La guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania ha escalado a una fase de tierra quemada infraestructural, donde las refinerías, las redes de distribución eléctrica y los nodos de transporte pesado tienen un valor militar idéntico al de la primera línea del frente. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ordenado duplicar los ataques con drones de largo alcance contra el corazón energético de Moscú, logrando asestar golpes simultáneos contra la planta de LUKOIL en Volgogrado y el gigantesco nodo de tanques de Transneft en Samara, considerado el mayor depósito de combustible de Europa. Con estas incursiones, Kiev busca paralizar el motor financiero del Kremlin y mermar el abastecimiento de sus tropas.
Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin ha respondido activando una «nueva doctrina» de bombardeos masivos y sistemáticos. Mediante oleadas coordinadas de miles de drones Shahed a reacción y misiles de crucero, las fuerzas del Kremlin están machacando los centros de telecomunicaciones, puentes estratégicos sobre el río Dniéper y subestaciones eléctricas críticas en Kiev. La estrategia de Moscú persigue un objetivo claro ante la inminente bajada de las temperaturas: provocar un colapso total de la red de energía, calor y agua de cara al invierno. En este brutal intercambio, que ignora los intentos de mediación de la Casa Blanca, el control y la destrucción de la infraestructura energética define el verdadero ritmo de la guerra.
El Ministerio de Defensa ucraniano sostiene que los ataques realizados contra instalaciones de Moscú, Yaroslavl, Ust-Luga, Perm, Saratov y Syzran han dejado inutilizada aproximadamente el 51% de la capacidad rusa de refinado. Es una afirmación de enorme importancia, pero conviene separar el dato político de lo que realmente puede darse por demostrado: esa cifra no ha sido verificada independientemente. Associated Press y otros medios han recogido la afirmación ucraniana sin poder confirmar por su cuenta que exactamente el 51% de la capacidad esté fuera de servicio.
Eso no significa que el ataque ucraniano sea una exageración sin consecuencias. De hecho, los datos disponibles permiten afirmar que el sector ruso está sometido a una presión extraordinaria. La Agencia Internacional de la Energía calcula que Rusia dispone de unas 32 grandes refinerías y alrededor de 6,5 millones de barriles diarios de capacidad instalada. En junio, el procesamiento cayó hasta unos 3,8 millones de barriles diarios, aproximadamente un 30% menos que un año antes. La producción de diésel también descendió cerca de un 30% y la de gasolina alrededor de un 20%.
Ahí está probablemente la clave para interpretar correctamente el 51%. No debe entenderse necesariamente como que más de la mitad de las refinerías rusas están completamente destruidas. Una instalación puede continuar funcionando parcialmente mientras determinadas unidades críticas permanecen paradas. Y precisamente esas unidades son las que pueden convertirse en el cuello de botella del sistema.
Las refinerías modernas no son simples instalaciones que convierten petróleo en gasolina. Disponen de unidades especializadas para eliminar impurezas, producir diésel, queroseno y otros derivados y aumentar el rendimiento de cada barril de crudo. Si un ataque inutiliza uno de esos componentes, la refinería puede seguir operativa en apariencia pero reducir drásticamente su producción. Además, las reparaciones de determinadas unidades requieren equipos especializados que no siempre pueden sustituirse rápidamente.
La IEA ya advertía en septiembre de que la frecuencia de los ataques hacía cada vez más difícil que el sistema ruso recuperara sus niveles anteriores de producción. Durante el verano se registraron escasez de combustible en amplias zonas del país, restricciones a las ventas y esperas que llegaron a alcanzar las 40 horas en algunas estaciones. El Gobierno ruso tuvo que limitar las exportaciones para preservar el suministro interno.
Por tanto, el verdadero éxito de la estrategia ucraniana no se mide únicamente contando instalaciones alcanzadas. Se mide por el tiempo que permanecen fuera de servicio, por la pérdida acumulada de producción y por la dificultad de reparar los equipos. Una refinería atacada diez veces puede ser más problemática para Moscú que otra golpeada una sola vez y reparada rápidamente.
El propio Putin ha ofrecido, además, un argumento difícil de ignorar. El 1 de octubre reconoció que los ataques ucranianos contra las refinerías habían conseguido parcialmente su objetivo y estimó que habían provocado pérdidas equivalentes a aproximadamente un 1% del PIB ruso. “Ellos empezaron a atacar nuestras refinerías de petróleo y declararon abiertamente que su objetivo era dañar nuestra economía. ¿Lo consiguieron? Parcialmente”, afirmó.
Eso no confirma el 51%, pero sí confirma algo esencial: Moscú considera que la campaña está provocando un daño económico suficientemente importante como para ser reconocido públicamente por el presidente.
