La política migratoria española se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en la Unión Europea. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular ha vuelto a enfrentar a Madrid con varios socios comunitarios, encabezados por Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, las primeras ministras de Italia y Dinamarca, respectivamente.
La disputa ha llegado al Consejo Europeo de Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno debaten sobre el control de las fronteras, la gestión de las llegadas irregulares y las medidas para agilizar las expulsiones. En este escenario, Frederiksen ha solicitado a la Comisión Europea que examine la regularización española, al considerar que contradice la orientación mayoritaria de la política migratoria comunitaria.
El enfrentamiento resulta especialmente significativo porque la dirigente danesa pertenece a la familia socialdemócrata europea, al igual que Sánchez. Sin embargo, ambos mantienen posiciones muy diferentes sobre cómo debe responder la Unión Europea a la inmigración irregular.
Dinamarca pide explicaciones a Bruselas por la decisión española
Frederiksen ha cuestionado que una persona que entra irregularmente en un país pueda obtener posteriormente autorización para permanecer en él. A su juicio, esta posibilidad choca con la estrategia que están impulsando numerosos gobiernos europeos, centrada en reforzar los controles fronterizos y dificultar las entradas sin autorización.
Por ello, ha pedido a la Comisión Europea que analice las consecuencias de las medidas adoptadas por España. La iniciativa sitúa la regularización extraordinaria en el centro del debate comunitario y abre un nuevo frente político para el Ejecutivo de Sánchez.
La controversia no se limita a una diferencia de criterios sobre la integración de los inmigrantes. También plantea interrogantes sobre la coordinación entre los Estados miembros y sobre el margen de actuación de cada Gobierno a la hora de conceder permisos de residencia.
Los críticos de la decisión española temen que una regularización de gran alcance pueda incentivar nuevas llegadas o favorecer los movimientos de personas entre países de la Unión. El Ejecutivo español, por su parte, defiende que su política migratoria puede contribuir a la integración social, al crecimiento económico y a la cohesión del país.
Meloni refuerza la presión para endurecer la política migratoria
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha mantenido una posición crítica con Madrid. Aunque ambos gobiernos han avanzado en el acercamiento bilateral para poner fin a las medidas de control fronterizo adoptadas tras la crisis migratoria de Ceuta, sus diferencias sobre inmigración siguen siendo profundas.
Meloni participó en una reunión paralela a la cumbre europea con representantes de otros 17 Estados miembros, un encuentro centrado en reforzar las medidas contra las llegadas irregulares. Entre las propuestas planteadas figuran acelerar la puesta en marcha de centros de retorno en terceros países y revisar determinados procedimientos para facilitar la gestión de los migrantes durante los controles fronterizos.
La dirigente italiana considera prioritario prevenir las entradas irregulares masivas y evitar que la migración sea utilizada como instrumento de presión sobre los Estados europeos. Su postura coincide con la de otros gobiernos que reclaman una estrategia comunitaria más restrictiva.
En ese contexto, la regularización impulsada por España se ha convertido en un símbolo de las dos visiones que conviven en la Unión Europea: una que prioriza el control de las fronteras y las expulsiones, y otra que defiende combinar la gestión migratoria con la integración de quienes ya viven en el territorio.
La crisis de Ceuta vuelve a alimentar el enfrentamiento
Las críticas a España también han estado relacionadas con la crisis migratoria de Ceuta, aunque la Comisión Europea ha rechazado que la regularización española fuese la causa de las llegadas masivas registradas en el enclave.
A pesar de ello, varios dirigentes han utilizado ese episodio para advertir de los posibles efectos de las decisiones nacionales sobre el conjunto de la Unión. El canciller austríaco, Christian Stocker, ha calificado la regularización de mala señal en un momento en el que los gobiernos europeos intentan reducir la inmigración irregular.
El primer ministro checo, Andrej Babiš, ha ido más allá con sus declaraciones y ha acusado a algunos políticos de estar dispuestos a sustituir a la población para mantenerse en el poder. Sus palabras reflejan el tono cada vez más duro que ha adquirido el debate migratorio en determinados sectores de la política europea.
La Comisión, sin embargo, ha insistido en que la relación entre la regularización y los acontecimientos de Ceuta no está acreditada. Esta diferencia entre las acusaciones políticas y las explicaciones institucionales constituye uno de los elementos centrales de la controversia.
Una Europa dividida pese al descenso de las llegadas irregulares
El debate se produce en un momento en el que la Unión Europea intenta consolidar una política migratoria común. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que los cruces irregulares de las fronteras comunitarias han descendido un 55 % en los dos últimos años, según los datos que presentó antes de la cumbre.
Estas cifras no han frenado las demandas de quienes reclaman nuevas medidas de control. Varios gobiernos consideran necesario acelerar las expulsiones, desarrollar mecanismos de retorno fuera del territorio comunitario y reforzar la capacidad de actuación de las autoridades fronterizas.
La reunión paralela celebrada en Bruselas, con la participación de 18 países, ha evidenciado la existencia de un bloque favorable a endurecer las políticas migratorias. Sus integrantes buscan avanzar en nuevas iniciativas y aumentar la eficacia de los procedimientos de retorno.
España se encuentra así ante una posición complicada: defender su modelo de regularización mientras una parte importante de sus socios presiona para que la política común evolucione hacia un mayor control de las entradas y unas condiciones más estrictas para permanecer en territorio europeo.
Sánchez defiende un modelo basado en la integración
Frente a las críticas, el presidente del Gobierno español ha reivindicado una gestión migratoria responsable, solidaria y compatible con el respeto a los derechos humanos. Su Ejecutivo sostiene que la inmigración puede contribuir al desarrollo económico y que la integración de quienes ya residen en España debe formar parte de la respuesta institucional.
El choque con Meloni y Frederiksen también tiene una dimensión política. La inmigración se ha convertido en un asunto prioritario para numerosos gobiernos europeos, especialmente en un contexto de creciente competencia electoral y de avance de las formaciones de extrema derecha en distintos países.
La regularización española ofrece a sus detractores un argumento para cuestionar la estrategia de Sánchez, mientras que el Gobierno busca defender que su decisión responde a las necesidades del país y no supone una renuncia al control de las fronteras.
La discusión no implica, por ahora, que Bruselas haya declarado incompatible la regularización con las normas europeas. La petición danesa abre un examen político sobre sus consecuencias, pero no equivale a una resolución formal contra España.
El resultado de este pulso será relevante para el futuro de la política migratoria europea. Mientras los partidarios de endurecer las condiciones de entrada reclaman más controles y expulsiones, España insiste en que la gestión de la inmigración también debe tener en cuenta la realidad social y económica de las personas que viven en su territorio. @mundiario
