Golpe de timón de De la Espriella en Colombia: vía libre a la expulsión de inmigrantes

El giro migratorio de Abelardo de la Espriella ya es una realidad. A menos de tres semanas de asumir la Presidencia de Colombia y con un terrible terremoto de por medio, el flamante mandatario ha ordenado a las fuerzas de seguridad poner en marcha esta misma semana operativos para localizar a inmigrantes en situación irregular y proceder a su deportación, una decisión que rompe con la estrategia mantenida por los sucesivos Gobiernos colombianos desde el inicio de la crisis migratoria venezolana.

“Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales”, ordenó el presidente durante un consejo de seguridad celebrado en Barranquilla. “Primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, indicó De la Espriella para establecer una jerarquía de prioridades para proceder sobre el destino de cerca de 848.000 venezolanos que se encuentran en situación irregular, entre ellos unos 193.000 menores de edad.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, afirmó el presidente ultraderechista sobre una decisión que rompe el consenso de acogida migratoria sobre la diáspora de casi nueve millones de venezolanos, en su mayoría todavía desperdigada en países de América Latina.

Precisamente, la orden supone un cambio de paradigma para un país que durante más de una década se había convertido en uno de los principales referentes latinoamericanos en materia de acogida y regularización de la población venezolana. “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, zanjó el abogado penalista, nativo de la Costa Caribe.

El impacto sobre los venezolanos

Aunque De la Espriella no señaló específicamente a los venezolanos, son ellos quienes quedarían en el centro de la nueva política migratoria. Colombia acoge aproximadamente 2.8 millones de ciudadanos venezolanos, cerca del 90 % del total de inmigrantes presentes en el país.

🔴El presidente Abelardo De La Espriella anunció que comenzarán los operativos contra migrantes irregulares.

“La orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, para los que están cometiendo delitos y segundo,… pic.twitter.com/0oxnEQBqj7

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 24, 2026

La magnitud de las cifras convierte la aplicación de la orden presidencial en una operación de enorme dimensión administrativa, policial y humanitaria. No se trata únicamente de identificar a extranjeros que hayan cometido delitos, sino de localizar a cientos de miles de personas cuya situación documental no está regularizada, un proceso ralentizado durante el último Gobierno de Gustavo Petro, y determinar individualmente qué procedimiento corresponde en cada caso.

Una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular sin haber cometido ningún delito. Convertir ambas categorías en una sola puede transformar una cuestión administrativa en un problema de seguridad y, al mismo tiempo, alimentar la estigmatización de una comunidad migrante de dimensiones extraordinarias.

El fin de una política que convirtió a Colombia en referente

Desde 2015, cuando la crisis venezolana comenzó a provocar una salida masiva de población, Colombia desarrolló sucesivos mecanismos para regularizar, documentar e integrar a los venezolanos. Los Gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, pese a sus profundas diferencias políticas, mantuvieron en este ámbito una línea relativamente continuista. Colombia terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos internacionales de respuesta a una crisis migratoria de gran escala.

De la Espriella plantea ahora otro camino. Su decisión arrima a Colombia a la corriente política trumpista que en los últimos años ha convertido el control migratorio, las deportaciones y la seguridad fronteriza en uno de sus principales ejes electorales. El fenómeno tiene referentes en Estados Unidos y otros países latinoamericanos gobernados por fuerzas de derecha radical o populista, como Chile, donde su presidente José Antonio Kast ganó la campaña prometiendo la creación de una zanja en la frontera, y también apuesta por crear un corredor de deportaciones que se extienda a lo largo de toda la costa del Pacífico.

Pero el contexto colombiano presenta diferencias sustanciales. Colombia comparte con Venezuela 2.219 kilómetros de frontera terrestre, una línea fronteriza especialmente porosa y atravesada por intensos movimientos comerciales, familiares y económicos. Además, ambos países mantienen una relación política extraordinariamente compleja. Por eso, cualquier endurecimiento migratorio tiene efectos que van mucho más allá de la expulsión de extranjeros.

Sin embargo, cada caso exige comprobar la identidad, la situación documental, los antecedentes, las circunstancias familiares y, cuando proceda, la existencia de menores o de otras situaciones que puedan afectar al procedimiento de expulsión. La cuestión adquiere todavía mayor sensibilidad cuando se trata de ciudadanos venezolanos. Muchos llevan años viviendo en Colombia, trabajan, tienen hijos escolarizados y han construido allí sus redes familiares y económicas. @mundiario