Alemania afronta uno de los debates más delicados de los últimos años sobre seguridad nacional. Apenas unos días después del atentado terrorista islamista perpetrado durante las celebraciones del Orgullo en Berlín, el Gobierno de Friedrich Merz estudia endurecer la legislación para reforzar el control sobre los individuos considerados especialmente peligrosos y evitar que casos similares vuelvan a repetirse.
La conmoción causada por el ataque ha dado paso a una pregunta que domina el debate político y judicial del país: ¿cómo pudo un joven conocido por las autoridades como islamista radical y condenado por preparar un delito grave contra la seguridad del Estado encontrarse en libertad y ejecutar un atentado en pleno centro de la capital alemana?
El ataque tuvo lugar el sábado por la noche, durante la celebración del Christopher Street Day (CSD), una de las mayores marchas del Orgullo LGTBIQ+ de Europa. Una furgoneta irrumpió a gran velocidad entre los asistentes en una de las vías próximas al recinto festivo situado junto al Tiergarten, provocando la muerte de una mujer polaca y dejando 29 personas heridas de diversa consideración.
Las fuerzas de seguridad iniciaron inmediatamente una intensa operación de búsqueda que concluyó el domingo con la localización del presunto autor, Abdul Ballout, en una colonia de huertos urbanos del oeste de Berlín, donde falleció abatido por disparos de la Policía. Las autoridades calificaron desde el primer momento el suceso como un atentado terrorista islamista.
La investigación reveló rápidamente que Ballout no era un desconocido para los servicios de seguridad. Nacido en Berlín en 2005, de madre libanesa nacionalizada alemana, figuraba desde hacía tiempo en el radar de las autoridades por su radicalización islamista. En mayo había sido condenado a un año y 10 meses de prisión por preparar una acción grave de violencia contra la seguridad del Estado y por su intención de incorporarse a la organización terrorista Estado Islámico.
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Un islamista conocido que estaba en libertad
Sin embargo, el tribunal decidió aplicar el derecho penal juvenil y acordó una suspensión condicional previa de la ejecución de la pena. La medida permitió que permaneciera en libertad mientras transcurría un periodo de evaluación de seis meses sobre sus posibilidades de reinserción. La Fiscalía recurrió aquella sentencia al considerar insuficiente la condena y defender que el joven debía permanecer encarcelado, pero el procedimiento seguía abierto cuando se produjo el atentado.
La situación ha llevado al canciller Friedrich Merz a plantear públicamente una revisión de la legislación procesal vigente. “En cualquier caso, no puedo entender que pueda localizar mi móvil en cualquier lugar del mundo, ni que yo mismo pueda determinar a través de mi móvil dónde se encuentra, por ejemplo, mi iPad. Pero que, supuestamente, a las autoridades de seguridad de Alemania no les sea posible —o no sea técnicamente posible— determinar en todo momento dónde se encuentran las personas peligrosas”, dijo el jefe del Gobierno durante una comparecencia en Berlín.
El Estado de derecho debe “hacer todo lo posible por restringir la libertad de movimiento de estos delincuentes y personas peligrosas, tanto potenciales como reales”, afirmó. El canciller utilizó además una comparación tecnológica para ilustrar su argumento. El líder de la CDU ya ha encargado al ministro del Interior, Alexander Dobrindt, que prepare propuestas legislativas para introducir cambios en la normativa federal.
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Reformar el derecho penal juvenil
El atentado también ha reactivado el debate sobre la aplicación del derecho penal juvenil en delitos relacionados con el terrorismo. En Alemania, esta normativa puede aplicarse hasta los 20 años cuando los tribunales consideran que el acusado no había alcanzado la suficiente madurez en el momento de cometer los hechos. Diversos dirigentes conservadores consideran que esa posibilidad debería desaparecer cuando se trate de personas radicalizadas por el extremismo islamista.
El presidente de las juventudes de la CDU, Johannes Winkel, ha pedido revisar el marco jurídico para impedir que quienes representen un riesgo para la seguridad puedan beneficiarse de ese régimen especial. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Baviera, Markus Söder, quien considera que la prisión debe convertirse en la norma para este tipo de perfiles e incluso plantea estudiar medidas adicionales como la retirada del permiso de conducir a personas catalogadas como peligrosas.
El endurecimiento legislativo también cuenta con el respaldo de los sindicatos policiales. Su presidente, Heiko Teggatz, reclama ampliar la videovigilancia en espacios públicos y dotar a las fuerzas de seguridad de mayores capacidades preventivas. A su juicio, las autoridades carecen actualmente de instrumentos suficientes para detectar y neutralizar atentados antes de que lleguen a ejecutarse.
Mientras tanto, el Gobierno federal trabaja en una reforma integral de la legislación sobre los servicios de inteligencia que permitirá ampliar sus competencias operativas. La propuesta, prevista para ser debatida en el Consejo de Ministros en agosto, autorizaría por primera vez determinadas intervenciones directas de los servicios secretos en situaciones de peligro, siempre bajo supervisión judicial independiente.
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Un país bajo amenaza permanente
El atentado del Orgullo ha coincidido con un contexto de máxima alerta en materia de seguridad. Según datos de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), Alemania mantiene bajo vigilancia a unos 450 islamistas considerados especialmente peligrosos y a más de 9.000 extremistas con tendencia a la violencia o que la justifican.
El informe anual de los servicios de inteligencia publicado este año advierte de que la principal amenaza procede cada vez más de jóvenes radicalizados a través de internet que actúan de forma autónoma. En la última década, las autoridades aseguran haber evitado cerca de treinta atentados islamistas, aunque el ataque de Berlín ha puesto de manifiesto las dificultades para anticipar la actuación de perfiles ya conocidos por los servicios de seguridad.
Con varias elecciones regionales previstas para septiembre y una creciente preocupación ciudadana por la seguridad y la inmigración, el atentado ha devuelto ambos asuntos al centro del debate político alemán y amenaza con marcar la agenda de los próximos meses. @mundiario
