La Paz en crisis: Evo Morales agita las protestas que ponen en jaque al Gobierno de Rodrigo Paz

Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social desde la crisis institucional de 2019. Las violentas protestas registradas en el centro de La Paz, protagonizadas por mineros asalariados, campesinos e indígenas movilizados contra el Gobierno de Rodrigo Paz, han puesto de manifiesto la fragilidad del nuevo equilibrio político surgido tras el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). La postal de miles de manifestantes enfrentándose durante horas a la policía en los alrededores de la plaza Murillo, mientras el Ejército aguardaba como última línea de contención institucional, refleja hasta qué punto la gobernabilidad del país se encuentra en una olla de presión.

La crisis no puede entenderse únicamente como una reacción espontánea ante el deterioro económico. El conflicto también tiene una dimensión política de gran profundidad. Detrás de las movilizaciones aparece la figura del expresidente de extrema izquierda Evo Morales, quien, desde su bastión político en la región cocalera de Chapare, continúa ejerciendo una enorme capacidad de movilización sobre sindicatos campesinos, sectores indígenas y organizaciones sociales que durante años constituyeron la columna vertebral del MAS, que en las últimas elecciones se quedó por fuera del Senado, con apenas un diputado en la Cámara Baja y fuera del primer balotaje en la historia contemporánea del país altiplano.

Aunque el exmandatario rechaza las acusaciones del Ejecutivo y sostiene que las protestas son una respuesta “natural” al malestar ciudadano, el Gobierno interpreta la ofensiva como un intento coordinado de desestabilización destinado a erosionar al presidente en el arranque de su mandato.

El escenario evidencia que el llamado “post-masismo” está lejos de haberse consolidado. La victoria electoral de Rodrigo Paz supuso un cambio político de calado en Bolivia ya que, por primera vez en años, un dirigente de perfil centrista y reformista logró articular una alternativa competitiva frente al aparato político construido por Morales. Su propuesta de un “capitalismo para todos” pretendía atraer tanto a sectores urbanos como a parte de la nueva burguesía indígena emergente durante los años de bonanza económica del MAS. Sin embargo, las expectativas generadas por el cambio chocan ahora con una realidad económica especialmente adversa.

La inflación creciente, los problemas de abastecimiento de combustible, la caída del consumo y las previsiones negativas del Fondo Monetario Internacional (FMI) han deteriorado rápidamente el clima social. Bolivia encara una posible contracción económica del 3,3 % en 2026, un dato especialmente grave para un país cuya estabilidad política históricamente ha estado muy vinculada al mantenimiento de subsidios, empleo público y crecimiento sostenido. La sensación de incertidumbre se ha intensificado además por los bloqueos de carreteras y el aislamiento progresivo de ciudades estratégicas como La Paz, Cochabamba o El Alto, donde comienzan a escasear productos básicos.

El Gobierno enfrenta su mayor reto

El detonante inmediato de la actual crisis fue la polémica Ley 1720, que abría la puerta a transformar pequeñas propiedades campesinas en medianas explotaciones susceptibles de ser utilizadas como garantía bancaria. Aunque el Gobierno terminó reculando y derogando la norma ante la presión social, el daño político ya estaba hecho. Amplios sectores rurales interpretaron la medida como el inicio de un proceso de liberalización económica que podría favorecer la concentración de tierras y debilitar el modelo comunitario protegido por la Constitución boliviana.

Ese temor ha sido aprovechado con habilidad por Morales. El expresidente ha reconstruido un discurso de resistencia contra un supuesto retorno del “neoliberalismo”, denunciando privatizaciones, condicionamientos del FMI y reformas constitucionales encubiertas. Su narrativa conecta con una parte importante de la población indígena y campesina que percibe las reformas económicas del nuevo Ejecutivo como una amenaza directa a los avances sociales y simbólicos alcanzados durante el ciclo político del MAS.

La estrategia de Morales también responde a sus propias necesidades políticas y judiciales. El líder cocalero permanece refugiado en el Chapare mientras pesa sobre él una orden de captura vinculada a un caso de presunta trata de menores, tras embarazar a una adolescente de 15 años cuando era presidente, con consentimiento de sus padres a cambio de contraprestaciones políticas y económicas. Desde allí denuncia persecución política y acusa al Gobierno de intentar neutralizarlo mediante operaciones policiales y militares. El conflicto, por tanto, reivindicación social, lucha por el poder y supervivencia política.

Para Rodrigo Paz, el desafío es especialmente complejo porque sus márgenes de maniobra son reducidos. Si opta por endurecer la respuesta estatal, corre el riesgo de alimentar el relato victimista del evismo y provocar una escalada aún mayor. Pero si muestra debilidad o incapacidad para restablecer el orden, puede acelerar la pérdida de autoridad de un Gobierno que apenas comienza su recorrido. Hasta ahora, el Ejecutivo ha intentado combinar despliegues policiales con mensajes de contención, evitando el uso de armas de fuego y apelando al diálogo, aunque las organizaciones movilizadas ya han firmado pactos internos para rechazar cualquier negociación. @mundiario