Tusk planta cara a la oposición y acelera la reforma judicial en Polonia: la UE le respalda

La crisis del Tribunal Constitucional de Polonia ha vuelto a situar al país en el centro del debate europeo sobre el Estado de derecho. El primer ministro, Donald Tusk, ha rechazado cualquier concesión que, a su juicio, permita mantener el bloqueo de la institución y ha defendido una remodelación judicial profunda para revertir las consecuencias de los años de Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS). Su posición cuenta con el respaldo de la Comisión Europea en un punto fundamental: el Parlamento polaco tiene competencias constitucionales para nombrar a los jueces y las autoridades nacionales deben garantizar que puedan ejercer sus funciones.

Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse. Los enfrentamientos del viernes 30 de octubre en la sede del Tribunal Constitucional, la intervención del presidente Karol Nawrocki y las acusaciones de golpe institucional han elevado la tensión entre el Ejecutivo y la oposición nacionalista. La disputa ya no se limita a quién ocupa determinados puestos judiciales: afecta a la legitimidad de las instituciones, a la separación de poderes y a la capacidad de Polonia para cumplir los compromisos jurídicos que asumió como miembro de la Unión Europea.

En un discurso televisado el sábado por la noche, Tusk calificó los acontecimientos de «incidentes escandalosos» y defendió que recuperar la calma no puede significar aceptar lo que considera una situación contraria a la legalidad. «En determinadas cuestiones no puede haber concesiones», afirmó, en referencia a la resistencia de sectores vinculados al PiS y al presidente Nawrocki a permitir que los nuevos magistrados asuman sus funciones.

El primer ministro sostuvo que un Estado democrático debe ser capaz de hacer cumplir la justicia y garantizar que los tribunales actúen sin intimidaciones políticas. También criticó la presencia del presidente en la sede del Constitucional y afirmó que ningún dirigente, incluido el jefe del Estado, tiene derecho a entrar en un tribunal para dar órdenes o presionar a los jueces.

Su mensaje busca establecer una línea de confrontación clara: el Gobierno considera que no puede existir un acuerdo político que perpetúe una composición judicial cuya legitimidad ha sido cuestionada por tribunales europeos. La oposición, por el contrario, interpreta las decisiones del Ejecutivo como una maniobra para hacerse con el control de una institución que debería actuar como contrapeso del poder gubernamental.

Una disputa que comenzó en 2015 y nunca se cerró

El origen del enfrentamiento se remonta a 2015, cuando se produjo una disputa entre los principales bloques políticos por el nombramiento de cinco jueces del Tribunal Constitucional. La controversia se agravó durante los ocho años de Gobierno del PiS, periodo en el que las reformas judiciales impulsadas por los conservadores provocaron enfrentamientos con las instituciones europeas y cuestionamientos sobre la independencia de los tribunales.

La Unión Europea sostuvo que determinados cambios debilitaban la separación de poderes y permitían una influencia política excesiva sobre la Justicia. La Comisión Europea abrió procedimientos contra Polonia y el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitieron resoluciones relacionadas con las garantías de independencia e imparcialidad judicial.

Cuando Tusk regresó al poder en 2023, prometió restablecer el Estado de derecho y revisar las reformas anteriores; sin embargo, el cambio de Gobierno no resolvió el problema. El presidente Nawrocki, vinculado políticamente al PiS, dispone de facultades que le permiten bloquear o dificultar las iniciativas del Ejecutivo, lo que ha sumido a la institución en una disputa permanente sobre su composición y autoridad. De este modo, los magistrados elegidos por la actual mayoría parlamentaria y los nombrados bajo la administración anterior se encuentran en el centro de una controversia que afecta tanto al funcionamiento del tribunal como a la confianza en sus resoluciones.

La Comisión Europea considera que el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional corresponde al Sejm, la Cámara Baja del Parlamento polaco. Al respecto, un portavoz comunitario declaró que la designación de ocho nuevos magistrados entra dentro de las competencias constitucionales de dicha institución, recordando asimismo que las autoridades deben garantizar que el tribunal funcione conforme a la Constitución polaca y a la jurisprudencia europea. En este sentido, la Comisión también señaló las medidas cautelares dictadas el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las cuales, según la referencia comunitaria, obligaban a las autoridades polacas competentes a abstenerse de obstaculizar la toma de posesión y el ejercicio de las funciones judiciales de los magistrados elegidos por el Parlamento en marzo.

