La política migratoria de Estados Unidos afronta una nueva transformación con la entrada en vigor de una norma que amplía la capacidad del Gobierno para enviar determinados casos de asilo directamente a los tribunales de inmigración. Hasta ahora, la mayoría de los solicitantes pasaban primero por una entrevista con un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), donde podían explicar su situación, presentar pruebas y defender por qué necesitaban protección.
Con el nuevo procedimiento, algunos expedientes podrán ser remitidos a un juez migratorio sin esa entrevista inicial. La decisión afecta tanto a solicitudes recientes como a casos acumulados que todavía no han llegado a esa primera evaluación.
La Administración Trump sostiene que el objetivo es aliviar la presión sobre un sistema con alrededor de 1,4 millones de casos pendientes. Según sus cálculos, una parte importante del retraso procede de solicitudes que no cumplen determinados requisitos, como aquellas presentadas después del plazo establecido de un año desde la llegada al país.
Más presión sobre quienes buscan protección internacional
Aunque ser enviado ante una corte migratoria no significa automáticamente una deportación, el cambio aumenta la incertidumbre para miles de personas que buscan permanecer en Estados Unidos mientras sus solicitudes son analizadas.
En los tribunales, los casos pasan a estar bajo la supervisión de jueces de inmigración y de abogados del Departamento de Seguridad Nacional. La nueva política permite que algunas solicitudes consideradas débiles o incompletas sean trasladadas directamente a esa fase judicial, donde los migrantes deberán defender su petición ante un sistema ya saturado.
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Además, el propio Gobierno reconoce que no todos los procedimientos tendrán necesariamente una audiencia completa. Esto abre un nuevo escenario para los solicitantes, especialmente para aquellos que carezcan de representación legal o no puedan reunir pruebas suficientes para respaldar sus argumentos.
El cambio llega en un momento de creciente presión sobre los inmigrantes en los tribunales. En los últimos meses, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han realizado arrestos en los alrededores de cortes migratorias, una práctica que ha aumentado el temor entre personas con procesos abiertos.
Una pieza más dentro de la ofensiva migratoria de Trump
La modificación del sistema de asilo forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato. La Casa Blanca ha promovido medidas destinadas a limitar el acceso a la protección internacional y reforzar las expulsiones de personas consideradas inadmisibles.
Entre esas acciones se encuentra la restricción del acceso al asilo en la frontera con México, una política que grupos de derechos civiles han cuestionado al considerar que puede impedir que algunas personas presenten sus solicitudes conforme a la legislación estadounidense.
El debate llegó incluso al Tribunal Supremo, que respaldó una de esas medidas al determinar que los migrantes que permanecen del lado mexicano de la frontera no tienen las mismas garantías legales que quienes ya han entrado en territorio estadounidense.
El nuevo cambio administrativo marca así otro paso en la reorganización del sistema migratorio estadounidense. Para el Gobierno, supone una herramienta para reducir retrasos y agilizar decisiones; para sus críticos, puede dificultar el acceso efectivo a una protección reconocida para quienes huyen de persecución o amenazas graves en sus países de origen. @mundiario
