Suiza se planta en las urnas: un rotundo “no” rechaza ampliar aún más su mítica neutralidad

Suiza ha vuelto a utilizar uno de los instrumentos políticos que mejor definen su sistema: el referéndum. Y esta vez la pregunta afectaba directamente a una de las señas de identidad del país. Los ciudadanos estaban llamados a decidir si querían endurecer constitucionalmente la tradicional neutralidad suiza y convertirla en una doctrina mucho más rígida, con menos margen para cooperar militarmente con otros Estados y para imponer sanciones económicas en conflictos internacionales.

El resultado ha sido un rechazo claro. Los primeros resultados oficiales situaron el «no» alrededor del 69%, en línea con las previsiones que habían anticipado una derrota de la iniciativa.

La precisión resulta importante porque la votación no planteaba abandonar la neutralidad. Esa cuestión no estaba realmente en juego. La neutralidad suiza continúa inscrita en la Constitución desde 1848 y cuenta con reconocimiento internacional. Lo que se sometió a las urnas fue algo distinto: si esa neutralidad debía quedar definida de manera mucho más estricta y prácticamente blindada frente a futuras decisiones del Gobierno y del Parlamento. 

La iniciativa, promovida por la organización nacionalista-conservadora Pro Suiza y respaldada en su totalidad por la formación de extrema derecha, la Unión Democrática de Centro (UDC/SVP), proponía introducir en la Constitución la definición de una neutralidad «perpetua y armada».

El texto habría impedido a Suiza incorporarse a alianzas militares o de defensa y también habría limitado su cooperación con ellas, salvo en circunstancias relacionadas con un ataque contra el propio país o una amenaza inmediata. Además, habría prohibido participar en conflictos militares entre terceros Estados y restringido la posibilidad de imponer sanciones a países en guerra, salvo aquellas aprobadas por Naciones Unidas. 

Sobre el papel, la propuesta podía parecer una reafirmación de una tradición histórica; sin embargo, en la práctica suponía modificar sustancialmente la forma en que Suiza aplica su neutralidad en el siglo XXI. La cuestión central radicaba precisamente en si dicha neutralidad debe impedir que Berna adopte determinadas decisiones de política exterior, o si bien debe permitir al Estado adaptarse a las circunstancias internacionales. Ante este dilema, el Gobierno federal y el Parlamento defendieron la segunda opción; de hecho, el Ejecutivo sostuvo durante la campaña que el país ya es y seguirá siendo neutral, argumentando que el verdadero reto no consiste en conservar esa condición, sino en evitar que una interpretación excesivamente rígida reduzca su capacidad de actuación.

Rusia es el elefante en la habitación

Aunque la iniciativa hablaba de neutralidad, su origen político está estrechamente relacionado con la guerra de Ucrania. Tras la invasión rusa de 2022, Suiza adoptó en gran medida las sanciones económicas de la Unión Europea contra Moscú, lo que supuso la congelación de activos, restricciones financieras y otras medidas contra personas y entidades de ese país. Para los defensores de la iniciativa, este conjunto de decisiones demostraba que Berna se había alejado definitivamente de su neutralidad tradicional.

La ley internacional de 1907 solo regula el plano militar, no el comercial ni el político. Por esta razón, el derecho internacional no prohíbe que Suiza aplique sanciones económicas (como el congelamiento de activos o bloqueos comerciales) o que tome posturas diplomáticas condenatorias. La gestión de la economía exterior entra en lo que se conoce como política de neutralidad, un terreno flexible donde el gobierno suizo decide estratégicamente cómo actuar para proteger sus propios intereses comerciales y de reputación global.

En el sistema de democracia directa de Suiza, cualquier grupo ciudadano que reúna 100,000 firmas válidas puede obligar al gobierno a someter una propuesta a votación nacional. En este contexto, el multimillonario Christoph Blocher, exconsejero federal y líder histórico del SVP, financió la campaña del referéndum con su propio dinero. Sus opositores políticos denuncian reiteradamente que corporaciones y empresas vinculadas a Blocher mantuvieron amplias relaciones comerciales y de exportación con Rusia hasta el inicio de las sanciones.

