El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha decidido no retroceder en su apuesta por endurecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo, pero sí ha dejado una puerta abierta a modificar el diseño de su controvertida reforma constitucional de seguridad. Ante las críticas recibidas desde sectores de la oposición e incluso desde las filas del oficialismo, el mandatario ha rechazado que su propuesta sea “iliberal” y ha recordado que corresponde al Congreso debatirla y, llegado el caso, enmendarla.
“Esta reforma, a él —al senador Luciano Cruz-Coke y presidente del liberal Evópoli— tal como está, no le gusta. Se puede cambiar”, afirmó Kast en una entrevista radiofónica. “Toda ley puede sufrir cambios y para eso está el Poder Legislativo. No le veo mayor drama”. El presidente no renuncia al fondo de su proyecto, pero reconoce que la fórmula presentada por su Gobierno no tiene por qué llegar intacta al final del proceso legislativo.
El núcleo de la polémica es la creación de un quinto estado de excepción constitucional, concebido para hacer frente a amenazas graves contra la seguridad pública. La iniciativa permitiría al presidente decretarlo inicialmente durante 120 días sin autorización previa del Congreso y prorrogarlo durante otros 120 días. Para posteriores extensiones sí sería necesario el respaldo parlamentario.
El alcance de las facultades previstas explica buena parte de la controversia. Durante ese periodo, el Ejecutivo podría restringir la libertad personal y de circulación, limitar el derecho de reunión y asociación, intervenir determinadas comunicaciones y ordenar el registro de documentos, además de disponer requisiciones de bienes.
Es decir, no se trata únicamente de reforzar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. La reforma modifica temporalmente el equilibrio entre seguridad, libertades individuales y poder presidencial. Kast sostiene que el instrumento estaría reservado para situaciones excepcionales, como territorios en los que el Estado haya perdido capacidad efectiva de control. Su ejemplo es la violencia registrada en la Macrozona Sur, donde las fuerzas policiales han tenido enormes dificultades para operar en determinadas zonas.
“Cuando nosotros necesitamos intervenir una zona como esa y tenemos que saber dónde están los delincuentes, dónde están eventualmente los terroristas o aquellos que uno podría considerar que son parte de una organización criminal, esta es una fórmula acotada”, argumentó este lunes en Radio Infinita.
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Boric alerta de un “estado de sitio” de 240 días
El debate ha adquirido especial intensidad porque las objeciones no proceden únicamente de la izquierda. Cruz-Coke, senador de la coalición oficialista, ha advertido de que la reforma “raya en lo iliberal”. La crítica resulta especialmente incómoda para Kast porque procede de un aliado político que comparte, en términos generales, la necesidad de reforzar la lucha contra la delincuencia, pero considera excesivo el mecanismo escogido.
El presidente, sin embargo, ha rechazado frontalmente esa etiqueta. “Para nada”, respondió cuando se le preguntó si se considera un gobernante iliberal. Y utilizó su relación con los medios de comunicación como argumento. “Si fuera iliberal, no estaría aquí”, defendió. Kast también aprovechó para marcar diferencias con dirigentes que, pese a presentarse como liberales, han mantenido relaciones más tensas con la prensa. El presidente quiere separar su concepción de un Estado fuerte de cualquier deriva autoritaria.
La oposición ha planteado una lectura radicalmente diferente. El expresidente Gabriel Boric ha definido la propuesta como un “estado de sitio por 240 días” y ha advertido de que supone una limitación de libertades inédita en la democracia chilena. Su excanciller, Alberto van Klaveren, ha ido incluso más allá al señalar que una reforma de estas características podría tener un coste reputacional para Chile y aproximarlo a modelos considerados “iliberales”.
La discusión, por tanto, trasciende el debate habitual sobre seguridad. La pregunta de fondo es qué herramientas puede conceder una democracia a su Ejecutivo para combatir amenazas excepcionales sin convertir la excepcionalidad en una forma permanente de gobierno.
El propio Kast admite que el problema no desaparece porque el presidente actual sea quien ejerza esas facultades. Su argumento consiste en que existen otros contrapesos constitucionales: el Poder Judicial, el Parlamento, las comisiones investigadoras, los recursos judiciales y los mecanismos de responsabilidad política. “¿Usted cree que un Gobierno que cometa alguna irregularidad después no va a tener un control?”, planteó.
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Kast convierte la seguridad en el eje de su Gobierno
La reforma forma parte de una estrategia política más amplia. A comienzos de agosto, Kast presentó su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete legislativo destinado a endurecer la respuesta del Estado frente a las estructuras criminales. El giro hacia la seguridad supone una nueva etapa para un Gobierno que ha situado la recuperación del control territorial y la lucha contra el crimen organizado entre sus principales prioridades.
Kast reivindica que la discusión no puede plantearse únicamente desde la perspectiva de quienes viven en zonas donde la delincuencia no constituye una amenaza cotidiana. Su tesis es que la libertad también puede estar amenazada por la ausencia de Estado. “Hay personas en Chile que no tienen la posibilidad de vivir en libertad”, sostuvo. Es uno de los argumentos centrales del presidente: las restricciones temporales de determinados derechos serían, en su visión, un instrumento para recuperar las condiciones que permiten ejercerlos de manera efectiva.
La cuestión ahora es hasta dónde está dispuesto Kast a negociar. El presidente asegura que el debate “no se ha cerrado” y que el Parlamento puede modificar el texto. También defiende el trabajo realizado por su ministro de Seguridad, Martín Arrau, al que calificó de “impecable”. @mundiario
