La decisión de Donald Trump de aprobar un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudí constituye uno de los movimientos estratégicos más relevantes de su política exterior desde su regreso a la Casa Blanca. Más allá del importante volumen económico del pacto, valorado en decenas de miles de millones de dólares y concebido para desarrollarse durante las próximas tres décadas, el verdadero alcance reside en una cuestión mucho más delicada: la posibilidad de que el reino saudí llegue a enriquecer uranio en su propio territorio bajo un modelo supervisado por Estados Unidos.
No se trata simplemente de un contrato para construir centrales nucleares. El acuerdo redefine la posición de Washington en Oriente Próximo, fortalece la relación con uno de sus principales aliados regionales y, al mismo tiempo, introduce nuevos interrogantes sobre el futuro de la no proliferación nuclear.
Oficialmente, el proyecto persigue desarrollar una industria nuclear destinada a producir electricidad y diversificar la matriz energética saudí. Riad sostiene desde hace años que necesita incorporar energía atómica para reducir el consumo interno de petróleo y destinar un mayor volumen de crudo a la exportación, aumentando así sus ingresos.
El acuerdo concede además un papel protagonista a empresas estadounidenses, especialmente a Westinghouse Electric, que suministraría reactores de última generación y buena parte de la infraestructura tecnológica necesaria para poner en marcha el programa.
Sin embargo, la disposición que más atención concentra establece que, tras un estudio conjunto de dos años entre ambos gobiernos, Estados Unidos podría autorizar la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio en suelo saudí si concluye que resulta técnica y comercialmente justificada.
Ese punto marca la verdadera dimensión política del pacto.
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El enriquecimiento de uranio, la cuestión más sensible
El enriquecimiento de uranio no equivale automáticamente a fabricar un arma nuclear, pero constituye uno de los pasos tecnológicos imprescindibles para hacerlo si un Estado decidiera avanzar en esa dirección. La Administración Trump sostiene que el riesgo estará «controlado» porque cualquier instalación sería diseñada, supervisada y gestionada bajo estrictas salvaguardias estadounidenses, con tecnología que impediría la transferencia de conocimientos sensibles al reino saudí.
Además, Washington asegura que conservaría capacidad de veto sobre la continuidad del proyecto y que Arabia Saudí no podría recurrir a otro socio extranjero para desarrollar esa tecnología durante al menos diez años si Estados Unidos decidiera no seguir adelante.
Los defensores del acuerdo consideran precisamente que esa supervisión estadounidense reduce los riesgos y evita que Riad busque ayuda tecnológica en países como China o Rusia, cuya creciente influencia en la región preocupa a Washington. Sin embargo, las críticas no han tardado en aparecer. Diversos especialistas en no proliferación recuerdan que, durante décadas, tanto las administraciones republicanas como las demócratas han evitado autorizar programas de enriquecimiento en Oriente Próximo para impedir una carrera tecnológica regional.
El precedente de Emiratos Árabes Unidos suele citarse como el denominado «patrón oro»: Abu Dabi aceptó desarrollar energía nuclear renunciando expresamente al enriquecimiento doméstico y al reprocesamiento del combustible usado. El acuerdo suscrito en 2009 para la construcción de la planta de energía nuclear de Barakah se conoce internacionalmente en el ámbito de la no proliferación como el gold standard. Mediante la firma de este convenio —enmarcado en la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de EE UU— Abu Dabi renunció voluntaria y explícitamente a poseer infraestructura de enriquecimiento de uranio o de reprocesamiento de combustible, cerrando la puerta al desarrollo local de armas nucleares.
Esa diferencia alimenta la preocupación de numerosos expertos, que advierten de que otros países como Turquía, Egipto o incluso los Emiratos podrían reclamar un trato similar si Riad obtiene finalmente esa capacidad tecnológica. El argumento de las autoridades saudíes, encabezadas por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, para no aceptar las mismas restricciones que los Emiratos Árabes Unidos es que Arabia Saudí posee grandes yacimientos domésticos de uranio. Riad defiende su derecho soberano a explotar y procesar sus propios recursos mineros para diversificar su economía y no depender del suministro externo de combustible nuclear.
Según el documento, se estipula la construcción y operación de una planta de enriquecimiento en territorio saudí, siempre y cuando un análisis técnico determine que el paso es viable. Si el gobierno de Estados Unidos objeta el enriquecimiento tras dicho estudio, Arabia Saudita no podrá realizarlo de forma autónoma ni aliarse con socios extranjeros durante un periodo de 10 años.
Sin embargo, los expertos en control de armas de la Arms Control Association han encendido las alarmas debido a que el borrador no obliga a Riad a adoptar el «Protocolo Adicional» del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Esto limitará la capacidad de los inspectores internacionales de la ONU para realizar visitas sorpresa o acceder a sitios sospechosos de desvío de combustible militar.
La sombra de Irán condiciona toda la operación
La aprobación del acuerdo llega además en un momento especialmente delicado. Mientras Estados Unidos mantiene una política de máxima presión sobre Irán para limitar su programa nuclear y restringir cualquier enriquecimiento de uranio, Washington autoriza ahora que uno de sus principales rivales regionales pueda desarrollar esa misma capacidad bajo determinadas condiciones.
Muchos observadores ven una contradicción evidente en esto, a pesar de que la Administración Trump insista en que ambos casos no son comparables debido a que el programa saudí permanecería bajo controles estadounidenses y con fines estrictamente civiles. Sin embargo, el propio príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, declaró hace años que si Irán llegaba a fabricar un arma nuclear, Arabia Saudí seguiría el mismo camino; una advertencia que aún pesa sobre cualquier debate relacionado con el futuro nuclear del reino.
Más allá del aspecto energético, el acuerdo refleja la competencia internacional por la influencia tecnológica. Estados Unidos pretende recuperar protagonismo en un mercado nuclear civil donde China y Rusia han incrementado notablemente su presencia durante la última década. Garantizar que el programa saudí dependa de empresas estadounidenses significa también consolidar una alianza estratégica que trasciende la producción eléctrica.
El pacto, además, rompe con el enfoque seguido por la Administración Biden, que había vinculado la cooperación nuclear a una eventual normalización diplomática entre Arabia Saudí e Israel. Trump ha optado por separar ambos expedientes, priorizando el fortalecimiento de la relación bilateral con Riad sin exigir avances previos en ese terreno.
La autorización del programa nuclear saudí representa una decisión con implicaciones que van mucho más allá de la producción de electricidad. Refuerza la alianza entre Washington y Riad, impulsa la industria nuclear estadounidense y consolida la influencia norteamericana frente a sus competidores internacionales.
Al mismo tiempo, introduce un nuevo elemento en el delicado equilibrio estratégico de Oriente Próximo. La posibilidad de que Arabia Saudí disponga algún día de capacidad propia para enriquecer uranio, aunque sea bajo supervisión estadounidense, modifica un principio que durante décadas había guiado la política de no proliferación de Estados Unidos en la región y anticipa un intenso debate político tanto en el Congreso como entre los aliados de Washington. @mundiario
