La política migratoria impulsada por la Administración Trump acaba de recibir un importante revés en los tribunales. La jueza federal Jeannette Vargas, del distrito sur de Nueva York, ha dejado sin efecto la suspensión de visados de inmigración que desde enero afectaba a ciudadanos de 75 países.
El fallo, de 61 páginas, sostiene que la medida fue «manifiestamente ilegal» y cuestiona directamente la autoridad utilizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para ordenar las restricciones. La magistrada considera que la legislación estadounidense establece procedimientos y competencias que no podían ser sustituidos por una prohibición general.
La decisión afecta a ciudadanos de países como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de Afganistán, Marruecos, Nigeria, Somalia o Yemen.
El conflicto está en cómo se conceden los visados
Uno de los puntos centrales del fallo es la obligación de analizar cada solicitud de forma individual. Según la jueza, funcionarios consulares recibieron instrucciones para rechazar determinados visados incluso cuando los solicitantes cumplían las condiciones exigidas por la legislación estadounidense.
La Administración había defendido la restricción con el argumento de que algunos inmigrantes podían terminar convirtiéndose en una carga económica para el Estado. Vargas rechaza esa justificación como base suficiente para imponer un veto colectivo y recuerda que la normativa atribuye a los funcionarios consulares la decisión sobre la concesión de los visados.
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El caso llegó a los tribunales después de que cinco profesionales colombianos denunciasen que se les había impedido viajar a Estados Unidos por la nueva política. A ellos se sumaron seis ciudadanos estadounidenses cuyos familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía también se vieron afectados.
Miles de expedientes podrían volver a revisarse
La trascendencia del fallo va más allá de quienes recurrieron ante los tribunales. La jueza ha establecido que las denegaciones de visado basadas exclusivamente en esta política quedan anuladas con carácter retroactivo. Esto abre la posibilidad de revisar numerosas solicitudes que habían sido rechazadas bajo el veto.
El impacto también tiene una dimensión familiar: la medida había separado proyectos migratorios, laborales y familiares al convertir la nacionalidad del solicitante en un factor determinante para acceder al proceso.
La Administración estadounidense todavía puede recurrir la resolución. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado habían reaccionado públicamente al fallo en el momento de conocerse.
La decisión supone, en cualquier caso, un nuevo choque entre la estrategia migratoria de Trump y los límites que los tribunales federales consideran establecidos por la legislación estadounidense. @mundiario
