El Gobierno de Países Bajos ha dado un paso que puede marcar un antes y un después en la política comercial europea respecto a los territorios palestinos ocupados. A partir del 22 de septiembre, quedará prohibida la importación, compra y venta de mercancías procedentes de los asentamientos israelíes establecidos en Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, territorios cuya ocupación no cuenta con reconocimiento internacional.
La medida también afectará a las empresas neerlandesas con actividad fuera del país, que deberán adaptarse a la nueva normativa siempre que mantengan relaciones comerciales con productos originarios de esas zonas. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que la prohibición tendrá una vigencia inicial de tres años, después de que el Ejecutivo anunciara meses atrás su intención de impulsar esta iniciativa sin concretar entonces cuándo entraría en funcionamiento.
La decisión adquiere una relevancia especial porque Países Bajos figura entre los principales puntos de entrada en Europa de este tipo de mercancías. Diversas investigaciones sitúan al país como el mayor receptor dentro de la Unión Europea de productos fabricados en los asentamientos israelíes, lo que convierte esta prohibición en una actuación con potencial impacto sobre el comercio comunitario.
La falta de acuerdo en Bruselas impulsa las decisiones nacionales
El movimiento neerlandés se suma al de España, Irlanda y Bélgica, los únicos Estados miembros que han optado por establecer restricciones similares de manera unilateral ante la ausencia de una posición común de la Unión Europea.
Desde hace meses, las instituciones comunitarias intentan consensuar una respuesta sobre el tratamiento comercial de los bienes procedentes de los asentamientos israelíes. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros han impedido cualquier acuerdo.
Entre las alternativas analizadas por la Comisión Europea figuran la implantación de certificados de origen más estrictos, la imposición de aranceles adicionales o incluso una prohibición completa de las importaciones procedentes de los territorios ocupados. Ninguna de estas propuestas ha logrado reunir el respaldo suficiente.
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Países como Alemania e Italia mantienen reservas sobre la posibilidad de imponer restricciones comerciales de mayor alcance, mientras otros gobiernos consideran que la legislación internacional obliga a endurecer las medidas. Esa división ha provocado que algunos Estados hayan decidido actuar por su cuenta.
La situación también reabre el debate sobre el acuerdo comercial que la Unión Europea mantiene con Israel desde 1995. Aunque ese pacto contempla ventajas arancelarias para numerosos productos israelíes, dichas condiciones no deberían aplicarse a las mercancías fabricadas en asentamientos ubicados en territorios ocupados. No obstante, diferentes organizaciones sostienen que el sistema de control vigente presenta importantes deficiencias y permite que numerosos productos entren en el mercado europeo con escasas trabas.
El contexto internacional incrementa la presión política y jurídica
La decisión neerlandesa llega en un momento especialmente delicado por la evolución del conflicto entre Israel y Palestina y por el creciente escrutinio internacional sobre la actividad en los territorios ocupados.
Según datos difundidos por Naciones Unidas, desde octubre de 2023 han muerto más de 73.000 personas en Gaza durante la ofensiva israelí, entre ellas un elevado número de mujeres y menores. En Cisjordania, más de un millar de palestinos también han perdido la vida en incidentes relacionados con operaciones militares o ataques de colonos.
En paralelo, el Tribunal Internacional de Justicia concluyó en 2024 que la ocupación israelí de los territorios palestinos vulnera el derecho internacional, haciendo especial referencia a la expansión de los asentamientos y a la explotación de recursos naturales en esas zonas.
Ese pronunciamiento jurídico ha servido de argumento para los gobiernos que defienden limitar cualquier actividad económica vinculada a dichos asentamientos. El Ejecutivo neerlandés sostiene que impedir estas transacciones evita contribuir económicamente al mantenimiento de una situación considerada ilegal por la justicia internacional.
Mientras tanto, informes especializados alertan de que una parte significativa de las exportaciones israelíes destinadas al mercado europeo continúa teniendo su origen en colonias situadas en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Productos agrícolas como dátiles, cítricos, aguacates, uvas o hierbas frescas figuran entre las mercancías que más frecuentemente llegan a Europa.
Con la entrada en vigor del veto en Países Bajos, la presión sobre Bruselas aumenta. La falta de una estrategia común amenaza con generar un escenario en el que cada Estado miembro adopte sus propias reglas comerciales, una circunstancia que podría complicar aún más el funcionamiento del mercado único europeo y alimentar un debate político que sigue lejos de resolverse. @mundiario
