La política migratoria impulsada por Donald Trump vuelve a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos. Amnistía Internacional ha publicado un informe de 137 páginas en el que analiza las actuaciones de los organismos encargados del control migratorio y señala posibles vulneraciones de derechos humanos.
El documento recoge testimonios de personas afectadas, abogados, profesionales sanitarios, docentes, defensores de los migrantes y otros testigos. También incorpora fotografías y vídeos de diferentes operaciones desarrolladas entre agosto de 2025 y mayo de 2026.
El análisis pone el foco especialmente en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque también señala actuaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Un fuerte incremento de las detenciones
Uno de los principales elementos analizados es el aumento de las detenciones. Entre enero de 2025 y julio de 2026, ICE y CBP detuvieron a más de 597.000 personas, una cifra superior a las 423.000 registradas durante un periodo comparable de la Administración de Joe Biden.
La política migratoria de Trump también ha introducido cambios que afectan a las condiciones de detención y a los procedimientos de expulsión. Entre ellos se encuentra la aplicación de la Ley Laken Riley y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para determinadas deportaciones.
Amnistía Internacional sostiene que estas medidas han ampliado las posibilidades de detención y han reducido algunas garantías procesales para las personas afectadas.
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El número de personas bajo custodia del ICE llegó a 71.937 en enero de 2026, según los datos recogidos en el informe. En julio todavía permanecían detenidas más de 65.000 personas, aunque la organización considera que la cifra real podría ser mayor debido a que determinados centros de procesamiento temporal no aparecen incluidos.
Hacinamiento y denuncias por las condiciones
Las condiciones dentro de algunos centros constituyen otro de los puntos principales de la investigación. El informe describe instalaciones con problemas de higiene, falta de espacio y dificultades para acceder a atención médica o asistencia jurídica.
También se denuncia que algunas personas detenidas habrían recibido presiones para aceptar una salida considerada voluntaria de Estados Unidos. Según Amnistía Internacional, el deterioro de las condiciones de custodia puede terminar condicionando decisiones que deberían tomarse de manera libre.
La organización relaciona estas prácticas con posibles vulneraciones de la prohibición internacional de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Otro problema señalado es la falta de información sobre el paradero de determinadas personas detenidas. Amnistía considera que la ausencia de confirmación sobre si una persona se encuentra bajo custodia puede generar situaciones de incomunicación y plantea dudas sobre posibles desapariciones forzadas.
Redadas, uso de la fuerza y fallecimientos
El informe también examina el comportamiento de los agentes durante las operaciones migratorias. Según los testimonios recopilados, algunas redadas incluyeron entradas en viviendas, persecuciones de vehículos, uso de armas y despliegues nocturnos con helicópteros.
Amnistía Internacional analiza además varios fallecimientos ocurridos durante operaciones de control migratorio y reclama investigaciones independientes que permitan determinar las circunstancias de cada muerte.
La organización considera que algunos de estos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, una acusación que deberá ser examinada mediante las correspondientes investigaciones.
El documento cuestiona igualmente el uso de sistemas de reconocimiento facial para identificar a personas migrantes y los acuerdos que permiten a policías estatales y locales colaborar con las autoridades federales.
Como respuesta, Amnistía Internacional plantea una reforma profunda del sistema y reclama, entre otras medidas, una supervisión más estricta de los agentes, reglas más claras sobre el uso de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas. También propone la disolución del ICE y la reasignación de sus recursos hacia programas de protección de las comunidades. @mundiario
