El resultado electoral ha dibujado una paradoja que resume buena parte de los problemas de la democracia israelí: el Likud de Netanyahu continúa siendo la fuerza más votada, con 27 escaños, pero el conjunto de partidos que respaldan al primer ministro se ha quedado en 53 diputados, lejos de los 61 necesarios para controlar la Knesset. Yashar, la formación de Eisenkot, ha conseguido 21 representantes.
La diferencia no implica que Netanyahu haya desaparecido del tablero. Mientras no se constituya otro Ejecutivo, seguirá al frente de un Gobierno en funciones que conserva importantes atribuciones, incluidas las relacionadas con la seguridad y la política exterior. Por tanto, Israel puede encontrarse durante semanas con una dirección política cuestionada en el Parlamento, pero todavía dotada de capacidad para tomar decisiones de enorme trascendencia.
El desgaste del dirigente del Likud también debe entenderse desde una perspectiva más amplia. Los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la guerra posterior en Gaza, la situación de los rehenes y las controversias sobre las responsabilidades políticas y de seguridad han alimentado una discusión que trasciende las diferencias ideológicas tradicionales.
A ello se suman los procesos judiciales por corrupción que afectan a Netanyahu y el enfrentamiento institucional que provocó su proyecto de reforma judicial. Para una parte del electorado, estas cuestiones forman parte de un problema de confianza en el liderazgo y en el funcionamiento de las instituciones.
Para sus partidarios, en cambio, la continuidad del primer ministro sigue vinculada a la experiencia y a la seguridad nacional. Esa división explica por qué el rechazo a Netanyahu ha conseguido reunir fuerzas tan diferentes, pero también por qué resulta complicado convertir esa oposición en un proyecto político compartido.
El voto árabe y los partidos religiosos, protagonistas de la negociación
La aritmética parlamentaria ha colocado a los partidos árabes en una posición decisiva. Las formaciones de este espacio reúnen 19 escaños y han respaldado la candidatura de Eisenkot en las consultas presidenciales. Sin embargo, recomendar a un candidato no significa necesariamente aceptar entrar en su Gobierno ni garantizar todos sus votos durante la legislatura.
Este matiz es fundamental. Los partidos árabes reclaman respuestas a problemas que afectan a sus comunidades, entre ellos la violencia criminal, la falta de infraestructuras y las desigualdades en los servicios públicos. Su participación en las negociaciones representa también una cuestión política de fondo: hasta qué punto pueden influir en la gobernabilidad de un Estado cuya identidad nacional y cuyo sistema político siguen generando importantes controversias.
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Pero Eisenkot tiene otro frente abierto. Los sectores más conservadores de su posible mayoría mantienen reservas sobre cualquier acuerdo que dependa de las formaciones árabes. Al mismo tiempo, los partidos ultraortodoxos pueden convertirse en interlocutores relevantes, aunque sus exigencias sobre las exenciones del servicio militar chocan con los compromisos de reforma defendidos por el líder de Yashar.
La negociación, por tanto, no consiste únicamente en sumar diputados. Supone decidir qué concesiones está dispuesto a aceptar cada partido y qué compromisos pueden sostenerse sin provocar una ruptura interna.
Israel necesita algo más que sustituir a Netanyahu
La decisión del presidente Isaac Herzog de encargar a Eisenkot la formación del Ejecutivo, anunciada el sábado 7 de noviembre, abre una nueva fase, pero no garantiza un cambio de Gobierno. El dirigente centrista dispone de 28 días, ampliables otros 14, para encontrar una fórmula que reúna los apoyos necesarios.
Hay tres escenarios sobre la mesa. El primero pasa por un Ejecutivo minoritario de Eisenkot, sostenido parlamentariamente por las formaciones árabes. El segundo contempla acuerdos con partidos ultraortodoxos, aunque obligaría a negociar cuestiones especialmente sensibles, como el servicio militar. El tercero sería un Gobierno de unidad más amplio, con sectores del Likud, una posibilidad complicada por la negativa de Eisenkot a compartir Ejecutivo con Netanyahu.
Si las negociaciones fracasan, el presidente podría ofrecer una nueva oportunidad al actual primer ministro. Si tampoco prosperase esa vía, Israel podría verse abocado a otras elecciones, prolongando la incertidumbre institucional.
La cuestión de fondo es que Israel no afronta exclusivamente una batalla entre dos dirigentes. Está intentando resolver una crisis de representación, confianza y convivencia política en una sociedad profundamente dividida por la guerra, la seguridad, la religión, la identidad nacional y el papel de las minorías.
La eventual salida de Netanyahu podría modificar los equilibrios de poder, pero no eliminaría automáticamente esos conflictos. Eisenkot tendría que demostrar que su capacidad para reunir apoyos en un momento de oposición a Netanyahu también sirve para gobernar, tomar decisiones difíciles y mantener unida una coalición con intereses contrapuestos.
El verdadero examen para Israel no será únicamente comprobar si Netanyahu abandona el poder, sino determinar si existe una mayoría capaz de ofrecer estabilidad política y afrontar los problemas que han dividido al país durante los últimos años. Porque cambiar de primer ministro puede alterar el escenario institucional, pero reconstruir la confianza de una sociedad profundamente polarizada exige mucho más que una mayoría parlamentaria. @mundiario
