Venezuela excarcela a 131 presos políticos a instancias del diálogo opositor, pero sin libertad plena

El Gobierno interino de Venezuela ha anunciado la excarcelación de 131 presos políticos, una medida que supone un alivio para decenas de familias, pero que está lejos de equivaler a una liberación plena. La mayoría de los beneficiarios salen bajo fórmulas alternativas a la privación de libertad y el proceso todavía estaba siendo verificado por las organizaciones defensoras de derechos humanos.

La decisión llega apenas dos días después de que concluyera el primer ciclo del diálogo entre el chavismo y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Sin embargo, la liberación de los presos políticos no figuró entre los acuerdos anunciados oficialmente al cierre de esas conversaciones, que anunciaron un pacto para refundar el Poder Judicial, la renovación de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de los 31 lingotes de oro resguardados por el Banco de Inglaterra para sufragar los costes de la reconstrucción del estado La Guaira, después del doble terremoto del 24 de junio.

El movimiento adquiere así una dimensión política mayor. Para Washington, las excarcelaciones forman parte de un proceso más amplio de transformación del país. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, las calificó de “paso crucial” para la reconciliación nacional y aseguró que Estados Unidos sigue supervisando las conversaciones entre las autoridades interinas venezolanas y la oposición dentro de un plan de transición de tres fases.

El Ejecutivo venezolano comunicó que las 131 medidas fueron acordadas por los tribunales a petición del Ministerio Público, para asegurar que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había solicitado una revisión de los expedientes. El Ejecutivo ya había gestado esta instancia para aplicar la Ley de Amnistía que fue criticada por las organizaciones de derechos humanos.

Foro Penal, la principal organización dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, comenzó a comprobar individualmente las excarcelaciones. Su director, Gonzalo Himiob, advirtió de que el proceso debía continuar hasta que no quedase ningún preso político tras las rejas. Hasta el lunes, esta ONG contabilizaba 391 presos políticos, entre ellos 228 civiles y 163 militares. Por tanto, incluso si se confirma íntegramente el anuncio oficial, la operación no supondría el cierre de la crisis penitenciaria derivada de la persecución política.

Las salidas se produjeron en centros como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I, en el estado Miranda. En las inmediaciones de las prisiones, familiares que llevan meses reclamando la libertad de los detenidos recibieron entre abrazos y lágrimas a algunos de los excarcelados.

 

Emirlendris Benítez vuelve a abrazar a su hijo

Entre las imágenes más significativas de la jornada está la de Emirlendris Benítez, una de las presas políticas más conocidas del chavismo. Benítez salió en silla de ruedas, después de sufrir graves problemas de salud durante sus años de prisión.

Detenida cuando viajaba en un taxi junto a su pareja, fue acusada de participar en una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro mediante un dron. Durante su encarcelamiento fue abusada sexualmente y perdió el bebé que esperaba a raíz de las torturas que denunciaron sus familiares. Su hijo tenía cinco años cuando fue detenida. Ahora, ocho años después, tiene 13. El reencuentro se produjo entre lágrimas. “Se acabó la pesadilla”, se escucha decir a Benítez mientras abraza a su hijo.

Junto a ella también fueron liberados Juan Carlos Marrufo, condenado a 30 años de prisión, y su esposa hispano-venezolana, María Auxiliadora Delgado Tabosky, ambos acusados por el denominado Caso Dron. También figuran entre los beneficiarios personas procesadas por el llamado caso Plaza Venezuela, así como las conocidas como “gedeonas”, entre ellas la sargento Samaira Romero y Maryfrancis Marcano, vinculadas por la Fiscalía a la fallida Operación Gedeón de 2020.

 

El diálogo no pactó las excarcelaciones

El momento político de la decisión se enmarca dentro de las gestiones entre la oposición y el Gobierno chavista, a instancias de Washington. El primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno venezolano y la delegación opositora concluyó esta semana con acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de activos venezolanos en el exterior para atender a los afectados por el terremoto del 24 de junio.

Pero los presos políticos no aparecieron entre los compromisos públicos anunciados. Eso no significa que la cuestión estuviera ausente de las conversaciones. Al contrario, familiares y organizaciones de derechos humanos habían intensificado su presión sobre la delegación opositora para que las excarcelaciones fueran incorporadas a la negociación.

La presidenta del Parlamento de mayoría opositora, Dinorah Figuera, recibió la noticia con esperanza, pero también con una advertencia: “no son todos y merecen libertad plena”. La reclamación apunta precisamente al principal límite de la operación: salir de prisión no implica necesariamente que los expedientes hayan sido cerrados ni que los afectados hayan recuperado todos sus derechos.

 

Rubio interpreta el movimiento como parte de la transición

Washington ha dado al anuncio una lectura diferente. Marco Rubio afirmó que desde el 3 de enero han sido liberados 1.046 venezolanos y presentó las nuevas excarcelaciones como un avance dentro del proceso de reconciliación. La elección de las palabras es relevante. El secretario de Estado no desvinculó la medida de la estrategia estadounidense para Venezuela, sino que la encuadró en un plan de tres fases y en las conversaciones directas que mantienen las autoridades interinas con sectores de la oposición.

De esta manera, Estados Unidos convierte las excarcelaciones en uno de los indicadores para medir el cumplimiento de los compromisos políticos de Caracas, después de meses en suspenso. La cuestión pendiente es si el proceso desembocará en libertades plenas, cierre de causas y garantías de no repetición, o si se limitará a una sucesión de medidas individuales destinadas a rebajar la tensión política.

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Dos décadas de persecución política

El problema trasciende las 131 excarcelaciones anunciadas este viernes. Según Foro Penal, más de 14.000 personas han sido procesadas por motivos políticos en Venezuela durante las últimas dos décadas. El pico represivo más reciente se produjo después de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando el número de detenidos políticos llegó a superar los 2.000. La presión sobre el sistema penitenciario también ha sido acompañada de denuncias de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias, recogidas por

Algunas personas han recuperado su libertad mediante la ley de amnistía aprobada en febrero; otras, a través del sobreseimiento de sus causas o del cierre de los expedientes. Entre los casos recientes se encuentra el de la jueza María Lourdes Afiuni, una de las primeras presas políticas del chavismo, que recibió una notificación formal del juez en la que se le reconocía la extinción de la pena, después de años de persecución y en medio de una recaída de su enfermedad. @mundiario

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