Cada vez que un conductor argentino llena el depósito, una parte del precio del combustible tiene un destino establecido por ley: financiar la infraestructura vial. Sin embargo, una investigación periodística ha puesto el foco sobre lo ocurrido con esos recursos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Entre finales de 2023 y mediados de este año, el Estado habría recaudado alrededor de 1,5 billones de pesos a través del sistema destinado a financiar las carreteras. De esa cantidad, apenas una cuarta parte habría terminado en obras. El resto, unos 668 millones de dólares, habría sido colocado en depósitos, plazos fijos y títulos públicos.
El dato adquiere especial relevancia porque coincide con una etapa de fuerte reducción de la obra pública impulsada por el Ejecutivo como parte de su estrategia para equilibrar las cuentas.
La Justicia exige explicaciones al Gobierno
La controversia ya no se limita al terreno político. El juez Ernesto Kreplak aceptó un amparo colectivo y reclamó información al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Banco Nación sobre el destino de los fondos del SisVial.
La oposición, además, ha llevado el caso a los tribunales y reclama investigar posibles delitos relacionados con la administración de recursos públicos. El ministro de Economía, Luis Caputo, también está en el centro de las críticas.
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El Gobierno, por su parte, defiende un cambio de modelo: las carreteras nacionales deberían depender progresivamente de la inversión privada y no de los recursos de los contribuyentes. El problema es que esa explicación no resuelve la cuestión fundamental: si el dinero tiene un destino legalmente establecido, su utilización para otros fines abre un conflicto que trasciende la discusión económica.
El deterioro de las rutas puede convertir el debate fiscal en un problema social
La polémica llega además cuando el estado de las carreteras argentinas genera creciente preocupación. Según el sindicato de Vialidad Nacional, alrededor del 70 % de la red presenta condiciones entre regulares y malas. Cada año sin mantenimiento también puede acelerar el deterioro de los pavimentos y elevar los costes futuros de reparación.
Y el caso podría ser más amplio. Otras investigaciones apuntan a una infraejecución similar en fondos destinados a obras hídricas y al transporte.
La cuestión de fondo afecta directamente al modelo económico de Milei: si el superávit se sostiene parcialmente mediante recursos que no llegan al destino previsto por ley, el debate deja de ser únicamente contable. Pasa a ser una discusión sobre la calidad del gasto público, la seguridad de las infraestructuras y los límites que debe respetar el Ejecutivo para alcanzar sus objetivos fiscales. @mundiario