La ofensiva ucraniana, además, continúa. En las últimas horas, blogueros militares rusos informaron de un impacto en el complejo de almacenamiento y distribución de Volodarskaya, en la región de Moscú, uno de los principales nodos de combustible conectados con la red de Transneft. Reuters informó de que Rusia sufrió uno de los mayores ataques con drones de la guerra, con más de 650 aparatos dirigidos contra Moscú y sus alrededores, mientras que las autoridades comunicaron dos muertos. La información sobre el depósito alcanzado procede inicialmente de fuentes rusas no oficiales y el vídeo difundido del incendio tampoco pudo verificarse de inmediato de forma independiente.
La importancia de Volodarskaya no es menor: el complejo distribuye combustible hacia la capital y abastece, entre otros destinos, a los principales aeropuertos de Moscú. Un daño prolongado en ese punto puede tener un efecto logístico superior al de una instalación aislada.
La respuesta del Kremlin está siendo igualmente devastadora y se concentra en asfixiar la infraestructura civil del país. Mientras Ucrania golpea refinerías y nodos de transporte dentro de la Federación rusa, Moscú ha multiplicado la frecuencia de sus incursiones aéreas sobre los principales centros urbanos. En la madrugada del 7 de octubre, Rusia ejecutó una nueva oleada masiva empleando misiles balísticos y enjambres de drones kamikaze dirigidos contra la capital ucraniana.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió de que la situación en la urbe es «muy complicada», reportando impactos severos que provocaron graves incendios en almacenes logísticos e instalaciones no residenciales. Las detonaciones resonaron en múltiples distritos y forzaron cortes preventivos en la red de transportes, interrumpiendo el tránsito en puentes clave como el Pivdeni sobre el río Dniéper. Agencias de noticias internacionales como Reuters describen la estrategia como una guerra de desgaste incesante, caracterizada por alertas de incursión aérea prácticamente diarias que apenas dan un margen de cuatro minutos a la población civil antes de las explosiones, minando la resiliencia y la conectividad de la capital.
La escalada también afecta a Járkov y otras zonas del país. Las autoridades ucranianas han informado de nuevas víctimas civiles por ataques con bombas guiadas y drones, mientras la Fuerza Aérea ucraniana comunicó que Rusia lanzó más de 200 drones en una de las recientes oleadas. La intensidad de estas operaciones demuestra que Moscú no está respondiendo únicamente sobre objetivos energéticos equivalentes, sino que mantiene una campaña mucho más amplia contra infraestructuras, centros urbanos y redes logísticas.
La coincidencia de la ofensiva contra Kiev con el 74º cumpleaños de Vladímir Putin, este miércoles 7 de octubre, aporta una innegable carga simbólica al conflicto. Analistas militares y autoridades ucranianas suelen vincular estos ataques masivos con efemérides del régimen ruso; sin embargo, carece de rigor operativo afirmar que el Kremlin dictamine operaciones balísticas complejas con el único propósito de conmemorar el natalicio de su líder.
Es metodológicamente más preciso enmarcar el bombardeo dentro de la intensa campaña de desgaste aéreo que Rusia ejecuta de forma sistemática de cara al invierno, consolidada semanas atrás y no circunscrita a una reacción coyuntural de esta madrugada. Mientras la capital ucraniana lidia con las explosiones, la agenda oficial de Putin transcurre en Moscú entre llamadas de aliados internacionales —como el mandatario chino Xi Jinping y el norcoreano Kim Jong-un— y los preparativos de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
La cuestión central es, por tanto, si Ucrania puede mantener durante meses esta presión sobre el sistema energético ruso. La respuesta dependerá de tres factores: la capacidad rusa para reparar las instalaciones, la disponibilidad de combustible importado y la posibilidad de sustituir las unidades dañadas. Rusia ya ha recurrido a restricciones a la exportación y a medidas extraordinarias para proteger su mercado interno. Al mismo tiempo, las compras de productos refinados procedentes del exterior han servido para aliviar parcialmente la escasez.
También existe una dimensión internacional. La reducción de la producción rusa de diésel llega en un momento en que los mercados mundiales de combustibles refinados ya están sometidos a una fuerte presión. La IEA advierte de que la menor disponibilidad rusa está contribuyendo a tensar el mercado internacional, especialmente el del diésel.
Por eso, el dato del 51% debe manejarse con cautela, pero tampoco puede despacharse como una simple cifra propagandística. No está demostrado que exactamente la mitad de la capacidad rusa de refino esté inutilizada; sí existen evidencias independientes de una caída significativa de la producción, problemas de suministro, restricciones a las exportaciones y daños acumulativos en las instalaciones. Y el reconocimiento del propio Putin de que la campaña ha provocado un coste económico refuerza la idea de que la estrategia ucraniana está consiguiendo afectar a uno de los pilares económicos de la maquinaria de guerra rusa. @mundiario
