POR AIK AMBIORIX.
EL AUTOR ES GERENTE DE PRENSA HISPANA Y MIEMBRO DE LA FUNDACION VERDEES.
Los recientes planteamientos realizados por los empresarios agrupados en CODEESTE no pueden ser despachados con indiferencia ni interpretados como simples quejas de un sector económico. Cuando quienes generan empleos, pagan impuestos, invierten capital y sostienen buena parte de la dinámica productiva de una comunidad levantan su voz, corresponde al Estado escuchar con atención y actuar con responsabilidad.
Durante años, la clase empresarial dominicana ha sido paciente. Ha enfrentado crisis económicas, pandemias, reformas tributarias, aumentos de costos operacionales y una creciente burocracia que muchas veces parece diseñada para obstaculizar antes que facilitar el desarrollo. Sin embargo, la paciencia tiene límites, y hoy los empresarios de Santo Domingo Este están enviando una señal de alarma que el Gobierno no debería ignorar.
Las promesas de cambio fueron el eje central de las campañas electorales victoriosas. Se prometió transparencia, eficiencia, seguridad, institucionalidad y mejores condiciones para producir riquezas. Sin embargo, una parte importante del empresariado entiende que esos cambios simplemente no han llegado. Por el contrario, denuncian una creciente inseguridad para operar sus negocios, una presión regulatoria excesiva y una sensación generalizada de abandono frente a problemas que afectan directamente la productividad.
Uno de los puntos más sensibles es la denominada Ley de Residuos Sólidos, considerada por numerosos sectores empresariales como una carga económica desproporcionada. A ello se suma el persistente problema energético, que continúa afectando la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, que no cuentan con los recursos suficientes para absorber incrementos constantes en sus costos operativos.
Igualmente preocupante resulta el caos del tránsito. Santo Domingo Este parece avanzar hacia una parálisis progresiva sin que existan soluciones integrales a corto plazo. Horas perdidas en tapones significan menos productividad, más gastos y una reducción directa de la calidad de vida de trabajadores y empresarios. Como si fuera poco, la construcción de un moderno Palacio de Justicia sin una solución adecuada para los estacionamientos constituye un ejemplo preocupante de planificación desconectada de la realidad cotidiana de los ciudadanos.
Pero quizás la denuncia más grave es la percepción de que algunos funcionarios públicos han utilizado posiciones de poder para enriquecerse mientras gran parte de la población enfrenta dificultades económicas. La corrupción no solo roba recursos; también destruye la confianza ciudadana, desalienta la inversión y debilita la credibilidad de las instituciones. Un país no puede aspirar al desarrollo mientras la sospecha de impunidad acompañe la gestión pública.
Los reclamos de CODEESTE no deben ser vistos como un ataque al Gobierno. Deben interpretarse como una advertencia responsable de quienes conocen de cerca las dificultades de producir, invertir y generar empleos. Ignorarlos sería un error político y económico de grandes proporciones. Escucharlos, dialogar y corregir lo que sea necesario podría convertirse en una oportunidad para retomar el rumbo prometido.
El desarrollo de la República Dominicana no será posible sin empresarios fuertes, instituciones confiables y autoridades capaces de responder con hechos a las demandas legítimas de la sociedad. Ha llegado el momento de prestar atención. El silencio nunca ha sido una política pública efectiva y los problemas no desaparecen por ignorarlos.
