La UE encara a EE UU por las nuevas sanciones y exige que el TPI pueda actuar sin presiones

La Unión Europea ha decidido respaldar públicamente al Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que Estados Unidos haya ampliado su campaña de sanciones contra miembros de la institución con sede en La Haya. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han defendido la independencia del tribunal y han advertido, en términos diplomáticos pero inequívocos, de que sus jueces y funcionarios deben poder actuar sin presiones externas.

La disputa ya no se limita a las diferencias entre Washington y una institución judicial internacional. Está empezando a convertirse en otro de los puntos de fricción entre Estados Unidos y Europa en torno a la concepción del orden internacional, la soberanía de los Estados y los límites de la justicia penal internacional.

La Administración estadounidense anunció el martes sanciones contra Tomoko Akane, presidenta del TPI, y Abdoulaye Seye, jurista de la Fiscalía del tribunal. Las medidas implican restricciones financieras y el bloqueo de activos sujetos a jurisdicción estadounidense. 

Washington sostiene que los dos funcionarios han participado directamente en actuaciones destinadas a investigar o perseguir a responsables de Gobiernos que no han aceptado la jurisdicción de la Corte. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusa a la institución de estar «corrupta» y «fatalmente politizada» y considera que ha excedido sus competencias.

La posición estadounidense parte de una cuestión jurídica de fondo: Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma, tratado que creó el TPI, y Washington sostiene que el tribunal no puede extender su autoridad sobre ciudadanos de países que no han consentido su jurisdicción.

La Corte mantiene una interpretación distinta. Palestina ingresó en el Estatuto de Roma en 2015, y el tribunal considera que tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios palestinos. De ahí deriva buena parte del conflicto actual y, en particular, las investigaciones relacionadas con la guerra de Gaza.

La cuestión, por tanto, no es solamente política. Existe un debate jurídico real sobre el alcance de la jurisdicción de la CPI, aunque Washington haya decidido combatir la actuación del tribunal mediante sanciones individuales.

Europa defiende la independencia de los jueces

La respuesta europea ha sido rápida porque los Veintisiete forman parte del Estatuto de Roma y consideran al TPI una pieza relevante del sistema internacional de justicia. Von der Leyen y Costa han afirmado que la Corte contribuye a hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más graves y que sus jueces y funcionarios deben poder actuar independientemente y sin presiones externas. 

Alemania y Países Bajos —país anfitrión de la institución— también han rechazado las sanciones. España, por su parte, ha descrito al TPI como una pieza fundamental de la justicia penal internacional. La posición de Madrid no es nueva: en mayo el Gobierno de Pedro Sánchez ya pidió a la Comisión Europea que activase el Estatuto de Bloqueo para impedir que determinadas sanciones estadounidenses contra jueces y fiscales de la institución produjeran efectos dentro de la Unión.

La respuesta europea tiene una lógica institucional evidente: si los funcionarios de una organización judicial internacional pueden ser castigados económicamente por investigar determinados hechos, la independencia de esa institución queda sometida a una presión externa considerable.

Los 27 países de la Unión pertenecen al tribunal, pero eso no significa que exista una posición europea completamente uniforme sobre todas las decisiones del tribunal. La orden de arresto emitida contra Benjamín Netanyahu ha provocado precisamente esa dificultad. Algunos Gobiernos europeos han mostrado un respaldo explícito a la Corte, mientras otros han evitado comprometerse públicamente sobre qué harían si el primer ministro israelí viajara a su territorio.

Europa puede sostener que una orden judicial debe ser respetada sin necesidad de compartir políticamente cada conclusión del tribunal. De hecho, esa es probablemente la prueba más exigente para la credibilidad del TPI: que sus decisiones sean examinadas desde el Derecho y no según la conveniencia de cada Gobierno.

El problema para Bruselas es que cuanto más firme sea su defensa de la independencia judicial, mayor será también la expectativa de que los Estados miembros actúen de acuerdo con las resoluciones de la institución.

Una batalla que viene de lejos

Las sanciones contra Akane y Seye tampoco aparecen de repente. Forman parte de una campaña estadounidense iniciada durante la Administración Trump contra el TPI y que ya había afectado a fiscales y jueces del tribunal, incluido el antiguo fiscal jefe Karim Khan. Reuters señala que las nuevas medidas elevan a 13 los funcionarios de la institución sancionados por Estados Unidos, entre ellos nueve jueces.

Washington ha llegado incluso a plantear una ofensiva diplomática para convencer a Estados parte de que abandonen el Estatuto de Roma. Venezuela y Chad han anunciado recientemente su intención de retirarse, lo que añade presión sobre una institución que depende de la cooperación de los Estados para hacer efectivas muchas de sus actuaciones.

El movimiento estadounidense tiene, además, un componente claramente geopolítico. La institución ha investigado actuaciones relacionadas con Israel, pero también emitió en 2023 una orden de arresto contra Vladímir Putin por presuntos crímenes vinculados a la guerra de Ucrania. Rusia tampoco reconoce la jurisdicción del tribunal y respondió con sus propias medidas contra responsables de la Corte.

La institución se encuentra, por tanto, atrapada entre dos realidades: pretende ejercer una justicia de alcance internacional, pero carece de una autoridad universalmente reconocida y depende de la voluntad de los Estados para ejecutar buena parte de sus decisiones. @mundiario