El Gobierno estadounidense ha dado un paso decisivo para ampliar su capacidad de detención migratoria con la adquisición de los centros de California City y Otay Mesa, dos complejos situados en territorio californiano que hasta ahora estaban gestionados por la empresa privada CoreCivic. La operación, valorada en unos 1.500 millones de dólares, busca garantizar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) espacios propios para mantener bajo custodia a miles de personas mientras avanzan sus procesos migratorios.
La medida cobra especial relevancia en California, un estado con numerosas políticas de protección para inmigrantes y con restricciones a la colaboración directa de autoridades locales con los agentes federales. Desde el Departamento de Seguridad Nacional defienden que la compra permitirá al ICE mantener su capacidad operativa en la costa oeste y evitar depender de acuerdos con gobiernos estatales o municipales.
La apuesta forma parte de un plan nacional más amplio que contempla aumentar la infraestructura de detención en distintos puntos del país. La Administración Trump ha reservado decenas de miles de millones de dólares para ampliar estas instalaciones y facilitar una política migratoria centrada en el arresto y la expulsión de personas sin estatus legal.
Dos centros bajo vigilancia por sus condiciones internas
Aunque el Gobierno presenta la adquisición como una herramienta necesaria para ejecutar su política migratoria, los centros comprados acumulan críticas por el trato recibido por quienes permanecen allí.
En Otay Mesa, cerca de la frontera con México, organizaciones defensoras de derechos humanos e inspectores estatales han señalado prácticas consideradas controvertidas. Entre ellas figura una norma que obliga a algunos detenidos a someterse a registros corporales completos tras determinadas visitas con contacto físico. Varias personas recluidas han descrito estos procedimientos como humillantes y especialmente invasivos.
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Además, informes oficiales han advertido de problemas relacionados con la saturación del centro, la falta de camas suficientes, deficiencias sanitarias y quejas sobre la alimentación. La instalación, con capacidad cercana a las 2.000 plazas, se ha convertido en uno de los puntos habituales de llegada de migrantes detenidos en la zona fronteriza de San Diego.
California City, por su parte, también ha generado preocupación desde su apertura como centro de detención migratoria. Antes había funcionado como prisión estatal y, según evaluaciones de autoridades californianas, comenzó a operar con problemas de preparación, falta de personal y carencias médicas.
El impacto humano detrás de la expansión migratoria
Más allá de las cifras y los contratos millonarios, los testimonios de personas detenidas muestran otra dimensión del nuevo modelo. Mariana, una inmigrante mexicana arrestada tras acudir a una cita migratoria en Fresno, asegura que salió de California City con miedo y secuelas emocionales tras permanecer allí durante un mes.
Su relato apunta a dificultades para recibir atención médica, temperaturas muy bajas dentro de las instalaciones y una sensación constante de aislamiento. Cuenta que los problemas de salud que sufrió durante su estancia apenas fueron atendidos y que, en algunos casos, eran las propias detenidas quienes se ayudaban entre ellas ante la falta de respuesta inmediata.
La expansión de estos centros anticipa una nueva etapa en la política migratoria estadounidense, marcada por una mayor presencia federal y un incremento de la capacidad de internamiento. Sus defensores sostienen que son necesarios para aplicar las leyes migratorias; sus críticos advierten de que el crecimiento de la red puede agravar problemas ya denunciados en instalaciones existentes.
Con la compra de California City y Otay Mesa, la Administración Trump no solo incorpora miles de plazas adicionales: consolida una infraestructura que será determinante para el futuro de su estrategia de deportaciones. @mundiario
