La política peruana vuelve a situarse al borde de una nueva crisis de legitimidad. Apenas unas horas después de que el escrutinio oficial consolidara la ventaja de la conservadora Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, elevó el tono de sus denuncias y acusó a las autoridades electorales de permitir un supuesto “fraude en desarrollo”.
La gravedad de las afirmaciones no reside únicamente en el contenido de las acusaciones, sino en sus consecuencias políticas. Sánchez no solo ha cuestionado el procedimiento electoral, sino que ha anunciado expresamente que no reconocerá un eventual Gobierno encabezado por Fujimori y ha convocado movilizaciones para los próximos días.
El núcleo de las denuncias se centra en el voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero. Según el candidato izquierdista, una modificación administrativa habría relajado los mecanismos de control sobre las actas consulares al sustituir la digitalización inmediata por el traslado físico de la documentación a Lima para su escrutinio.
Sánchez sostiene que esta decisión debilitó las garantías del proceso y abrió la puerta a posibles manipulaciones en beneficio de Fuerza Popular. Sin embargo, las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantienen una posición diametralmente opuesta.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la solicitud de nulidad presentada por Juntos por el Perú al considerar que fue formulada fuera de plazo y sin cumplir los requisitos legales establecidos. Además, organizaciones independientes como Transparencia rechazaron las denuncias de fraude al asegurar que sus observadores no detectaron irregularidades capaces de comprometer la integridad de la elección.
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El escrutinio consolida la ventaja de Fujimori
Los datos oficiales tampoco favorecen la tesis de la alteración del resultado. Con el 99,8 % de las actas procesadas, Fujimori mantiene una ventaja superior a los 43.000 votos sobre Sánchez, una diferencia ya imposible de revertir con las mesas pendientes de escrutinio. Incluso si se excluyera el voto exterior —como reclama el candidato izquierdista—, cualquier modificación de esta magnitud requeriría una decisión judicial extraordinaria y sin precedentes recientes en la democracia peruana.
Cuando las denuncias no van acompañadas de pruebas concluyentes, la erosión de la confianza ciudadana en el sistema electoral y en las instituciones encargadas de garantizar la limpieza del proceso. Perú conoce bien las consecuencias de esa crisis.
El país ha tenido ocho presidentes en apenas una década, en medio de destituciones, crisis parlamentarias, investigaciones judiciales y profundas fracturas políticas. La próxima administración afrontará, precisamente, el desafío de reconstruir la estabilidad institucional en un contexto de fuerte polarización social.
El escrutinio oficial aún debe culminar y el Jurado Nacional de Elecciones proclamará formalmente a la nueva presidenta en las próximas semanas. Hasta entonces, la vía institucional permanece abierta para resolver cualquier controversia jurídica. @mundiario
