La UE tensa la cuerda y plantea un veto comercial contra los asentamientos israelíes

Bruselas abre un nuevo frente contra Tel Aviv. La Comisión Europea ha presentado un documento confidencial (non-paper) que detalla cómo restringir o prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania. El plan busca ahogar económicamente los territorios ocupados, pero ha fracturado a la Unión Europea: el bloque debate el lunes si aprueba el veto por mayoría cualificada —vía comercial— o si arriesga la medida al requerir unanimidad diplomática.

Aunque todavía no existe una propuesta legislativa formal, el non-paper remitido por Bruselas supone un paso político significativo. Por primera vez en este contexto reciente, el Ejecutivo comunitario plantea distintas fórmulas comerciales que podrían traducirse en una mayor presión económica sobre los asentamientos cuya legalidad es cuestionada por la comunidad internacional.

Al mismo tiempo, Irlanda ha decidido avanzar por su cuenta. El Parlamento irlandés ha aprobado una ley para prohibir la importación de productos procedentes de esos asentamientos y continúa presionando para que la Unión Europea adopte una respuesta mucho más contundente.

Durante los últimos meses, una mayoría de Estados miembros había reclamado a la Comisión Europea que estudiara nuevas herramientas para responder a la continua expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y otras zonas ocupadas.

La respuesta de Bruselas ha llegado en forma de un documento de trabajo que será debatido por los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete. Este texto no contiene una decisión definitiva, sino distintas alternativas que permitirían endurecer el actual régimen comercial aplicable a los productos procedentes de los asentamientos.

Entre las opciones analizadas destacan tres mecanismos principales: imponer un sistema de licencias de exportación más estricto, establecer aranceles suficientemente elevados para desincentivar las importaciones o aplicar un veto total o parcial a los productos originarios de dichos territorios.

Cada una de estas fórmulas presenta ventajas e inconvenientes desde el punto de vista jurídico y práctico, motivo por el que la Comisión ha optado inicialmente por abrir el debate político antes de formular una propuesta concreta.

El gran obstáculo: la base jurídica

Más allá del contenido de las posibles restricciones, uno de los principales debates gira en torno al procedimiento necesario para aprobarlas, ya que si Bruselas considera que se trata de una cuestión de política comercial común, bastaría una mayoría cualificada de Estados miembros para sacar adelante la medida.

Sin embargo, si se interpreta como una decisión de política exterior y de seguridad común, sería necesaria la unanimidad de los Veintisiete, lo que otorgaría a cualquier país capacidad para bloquear toda la iniciativa.

La Comisión mantiene que la vía adecuada sería la política exterior, mientras que diversos servicios jurídicos del Consejo consideran que determinadas restricciones comerciales podrían aprobarse utilizando la legislación comercial ordinaria, facilitando así su eventual adopción.

Uno de los argumentos que explican la revisión del modelo vigente es que las restricciones existentes no siempre consiguen impedir la entrada de productos procedentes de los asentamientos, ya que diversas investigaciones han señalado que algunos exportadores logran introducir mercancías mediante etiquetados incorrectos o mezclando productos fabricados dentro del territorio internacionalmente reconocido de Israel con otros originarios de dichas colonias.

Precisamente por ello, la Comisión reconoce que tanto los sistemas de licencias como los aranceles adicionales podrían seguir siendo vulnerables a mecanismos de elusión si no van acompañados de controles más eficaces. De ahí que el veto total aparezca como la opción más contundente, aunque también la más compleja desde el punto de vista operativo y político.

Irlanda acelera el debate europeo

Mientras Bruselas estudia distintas alternativas, Irlanda ha decidido avanzar con medidas nacionales mediante la aprobación en su Parlamento de una ley que prohíbe la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes situados fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel. Aunque el volumen económico afectado es relativamente reducido —inferior al millón de euros durante varios años, según los datos disponibles—, el alcance político de la medida es considerable.

Dublín busca establecer un precedente dentro de la Unión Europea y demostrar que este tipo de restricciones pueden aplicarse utilizando como fundamento jurídico el dictamen consultivo emitido en 2024 por la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación de los territorios palestinos.

Esta iniciativa comercial forma parte de una política más amplia impulsada por el Gobierno irlandés. Además del veto a las importaciones, Dublín ha solicitado revisar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel —el principal marco jurídico que regula las relaciones económicas entre ambas partes— y ha prohibido la entrada en su territorio a los ministros israelíes Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Finanzas), mientras reclama que el conjunto de la Unión estudie sanciones similares.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha defendido además que la respuesta europea debería ser más firme frente a la evolución del conflicto, criticando lo que considera una reacción insuficiente por parte de las instituciones comunitarias.

A pesar del creciente impulso político, alcanzar una posición común continúa siendo complicado debido a que las posturas entre los Estados miembros siguen siendo muy diversas respecto al alcance de las posibles medidas contra Israel. En este sentido, mientras algunos gobiernos consideran necesario incrementar la presión económica para responder a la expansión de los asentamientos, otros muestran reservas sobre las consecuencias diplomáticas, comerciales y jurídicas que podrían derivarse de nuevas restricciones.

Por ese motivo, la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores difícilmente concluirá con una decisión definitiva. El objetivo inmediato parece centrarse en medir el grado de consenso existente antes de que la Comisión decida si presenta una propuesta legislativa concreta y bajo qué base jurídica hacerlo.

Sin embargo, el desenlace dependerá menos del contenido técnico de las opciones planteadas que de la capacidad de los Veintisiete para construir una posición común. @mundiario