La causa penal contra Nicolás Maduro comienza a tomar forma. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha propuesto que el juicio contra el expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, una fecha que refleja la enorme complejidad de uno de los procedimientos judiciales internacionales más trascendentales abiertos actualmente en EE UU.
La propuesta llegaba en vísperas de la tercera comparecencia de ambos ante el juez federal Alvin Hellerstein, prevista para este miércoles en Manhattan, una audiencia centrada en cuestiones procesales que servirá para ordenar el calendario de un proceso por cargos de narcoterrorismo que, a menos de que ocurra una sorpresa, todavía tardará meses en llegar a juicio. El documento conjunto presentado por la Fiscalía y la defensa dibuja ya una hoja de ruta para los próximos meses.
Según ese calendario, la defensa comenzará a presentar en septiembre sus primeras mociones para solicitar el archivo del procedimiento, mientras que el Gobierno estadounidense prevé completar la entrega de gran parte del material probatorio —incluidas pruebas clasificadas— entre finales de este año y comienzos de 2027. Todo ello desembocaría, si el juez lo avala, en la apertura del juicio oral durante el mes de junio del próximo año.
No obstante, será el propio Hellerstein quien tenga la última palabra sobre los plazos definitivos, y tanto la acusación como la defensa ya han advertido de que podrían solicitar modificaciones conforme avance la instrucción.
La inmunidad será uno de los primeros grandes frentes
Maduro y Flores permanecen encarcelados en el Centro Federal de Detención de Brooklyn (MDC) desde su captura en Caracas el pasado 03 de enero durante una operación ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses. Desde entonces, ambos se han declarado inocentes de todos los cargos formulados por la Justicia estadounidense.
El expresidente venezolano está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa afronta cargos relacionados con tráfico de drogas y delitos vinculados al tráfico de armamento. En caso de ser condenados, ambos podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua. Antes de que el juicio llegue a celebrarse, el proceso deberá superar una intensa batalla jurídica.
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La defensa de Maduro, dirigida por los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly, prepara una ofensiva para intentar que la causa sea archivada alegando que el exmandatario gozaba de inmunidad como jefe de Estado cuando se produjeron los hechos investigados. Esa primera moción está prevista para comienzos de septiembre.
Los abogados también cuestionan la legalidad de la operación desarrollada en Caracas para detener al matrimonio y sostienen que la jurisdicción estadounidense carece de competencia para juzgar unos hechos ocurridos fuera de su territorio. Maduro, además, mantiene el discurso político que ya utilizó durante sus anteriores comparecencias, definiéndose como un “prisionero de guerra” y denunciando que el procedimiento responde a una estrategia de Washington para provocar un cambio de régimen en Venezuela.
Un proceso condicionado por miles de pruebas
El calendario planteado por la Fiscalía refleja igualmente el enorme volumen documental que maneja la investigación. Los fiscales necesitan varios meses para entregar a la defensa pruebas documentales, registros financieros, comunicaciones interceptadas y abundante material clasificado que forma parte del sumario. Precisamente esa complejidad ha llevado al Departamento de Justicia a solicitar un horizonte temporal amplio antes de iniciar la vista oral.
Otro de los asuntos que sigue sobre la mesa es la financiación del equipo jurídico de Maduro y Flores. El pasado abril, Washington flexibilizó parcialmente el régimen de sanciones sobre Venezuela para permitir que el Gobierno venezolano pudiera asumir el pago de los honorarios de sus abogados defensores, una cuestión que fue el nudo gordiano de las anteriores audiencias y que previsiblemente volverá a formar parte del debate procesal.
Por ahora, según la prensa estadounidense, uno de los puntos cardinales de la estrategia de la defensa sería el principio de inmunidad para el exlíder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en calidad de jefe de Estado, no reconocido por EE UU desde las elecciones de 2018 que América Latina, Canadá, la UE y el resto de Occidente calificaron como “fraudulentas”. También, los abogados buscarán la nulidad del proceso en el que, además, están imputados otros altos cargos del régimen venezolano.
