad no debería medirse únicamente por cuántos drones pueden derribarse, sino por cuánto tarda un hospital, una red eléctrica, un aeropuerto o una administración en recuperar su funcionamiento después de una crisis. Ese probablemente sea el gran cambio de 2026: comprender que la fortaleza de un país ya no depende solo de impedir que alguien cruce su frontera, sino de conseguir que la vida continúe cuando alguien intenta alterarla desde fuera. @mundiario
