La batalla entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios de los principales medios de comunicación del país ha sumado un tenso capítulo judicial en los tribunales federales. Tras el veto inmediato anunciado por el mandatario el pasado viernes 18 de septiembre, el Servicio Secreto bloqueó el acceso a la Casa Blanca y confiscó los pases de prensa de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, a quienes Trump acusó a través de Truth Social de difundir constantemente «ficción y mentiras».
Sin embargo, en un fallo emitido a primera hora de este jueves 24 de septiembre, el juez federal del Distrito de Columbia, Timothy J. Kelly —nombrado por el propio Trump en 2017—, ordenó a la Administración restablecer de forma inmediata las credenciales a las tres organizaciones. El magistrado dictó una medida cautelar de 14 días de duración tras concluir que el Ejecutivo vulneró el derecho constitucional al debido proceso al retirar arbitrariamente las acreditaciones sin una notificación previa ni la oportunidad de que los afectados fueran escuchados.
El fallo desmonta además la justificación posterior planteada por los abogados del Departamento de Justicia, quienes intentaron amparar el veto alegando motivos de seguridad nacional debido a la supuesta publicación de información sensible sobre la guerra en Irán y planes de infraestructuras presidenciales. El juez Kelly se mostró escéptico ante estos argumentos de la Casa Blanca, señalando que carecen de pruebas previas al litigio y que chocan frontalmente con los comentarios iniciales del presidente, los cuales se centraron únicamente en su malestar por la cobertura «negativa e injusta» de su gestión.
Aunque los periodistas pudieron volver a cruzar las puertas del complejo gubernamental este mediodía tras sufrir bloqueos temporales a primera hora de la mañana, el conflicto de fondo sigue abierto: la medida cautelar solo congela la prohibición durante dos semanas mientras avanza la demanda conjunta por la presunta violación de la Primera Enmienda, un litigio en el que Trump ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación si la justicia falla de manera definitiva en su contra.
La orden judicial no resolvió definitivamente la disputa. Kelly consideró que los medios tenían una probabilidad suficiente de demostrar que sus credenciales habían sido revocadas sin las garantías procesales constitucionalmente exigibles. También cuestionó que las razones de seguridad nacional invocadas posteriormente por el Gobierno estuvieran respaldadas por pruebas suficientes. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia habían sostenido que el presidente tiene amplia autoridad para decidir quién accede al complejo presidencial y que la información publicada por esos medios podía comprometer la seguridad nacional.
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¿Qué ocurrió después de la orden del juez?
Aquí se encuentra el episodio que ha provocado la nueva escalada. El fallo se conoció durante la madrugada del jueves y ordenaba «inmediatamente» devolver, restablecer y restaurar las credenciales. Sin embargo, al comenzar la mañana, periodistas de CNN, MS NOW y Politico denunciaron que continuaban sin poder acceder al recinto.
La corresponsal de CNN Betsy Klein explicó que su acreditación seguía apareciendo como no autorizada cuando intentó atravesar el control de seguridad. Una fotoperiodista de la cadena también tuvo problemas y, según CNN, le fue confiscada la credencial. En Politico, uno de sus periodistas denunció igualmente que fue bloqueado y que el Servicio Secreto retiró su acreditación. Laura Barrón-López, de MS NOW, relató que un agente le comunicó que su credencial continuaba desactivada.
El matiz es importante: durante las primeras horas no estaba claro si se trataba de una desobediencia deliberada de la Casa Blanca o de un problema administrativo derivado de la rapidez con la que se había dictado la orden. De hecho, algunos periodistas de CNN sí consiguieron entrar mientras otros continuaban fuera. Posteriormente, periodistas de CNN y MS NOW fueron autorizados a regresar al recinto durante la tarde.
El conflicto comenzó el 18 de septiembre, cuando Trump anunció que estos medios quedarían excluidos de la Casa Blanca. El presidente los acusó de publicar «información falsa» y advirtió que podrían seguir otras prohibiciones. La Administración amplió después el argumento y sostuvo ante el tribunal que determinados trabajos periodísticos podían poner en riesgo la seguridad nacional.
El Departamento de Justicia citó informaciones relacionadas con las reservas de munición estadounidenses, la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca y determinadas informaciones sobre posibles filtraciones. La defensa gubernamental sostiene que el acceso físico al complejo presidencial es un privilegio y no un derecho absoluto.
Los medios responden que el problema no es solamente el acceso a un edificio. Su argumento es que el Gobierno estaría utilizando ese acceso como mecanismo de presión sobre organizaciones por el contenido de sus informaciones. En la demanda, CNN, MS NOW y Politico sostienen que la medida constituye una discriminación basada en el punto de vista y vulnera las garantías de libertad de prensa de la Primera Enmienda.
Kelly no ha resuelto todavía de manera definitiva esa cuestión constitucional. Su decisión provisional se centra fundamentalmente en el debido proceso: antes de retirar unas credenciales que permiten desarrollar una actividad periodística habitual en la Casa Blanca, el Gobierno debe contar con criterios claros y proporcionar determinadas garantías.
El juez consideró especialmente problemático que la Administración no hubiera establecido previamente estándares suficientemente precisos sobre qué comportamientos podían provocar la retirada de una acreditación. Según su razonamiento, algunos de los criterios invocados eran tan vagos que resultaban insuficientes para justificar la actuación. (Reuters)
¿Qué pasa si una Administración no cumple una orden judicial?
Esta es la cuestión institucional más importante que deja el episodio. En Estados Unidos, una orden de un tribunal federal no depende de que la parte afectada esté de acuerdo con ella. Si el Gobierno considera que la decisión es errónea, dispone de mecanismos procesales para solicitar su modificación o recurrirla cuando proceda.
Eso explica por qué la situación de este jueves era jurídicamente distinta de una simple disputa entre Trump y los medios. El litigio ya no se limita a determinar si el presidente puede vetar a determinados periodistas. También puede afectar al cumplimiento de una orden de un tribunal federal.
Si la Administración hubiera mantenido de forma deliberada el veto después de recibir y comprender la orden, los medios podían solicitar al juez que hiciera cumplir su decisión y que examinara si se había producido desacato. La respuesta concreta dependería de los hechos, de la comunicación efectiva de la resolución y de las instrucciones posteriores del tribunal. No existe una consecuencia automática que permita afirmar de antemano que un funcionario concreto será encarcelado, multado o sancionado.
En este caso, además, la evolución de la jornada reduce parcialmente esa hipótesis: la Casa Blanca terminó permitiendo el regreso de periodistas de CNN y MS NOW, aunque el conflicto sobre Politico y la situación jurídica general siguen pendientes.
La orden de Kelly tiene una duración inicial de 14 días. Durante ese periodo continuará el procedimiento y el juez podrá estudiar nuevas pruebas y argumentos antes de decidir sobre medidas posteriores. Los medios han pedido que se protejan tanto sus derechos procesales como los derivados de la Primera Enmienda.
Eso significa que la batalla jurídica puede terminar desplazándose desde una cuestión relativamente concreta —si se siguió el procedimiento correcto para retirar las acreditaciones— hacia otra mucho más amplia: si el Gobierno puede excluir a un medio de la Casa Blanca por el contenido de sus informaciones cuando considera que esas informaciones son falsas, perjudiciales o incluso peligrosas para la seguridad nacional.
La Administración sostiene que el presidente necesita margen para proteger información sensible y administrar el acceso a sus instalaciones. Los medios y los grupos de defensa de la libertad de prensa sostienen que ese poder no puede utilizarse para castigar una cobertura desfavorable. El tribunal tendrá que delimitar dónde se encuentra esa frontera. @mundiario