Rusia, además, había mostrado interés por el debate. El respaldo o la simpatía expresada desde Moscú hacia una neutralidad suiza más estricta se convirtió en uno de los elementos utilizados durante la campaña por quienes se oponían a la iniciativa. La cuestión no era demostrar que la propuesta estuviera dirigida desde el Kremlin, sino constatar que sus efectos potenciales coincidían con un interés concreto de Rusia: reducir las restricciones económicas adoptadas por Suiza desde 2022.

Por eso, presentar la votación simplemente como un enfrentamiento entre «neutralistas» y «prooccidentales» sería demasiado sencillo. Había un debate más profundo sobre qué significa ser neutral cuando un país cercano está en guerra y cuando las potencias europeas están redefiniendo sus políticas de defensa.

Suiza no pertenece a la Unión Europea ni a la OTAN. Sin embargo, ha seguido buena parte de las sanciones europeas contra Rusia. El texto rechazado habría limitado considerablemente esa capacidad, porque las sanciones contra Estados implicados en conflictos solo podrían aplicarse, en términos generales, cuando estuvieran respaldadas por Naciones Unidas.

La consecuencia práctica habría sido especialmente significativa en el caso ruso. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dispone de derecho de veto. Por tanto, una norma constitucional de ese tipo habría reducido considerablemente la capacidad de Suiza para adoptar específicamente sanciones contra Moscú.

Ese es uno de los motivos por los que el resultado interesa más allá de las fronteras suizas. No se trataba únicamente de una discusión constitucional interna. También estaba en juego la posición que ocupa Suiza dentro del entramado europeo de sanciones y seguridad.

¿Por qué la propuesta podía afectar a la relación con la OTAN?

Suiza no es miembro de la OTAN, pero eso no significa que permanezca completamente aislada de las estructuras de seguridad occidentales. La propuesta habría limitado también la cooperación con alianzas militares y de defensa. El Gobierno argumentó que esa restricción podía reducir el margen de maniobra del país para prepararse ante amenazas contemporáneas, desde conflictos convencionales hasta ciberataques y otras formas de presión sobre infraestructuras estratégicas. 

Precisamente ese espacio intermedio es el que Berna ha querido preservar. Suiza puede mantener su condición de Estado neutral y, al mismo tiempo, colaborar con otros países en cuestiones relacionadas con su propia seguridad.

La historia explica por qué la neutralidad tiene un peso excepcional en la política helvética. Suiza fue reconocida internacionalmente como Estado neutral en 1815, tras las guerras napoleónicas, una condición que quedó incorporada a su marco constitucional en 1848. Durante generaciones, esta política no solo permitió al país mantener una posición diferenciada respecto a los grandes conflictos europeos, sino que también contribuyó a consolidar su imagen como el escenario idóneo para la mediación, la negociación y los buenos oficios diplomáticos.

Pero precisamente esa tradición plantea ahora una paradoja. Para conservar su capacidad de mediación, Berna necesita mantener cierta libertad de movimiento. Una neutralidad constitucional excesivamente rígida podría reforzar la definición formal del concepto y, al mismo tiempo, reducir la capacidad práctica del Gobierno para reaccionar ante crisis internacionales.

El peso político de la UDC/SVP también explica la dimensión de la consulta. Se trata de la principal fuerza parlamentaria suiza, que respaldó la propuesta junto a Pro Suiza confiando en su estelar crecimiento en el Parlamento. Sus partidarios presentaron esta postura como una defensa de la soberanía y de la histórica neutralidad del país. Por el contrario, los opositores consideraron que la reforma habría convertido ese principio en una obligación constitucional demasiado rígida y que beneficiaba especialmente a Moscú.

La etiqueta de «prorrusa» utilizada por algunos críticos requiere, sin embargo, cierta cautela. Que Moscú coincidiera con algunos de los efectos que habría producido la iniciativa no demuestra por sí mismo que sus promotores actuaran siguiendo intereses rusos. El vínculo verificable está en las consecuencias políticas: una neutralidad más estricta habría dificultado las sanciones suizas contra Rusia y limitado determinadas formas de cooperación con estructuras occidentales.

Por lo tanto, el Gobierno conserva así margen para continuar adoptando sanciones, cooperar en materia de seguridad y adaptar su política exterior a las circunstancias sin abandonar formalmente la neutralidad. La documentación oficial suiza subraya precisamente que el resultado no pone en cuestión la neutralidad del país, sino la forma en que debe aplicarse en el futuro. @mundiario