Este respaldo no significa que Bruselas otorgue al Gobierno carta blanca para actuar de cualquier manera, ya que la posición europea se refiere estrictamente a la competencia del Parlamento y a la obligación de no impedir que los jueces legalmente nombrados ejerzan sus funciones. De este modo, la Comisión no está avalando de forma automática cada decisión adoptada por el Ejecutivo o por los magistrados durante los últimos acontecimientos. La UE defiende que los tribunales deben ser independientes tanto del Gobierno como de la oposición, y que tanto los nombramientos como los procedimientos deben respetar las normas constitucionales y europeas. Por lo tanto, su intervención responde a una preocupación que trasciende la política interna polaca: si un Estado miembro mantiene bloqueado su máximo tribunal constitucional, queda debilitada la aplicación efectiva de las garantías jurídicas que sustentan el ordenamiento comunitario.

La experiencia de Polonia durante los años del PiS también ha influido en la posición europea. El conflicto contribuyó a que la UE reforzara sus mecanismos de seguimiento del Estado de derecho y exigiera mayores garantías a los países candidatos a la adhesión, entre ellos Ucrania. Para Bruselas, la independencia judicial no es un asunto secundario ni una competencia que pueda quedar sometida exclusivamente a las mayorías parlamentarias de cada legislatura.

La gravedad de la situación también ha sido señalada por cuatro antiguos presidentes del Tribunal Constitucional: Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki y Andrzej Zoll. En una declaración conjunta, los juristas describieron una crisis institucional que se prolonga desde hace más de diez años y denunciaron que algunos magistrados cuya elección consideran irregular continúan participando en las resoluciones, mientras que otros elegidos conforme a la ley permanecen apartados de sus funciones.

Los firmantes criticaron las actuaciones de Nawrocki y del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, a quien reprochan haber impedido que los nuevos magistrados asumieran sus puestos, además de señalar la falta de convocatoria de la asamblea general de jueces y el incumplimiento de las resoluciones europeas. A su juicio, los ciudadanos son los principales perjudicados por esta situación, ya que la parálisis institucional limita su capacidad para defender sus derechos y libertades, incluido el recurso de amparo constitucional. Por ello, su propuesta pasa por permitir que los nuevos magistrados participen en los procedimientos previstos por la ley y por convocar, de manera inmediata, la asamblea general del tribunal.

La magistrada Anna Korwin-Piotrowska anunció que asumiría la dirección de los trabajos de la institución y convocó una reunión para el martes 3 de noviembre. En el orden del día figuran la aprobación del presupuesto de 2027 y las solicitudes para retirar la inmunidad a Święczkowski y a Bartłomiej Sochański. Estas iniciativas añaden una dimensión jurídica a una confrontación que hasta ahora se ha desarrollado principalmente en el terreno político e institucional.

Nawrocki y el PiS denuncian un golpe institucional

Por su parte, la oposición rechaza tajantemente la interpretación del Gobierno; de hecho, Nawrocki calificó los acontecimientos del viernes como una toma forzosa de un órgano constitucional, mientras que Jarosław Kaczyński, líder del PiS, acusó al Ejecutivo de avanzar hacia un Estado policial y abrir el camino al autoritarismo. En este conflicto también han intervenido los conservadores europeos: los copresidentes del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) expresaron su firme apoyo al presidente polaco y acusaron al Gobierno de Varsovia de vulnerar la independencia judicial, una postura que refleja el profundo enfrentamiento político existente entre los sectores nacionalistas del continente y el actual Ejecutivo proeuropeo.

El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, reconoció que las escenas frente al tribunal no fueron «elegantes», pero defendió que la alternativa habría sido aceptar una transformación inconstitucional del país en una república presidencial. La discusión evidencia que incluso dentro del Gobierno existe conciencia de la delicadeza de los métodos utilizados.

La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos de Polonia, por su parte, cuestionó la base jurídica de la suspensión temporal de los responsables del tribunal y advirtió de que esa actuación no contribuiría a resolver la crisis. Esta crítica introduce un matiz relevante: aunque exista un problema acreditado de independencia judicial, las medidas destinadas a corregirlo también deben contar con una fundamentación jurídica sólida.

Tusk ha prometido que el Tribunal Constitucional volverá a funcionar y que el Ejecutivo garantizará las condiciones necesarias para su actividad. También advirtió del riesgo de que fuerzas prorrusas aprovechen la confrontación y denunció la actividad de redes y cuentas automatizadas que, según su Gobierno, alimentan la desinformación en torno a la crisis.

El primer ministro no presentó, sin embargo, un acuerdo concreto con Nawrocki ni una fórmula inmediata para superar el bloqueo. La convocatoria de la asamblea general de magistrados puede abrir una nueva fase, pero difícilmente resolverá por sí sola una disputa que enfrenta a dos legitimidades políticas y jurídicas contrapuestas. El respaldo de la Comisión Europea fortalece la posición de Tusk respecto al derecho del Parlamento a nombrar magistrados y a la obligación de permitirles ejercer, pero el desafío del Gobierno consiste en demostrar que la restauración del Estado de derecho se realiza mediante procedimientos igualmente compatibles con la Constitución, la independencia judicial y las garantías institucionales. @mundiario