El chavismo y la oposición pactan renovar el Supremo y transformar el Poder Judicial en Venezuela

Venezuela ha entrado en un terreno que, hasta hace poco, parecía inalcanzable: la arquitectura institucional del Estado. Chavismo y oposición han acordado iniciar una profunda transformación del sistema de justicia y poner en marcha el proceso para renovar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de la agenda de recuperación institucional, enmarcado en el plan de tres fases del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio.

El compromiso figura en el comunicado suscrito este miércoles, 12 de agosto, por Jorge Rodríguez, al frente de la delegación oficialista, y Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional elegida en 2015, al término del primer ciclo de conversaciones celebrado en el hotel Gran Meliá de Caracas.

El documento no se limita a plantear una reforma legislativa. Las partes han acordado activar un nuevo proceso de postulación, renovación y designación de los 32 magistrados de las seis salas del Supremo, además de revisar el funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales y crear un órgano encargado de examinar las credenciales de los aspirantes.

Es, sobre el papel, uno de los pasos más relevantes hacia una eventual reinstitucionalización del Estado venezolano desde que comenzó esta nueva etapa de diálogo. La reforma del Poder Judicial ocupa un lugar central en el pacto. Las delegaciones se comprometen a impulsar modificaciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y de otras normas que regulan el sistema judicial. Paralelamente, plantean ampliar y renovar el mecanismo encargado de intervenir en el proceso de selección de los magistrados.

El siguiente paso será abrir un procedimiento para renovar y designar a todos los integrantes del TSJ, que debería echar a andar este mismo mes. Para ello se constituirá un consejo “independiente” que deberá revisar los requisitos y las credenciales de los candidatos, para comprobar que cada aspirante se ajusta a las exigencias previstas en la Constitución, las leyes y el baremo de evaluación.

Tribunal Supremo ha sido durante años una de las bestias negras de la oposición venezolana y por organizaciones defensoras del Estado de derecho, que han denunciado la estrecha relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Por eso, la renovación de sus magistrados no puede interpretarse únicamente como una reforma administrativa. La cuestión de fondo será quién los elige, con qué criterios y hasta qué punto el nuevo tribunal puede actuar con independencia.

 

Transformación del Poder Judicial

El acuerdo, fruto de los primeros cinco días de herméticas reuniones entre las comisiones del Parlamento de mayoría opositor y del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, sitúa la reforma judicial dentro del “fortalecimiento de la democracia” y de los poderes públicos, un punto pactado a finales de julio durante los primeros ciclos de conversaciones que incluye, además, las “garantías” a los derechos políticos y civiles, así como la atención a las víctimas del doble terremoto que azotaron al estado La Guaira. Desde la constitución de esta mesa técnica sectores de la oposición esperaban que se incluyera la liberación de los más de 500 presos políticos que aún permanecen tras las rejas, pero nada se ha apuntado en ese sentido.

Las dos delegaciones han establecido dos mesas técnicas. Una está dedicada a la respuesta ante la emergencia provocada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. La segunda aborda el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral. Durante el primer ciclo se celebraron cinco reuniones de las mesas técnicas y otras cinco sesiones plenarias. Además, las partes aprobaron una metodología de trabajo destinada a garantizar la continuidad de las conversaciones y comprobar el grado de cumplimiento de los compromisos.

El calendario pretende evitar que el acuerdo quede reducido a una declaración política. La ejecución comienza este mismo mes de agosto, según el comunicado, con anuncios oficiales y medidas concretas. Ese detalle será determinante. La historia reciente de Venezuela está llena de acuerdos políticos que terminaron bloqueados por la falta de confianza entre las partes o por la ausencia de mecanismos eficaces para hacerlos cumplir.

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El oro del Banco de Inglaterra

El segundo gran componente del pacto tiene una dimensión económica. Chavismo y oposición han acordado trabajar para recuperar los activos de reserva internacional venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra, en concreto unas 31 toneladas de oro valoradas en unos 4,000 millones de dólares, que ahora servirían para sufragar los costes de recuperación a raíz del doble terremoto.

Desde 2019, la titularidad de los fondos depositados en Londres ha sido uno de los principales capítulos de la sarta de activos congelados o confiscados al Estado venezolano tras la reelección de Nicolás Maduro en 2018, desconocida por la comunidad internacional por falta de garantías electorales, y la conformación del Gobierno interino de Juan Guaidó como autoridad legítima por parte de más de 50 países como EE UU, Reino Unido, el conjunto de la UE y la mayoría de América Latina.

El Gobierno de Maduro intentó sin éxito desbloquear los fondos alojados en el Banco de Inglaterra, congelados por orden judicial después de que Londres reconociera a Guaidó como presidente legítimo, bajo el pretexto de que Caracas necesitaba los lingotes para hacer frente a la pandemia por coronavirus y de una supuesta falta de liquidez debido a las sanciones de EE UU sobre la industria petrolera.

 

El Banco Central de Venezuela (BCV) maniobró en su momento por la vía judicial, pero la Alta Corte de Inglaterra y Gales falló a favor de la oposición al seguir el principio “Una sola voz” que determinó que, dado que el Gobierno de la primera ministra Theresa May reconocía al Ejecutivo interino de la oposición como la autoridad legítima en Venezuela, entonces sus apoderados serían los titulares de los fondos. La decisión fue recurrida por Caracas, pero en 2022 la sentencia fue ratificada.

El comunicado leído en la comparecencia de prensa sin preguntas plantea que esos recursos sean recuperados mediante mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría. La intención sería que los activos puedan contribuir a atender las necesidades de los damnificados por los terremotos y financiar programas de emergencia. El acuerdo contempla reforzar las actuaciones en ámbitos como vivienda, electricidad, sanidad y retirada de escombros, además de otros programas destinados a las comunidades afectadas. @mundiario

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